Allá por el mes de enero de 2012, con el recién formado Gobierno del presidente Mariano Rajoy, tanto desde las filas institucionales de todos los partidos como desde la propia nueva jefatura, se venía repitiendo y señalando hasta la saciedad que uno de los principales problemas de nuestra estructura laboral consistía en el desempleo juvenil.
Este trauma social se establecía en diversos foros políticos y económicos como imagen descriptiva de la terrible situación laboral que sacudía -y sigue sacudiendo- a España. Ahora, una vez que casi ha concluido la legislatura, con consecutivos meses positivos en términos de crecimiento económico, aquel mensaje tan nítido con respecto a esta realidad parece diluirse.
Recordemos que esta supuesta desidia del ejecutivo en el posterior desarrollo de las políticas no fue tal en su voluntad inicial. La creación de un plan para ayudar a los jóvenes fue un paso destacable. Debemos remarcar el importante trabajo político para obtener la financiación suficiente y el crédito de un plan específico –la denominada Garantía Juvenil-, que se realizó por el Gobierno de España ante sus homólogos europeos -a la cabeza nos vienen las negociaciones entre Merkel y Rajoy sobre este aspecto- pero, lo cierto es que, la misma no ha sido aplicada ni mostrada ante la opinión pública con el mismo espíritu que se negoció. Puede suceder que el Gobierno implanta un modelo pero, al aplicarlo bastante tarde, sus reconocimientos premien a terceros.Mientras las políticas económicas y laborales del Gobierno han procurado defender con ímpetu a otros colectivos, los jubilados y los componentes del tejido laboral y empresarial destruido durante los primeros años de la crisis -que por supuesto merecen un gran respeto-, en parte han olvidado a los jóvenes en el desarrollo de las políticas de empleo o bien estas llegan tarde. Este grupo, que ocupa en estos momentos la mitad del desempleo de larga duración y que antes de la crisis no alcanzaba el 20%, se ha sentido abandonado por las labores gubernamentales.
Al inicio de la acuciante crisis, las políticas de empleo del Gobierno se centraban de forma primordial en los desempleados mayores de 45 años. Un colectivo que, sin duda alguna, tenía serias dificultades a la hora de afrontar esta situación. A la misma se unían los efectos de un mercado laboral quebrado que, yuxtapuesto a la complejidad e ineficacia del sistema público de empleo, consistía en una estructura incapaz de proveer un puesto de trabajo de forma continuada a los millones de parados y de forma especial a los de larga duración.
Pero igual de preocupante, o más si cabe, era la situación del otro colectivo más afectado por la crisis, el de los jóvenes. En este caso, para antes de la crisis, se refería al sector de ciudadanos menores de 25 años que de forma posterior y tras la aguda situación económica de los últimos años ha venido a considerar a todos los menores de mínimo 30 años. Un colectivo que, ante la falta de un maridaje entre ofertas y demandas de empleo, se enfrenta a una situación laboral terrible pues encuentra muchas de sus puertas cerradas, algo que va frenando la incorporación de talento y supone una negación de experiencia a un colectivo que estaba llamado a reactivar y renovar el tejido productivo español.
Por todo ello, tras la ya comentada política gubernamental, los países de la UE respaldaron en la primavera de 2013 el principio de la Garantía Juvenil, que tuvo a España entre sus principales impulsores y beneficiarios. Los distintos estados miembros de la UE consideraban fundamental el acceso al plan de todos los jóvenes europeos, haciendo un especial énfasis a los de nuestro país. Esta medida viene a garantizar a todos los jóvenes percibir una oferta de trabajo, concreta y de buena calidad, en un plazo corto tras finalizar su formación o iniciar un periodo de inactividad y desempleo.
El presupuesto de este plan destinado a España está destinado a establecer bonificaciones a empresas que, en algunos casos, pueden llegar a ser de hasta el 100% sobre el total, y a la ayuda en la empleabilidad de los jóvenes. La especial inclusión de programas de ayuda para jóvenes que abandonaron los estudios de forma prematura, es otra apuesta importante del mismo pues muchos de estos jóvenes ahora pueden acreditar, de forma oficial, que han superado la educación básica y la secundaria y que no desempeñan empleo alguno.
De esta forma puede florecer la idea de que son las autonomías y las distintas regiones, y no así el Gobierno, las que han promovido la aplicación de esta importante financiación europea pues, aunque tenga primero que aprobarse dicha medida por el ejecutivo nacional, su aplicación es potestad de las CCAA. Estas, llegado el momento, van a apuntarse el logro al no defender los méritos de la jefatura de gobierno en la iniciativa.Las intenciones y la predisposición para aplicar las medidas eran en principio positivas pero, como puede comprobarse en los propios medios digitales oficiales dispuestos para la inscripción en el plan -según la web habilitada por el Ministerio se han inscrito unos 35.000 jóvenes-, en líneas generales debe considerarse un fracaso. Esta acción se ha convertido en una nueva oportunidad perdida en las posibilidades de desarrollo para los jóvenes y de la demostración del buen hacer del Ministerio. Los frutos de esta política, por culpa de la inactividad y la pasividad del Gobierno central, que a su vez es el encargado del diseño, van a ser recogidos por los nuevos gobiernos autonómicos, que son los encargados de ejecutarlos y de llevarse los posibles réditos y reconocimientos.
La lentitud y la falta de motivación del ejecutivo para el desarrollo y la muestra de sus acciones, va a ser castigada por la población joven y por el peor de sus males, el desempleo. Mientras unos cocinan y diseñan el plan –en este caso el Ministerio de Empleo- otros pueden llevarse los aplausos –las CCAA o un nuevo equipo de gobierno central-. Un nuevo ejemplo en la cesión de triunfos al resto de grupos políticos nacionales. Un ejercicio nefasto en la aplicación de la propuesta que genera, aún más, un importante descenso en la confianza electoral depositada por este y otros colectivos.
Recordar que en las últimas elecciones un mínimo porcentaje de los menores de 30 años han votado – y quizá ya no se plantea hacerlo en un futuro cercano- a las opciones de centro derecha. Una situación que refleja el sentimiento de este sector poblacional hacia el ejecutivo. Un fracaso variado en el uso de los recursos y del lenguaje, una creatividad y una labor constructiva en algunos aspectos, que no muestra un reflejo real de lo conseguido. El desistimiento en el uso de la fórmula europea de oportunidades a los jóvenes, por su tardanza, se ha convertido en una oportunidad pérdida del Gobierno para conseguir la legitimación por parte de estos.
No debemos olvidar que el modelo laboral español debería aplicar el molde europeo de ayuda juvenil, así como entre otras por apostar por una firme rebaja en las cotizaciones de las empresas, de los trabajadores y de los autónomos -una política sustitutiva de las actuales fórmulas de bonificaciones-; por la colaboración público-privada en la colocación de desempleados -especialmente los que llevan más de dos años en esta situación-, una gestión utilizada por la mayoría de países líderes en el empleo estable y de calidad, algo que beneficia a todos -señalar que las agencias privadas colocan al 17% de los candidatos que acuden a sus oficinas y, por el contrario, el servicio público a un escaso 2%-. También sería necesario valorar la iniciativa privada y el uso de los recursos dedicados a fomentarla y su publicidad, un ejemplo claro es el comentado plan negociado por Mariano Rajoy y el Ministerio de Empleo, ya que, tan esencial puede ser aplicar las recetas correctas como también mostrar los efectos para el posterior reconocimiento externo.
Por Fígaro.
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