La Segunda República (1931-1939) (Vol. IX)

Primer bienio, "social-azañista", reformista o transformador

Se instauró un gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá Zamora formado por republicanos de distintas ideologías, incluyendo a socialistas. El 28 de junio de 1931, las elecciones a Cortes constituyentes dieron lugar a una cámara en la que los partidos republicanos de izquierda, junto con el PSOE, impusieron una orientación laicista y avanzada socialmente, lo que produjo la dimisión de Alcalá Zamora y la formación de un nuevo gobierno presidido por Manuel Azaña (14 de octubre de 1931). Se procuró mantener el equilibrio institucional nombrando a Alcalá Zamora presidente de la República (10 de diciembre del mismo año).

La Constitución de 1931 reconoció un amplio conjunto de derechos políticos y sociales, como el sufragio femenino, la institución de jurados mixtos de patronos y obreros en paridad para la resolución de los conflictos laborales. Al subordinar la propiedad privada al interés de la economía nacional se respondía a la necesidad de una reforma agraria (sustanciada en la Ley de 9 de septiembre de 1932) que preveía la expropiación con indemnización de las fincas que se consideraran no explotadas con suficiente rentabilidad social (como la mayor parte de los latifundios del Sur de España), en beneficio de los jornaleros sin tierras. La total separación Iglesia-Estado se expresó en una completa libertad religiosa, en la supresión del presupuesto de culto y clero (concesión a la Iglesia católica desde el Concordato de 1851, que remediaba mediante el pago de salarios a obispos y sacerdotes la privación de recursos a causa de la desamortización), en la prohibición de la enseñanza reglada a las órdenes religiosas y en la supresión de la Compañía de Jesús (basándose en su voto de especial obediencia al papa). El nuevo diseño institucional hacía recaer el poder ejecutivo en un Presidente de la República que nombraba al presidente de un gobierno responsable ante un legislativo unicameral. La nueva estructura territorial reconocía el derecho a la autonomía dentro de un denominado Estado integral, lo que resultó en la constitución de la Generalidad de Cataluña el 2 de agosto. Se abolían las jurisdicciones especiales (como la militar, que se ejercía sobre civiles desde 1906), se extendía el jurado y se preveía la formación de un Tribunal de Garantías Constitucionales.

La reforma del ejército, institución descompensada por la gran cantidad de oficiales, implicó el cierre de la Academia General de Zaragoza. El descontento militar, al que se sumó el de la Guardia Civil, llevó al general Sanjurjo a dar el fallido golpe de estado de 1932, de carácter monárquico y que también aducía como causa la deriva anticlerical de la República, ejemplificada en la quema de conventos. Desde el otro extremo del espectro político, los dirigentes anarquistas de la CNT y la FAI impusieron la táctica de presión permanente mediante huelgas y otras movilizaciones, especialmente violentas en el campo. Se sucedieron graves enfrentamientos como los sucesos de Gilena, de Castilblanco, de Arnedo y de Casas Viejas; cuya gestión minaría al gobierno social-azañista hasta el punto de obligar a la disolución de la cámara y la convocatoria de las elecciones de noviembre de 1933, en las que los anarquistas manifestaron su indiferencia ante el régimen republicano mediante la abstención. También se había argumentado (debate Victoria Kent y Clara Campoamor) que el ejercicio por primera vez del sufragio femenino daría a la derecha el voto de muchas mujeres, influidas de forma determinante por la opinión expresada por los sacerdotes desde el púlpito y el confesionario. Los partidos que más escaños obtuvieron fueron el bloque de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de José María Gil-Robles y el Partido Radical de Alejandro Lerroux (muy alejado del radicalismo que le caracterizó a comienzos de siglo), que llegaron a un acuerdo de gobierno.

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  Celebraciones en Barcelona tras la proclamación de la República el 14 de abril de 1931.
 
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  Cubierta de un ejemplar de la Constitución de la República Española de 1931.
 
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  Clara Campoamor.

Segundo bienio, "radical-cedista" o "negro"

Las reformas que se habían iniciado en el primer bienio se vieron radicalmente interrumpidas por el gobierno cedista. Se frenó la aplicación de la Ley de Reforma Agraria; se concedió amnistía a los golpistas del 32 (Sanjurjo, Juan March, etc.); y se vetó la ley de la Generalidad catalana favorable a los rabassaires. Desde la izquierda republicana y el movimiento obrero se temía que la incorporación al gobierno de Gil-Robles significara, como había ocurrido con la de Hitler en Alemania, el establecimiento de un sistema fascista a pesar de su origen democrático. La insurrección de octubre de 1934, impulsada por el PSOE, apoyada por los anarquistas, y que en Cataluña contó con la adhesión institucional del gobierno autónomo, de Esquerra Republicana (que fue aún más lejos, proclamando el Estado Catalán dentro de la República Federal Española, 6 de octubre), fracasó en toda España excepto en Asturias, donde los mineros tomaron las ciudades. El gobierno encargó la represión al ejército de África, dirigido por Francisco Franco, que acabó con la revuelta de forma expeditiva; además de los numerosos muertos y heridos, miles de obreros, sindicalistas y políticos de partidos de izquierda quedaron encarcelados. El final del periodo se vio afectado por un escándalo de corrupción (el fraude del estraperlo) que provocó dificultades parlamentarias al partido de Lerroux, que se disgregó, lo que forzó un adelantamiento electoral.

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  Votaciones en Eibar el 5 de noviembre de 1933.

El Frente Popular (de febrero a julio de 1936)

A imitación de Francia donde un Front Populaire había llegado al gobierno (la estrategia frentepopulista, diseñada por Dimitrov y Stalin en el Komintern, respondía a la necesidad de frenar al fascismo por vía electoral reuniendo a los partidos antifascistas de una amplia zona del espectro político), en España, con la misma denominación de Frente Popular, se formó una coalición electoral que ganó las elecciones de febrero de 1936. A pesar de la escasa distancia en votos, el sistema electoral produjo una gran mayoría de diputados del PSOE, de Izquierda Republicana y del resto de los partidos de la coalición. Alcalá Zamora fue destituido por la nueva cámara como presidente de la República (7 de abril), y se eligió para sustituirle a Manuel Azaña (11 de mayo), un cambio idéntico en las personas al que se produjo en la presidencia del gobierno en 1931. Previamente (19 de febrero) se había formado un gobierno presidido por Azaña con ministros republicanos entre los que no se nombró a socialistas (cuyo apoyo parlamentario era imprescindible, pero que estaban divididos internamente entre la tendencia más moderada de Indalecio Prieto y la más radical de Francisco Largo Caballero).

Se restableció la Generalidad catalana y se desbloquearon las reformas paralizadas por el bienio radical-cedista, entre ellas los trámites para dotar de estatutos de autonomía a Galicia y el País Vasco. Las confrontaciones laborales y el desorden público iban en aumento. Volvió a producirse una nueva oleada de disturbios anticlericales. Desde el 14 de abril (quinto aniversario de la proclamación de la República) se sucedían manifestaciones y contramanifestaciones violentas, con resultado de muertos en una espiral de venganzas personales y políticas. El 15 de junio de 1936 Gil-Robles denunciaba la grave situación en un discurso parlamentario:

160 iglesias destruidas, 251 asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos, intentos de asalto. 269 muertos. 1287 heridos de diferente gravedad. 215 agresiones personales frustradas o cuyas consecuencias no constan. 69 centros particulares y políticos destruidos, 312 edificios asaltados. 113 huelgas generales, 228 huelgas parciales. 10 periódicos totalmente destruidos, todos de derecha. 83 asaltos a periódicos, intentos de asalto y destrozos. 146 bombas y artefactos explosivos. 38 recogidos sin explotar.

El 12 de julio fue asesinado el teniente Castillo, militar de la Unión Militar Republicana Antifascista que se había significado en la represión de una manifestación derechista. Al día siguiente, un grupo de guardias de asalto (fuerza de seguridad a la que pertenecía Castillo) quisieron vengarle matando a Gil-Robles, pero al no encontrarse en su domicilio decidieron atentar contra José Calvo Sotelo, antiguo ministro de Hacienda de la monarquía y jefe del Bloque Nacional (agrupación de monárquicos alfonsinos y carlistas, de carácter tradicionalista o ultraconservador), que a pesar de su escaso peso político actuaba parlamentariamente como uno de los líderes más visibles de la oposición. Su asesinato fue considerado como justificación (se le denominó el protomártir de la Cruzada) para la sublevación militar que se produjo cuatro días después, aunque no como su detonante, pues el hecho de que llevaba varios meses preparándose había pasado a ser un secreto a voces ante el que todas las fuerzas sociales y políticas estaban tomando posición.

Por Fígaro.