Cuentan las crónicas de la España de finales del s. XVIII con el estallido de la Revolución francesa (1789) alteró el equilibrio internacional europeo, poniendo a España en una de las fronteras del foco revolucionario. Las medidas destinadas a evitar el contagio fueron eficaces, pues más allá de aislados grupos de simpatizantes (conspiración de Picornell, 1795), el consenso social en España fue contrarrevolucionario, activamente impulsado por el clero y controlado por la Inquisición, que actuó de cordón sanitario. En cambio, fracasó el intento de la Primera Coalición de acabar militarmente con la Francia revolucionaria (que en la frontera hispano-francesa se concretó en la guerra de los Pirineos o del Rosellón, 1793-1795). Tras la reconducción del proceso interno francés (reacción thermidoriana, 1794) hacia el poder personal de Napoleón (1799), las prioridades españolas cambiaron, y se optó por renovar la tradicional alianza franco-española (Pactos de Familia) a pesar de que no fuera ya un rey Borbón sino políticos plebeyos, o un autocoronado emperador Bonaparte, quienes ocuparan el poder o se sentaran en el trono de París, y de que tales advenedizos mantuvieran la legitimidad revolucionaria que había llevado a la guillotina a Luis XVI, primo del rey de España.
Desde 1792, el validazgo de Manuel Godoy, un ambicioso militar de oscuro origen protegido por la reina, ennoblecido con el título de príncipe de la Paz (por la Paz de Basilea, 1795), desplazó del poder a la élite aristocrática ilustrada que venía gobernando el país desde el reinado de Carlos III (Floridablanca, Aranda, Jovellanos), en algunos casos llevándoles literalmente al destierro o a la cárcel. El limitado éxito de la guerra de las naranjas contra Portugal (1801) consiguió un mínimo reajuste fronterizo (Olivenza); pero mucho más decisivas fueron las graves consecuencias de la batalla de Trafalgar (21 de octubre de 1805), donde se perdió la mejor parte de la Marina española. A pesar de la derrota, la vinculación de la posición de Godoy a la subordinación al emperador (que había conseguido victorias decisivas en las campañas terrestres en Europa central) llevó a la firma del Tratado de Fontainebleau de 1807, que preveía la invasión conjunta de Portugal (punto débil en el bloqueo continental contra Inglaterra) y que de hecho sirvió para que varios cuerpos de ejército francés ocuparan zonas estratégicas de España.
La profunda crisis económica del cambio de siglo mostró de forma dramática la debilidad estructural del Antiguo Régimen en España, ante la que la crisis fiscal de la Monarquía (Francisco Cabarrús, Banco de San Carlos), y la crisis comercial y financiera provocada por las guerras, sólo eran un aspecto coyuntural. De causas mucho más profundas era el agotamiento del ciclo demográfico alcista del siglo XVIII, no acompañado por reformas agrarias que permitieran un aumento significativo de la producción (el Informe de Jovellanos en el interminable Expediente de la Ley Agraria (1795), como el resto de proyectos ilustrados desde el Catastro de Ensenada (1749), no se llegó a materializar por la oposición de los poderosos grupos privilegiados a los que afectaba; las únicas excepciones habían sido el recorte de los privilegios de la Mesta por Campomanes entre 1779 y 1782, y las tímidas políticas liberalizadoras del mercado de granos —moderada tras el motín de Esquilache de 1766— o del comercio con América (1765 y 1778)) lo que condujo a crisis de subsistencias, al hambre y al aumento del descontento social.
La importancia científica y estratégica que habían alcanzado las expediciones españolas (expedición de la vacuna, 1803) y la prometedora situación de la ciencia y la tecnología españolas, que había alcanzado una posición sólo algo más retrasada que la de los países europeos más avanzados; se deterioraron dramáticamente ante la incapacidad del Estado de seguir sosteniendo unos esfuerzos que el atraso de la estructura socioeconómica no estaba en condiciones de suplir por una iniciativa privada incomparablemente más débil que la que en la Inglaterra de la época estaba protagonizando la revolución industrial. La persecución o el desprecio a los que fueron sometidos algunos de los principales impulsores de la modernización científico-tecnológica española (Alejandro Malaspina, Agustín de Betancourt) terminó beneficiando a otras naciones (como ocurrió con la más prometedora de todas las empresas: las investigaciones americanas de Alexander von Humboldt, iniciadas bajo patrocinio español).
La impopularidad cada vez mayor de Godoy llevó a la formación de un partido fernandino dentro de la Corte, que preparó el motín de Aranjuez, un golpe de Estado que logró deponer al valido y la abdicación del rey Carlos IV en su hijo mayor Fernando VII, quien, a pesar de ello, no consiguió asentarse en el trono a causa de la intervención de Napoleón, que consiguió llevar a toda la familia real a reunirse con él en Francia, virtualmente como prisioneros.
Por Fígaro.
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