Autarquía y nacionalcatolicismo (1939-1959)
.jpg)
Tras la Victoria una represión de extraordinaria dureza se extendió en el tiempo (hasta 1948 no se levantó el Estado de Guerra) y se centró entre los grupos sociales identificados como Antiespaña: sindicatos y partidos republicanos, izquierdistas y nacionalistas periféricos; cuyo patrimonio fue confiscado. Se promulgó una Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo (1 de marzo de 1940) y se inició una Causa General sobre la dominación roja en España (desde el 26 de abril de 1940 y prolongada hasta 1969, cuando se estableció la prescripción de los "delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939"). Las causas judiciales se establecían por delito de rebelión militar, pues aunque la rebelión de hecho había sido la del bando vencedor, se consideraba que tras la declaración del estado de guerra, cualquier actividad contraria a ella, incluso la del gobierno republicano, era ilegal. Se prestó una particular atención a la masonería (objeto especial de una obsesión personal de Franco —la conspiración judeomasónica—) y se llevó a cabo una concienzuda depuración del Magisterio, para impedir la continuidad de un cuerpo identificado con los valores republicanos; así como de todos los funcionarios públicos, a los que se exigía el juramento de adhesión a los principios del Movimiento Nacional. La mayor parte de los intelectuales, artistas, literatos, científicos y profesores universitarios, cuya identificación con el bando perdedor era mayoritaria, formaba parte del exilio exterior o comenzó una penosa existencia de marginación y silencio (el denominado exilio interior. Vicente Aleixandre, Blas de Otero, Antonio Buero Vallejo, generación de 1950). A pesar de la producción de literatos y artistas afines al franquismo (Azorín, José María Pemán, Ernesto Giménez Caballero, Luis Rosales, Camilo José Cela, Pedro Laín Entralgo), de la vuelta de algunas celebridades de gran peso internacional (destacadamente Ortega y Gasset y Dalí) y del mantenimiento de una mínima actividad científica (creación del CSIC), el periodo se ha llegado a denominar como destrucción de la ciencia en España; o, en expresión de Luis Martín Santos, Tiempo de silencio.
Los sucesos de 1956 demostraron que, a pesar del éxito del franquismo en mantenerse y conseguir la conformidad social (legitimidad de ejercicio, como se argumentaba por sus defensores), por convicción o por represión, entre las clases populares y medias; fracasó precisamente entre las élites, produciéndose un evidente alejamiento de una parte significativa de los intelectuales inicialmente afines, y sobre todo de la juventud universitaria, destacando el protagonismo conjunto en los disturbios tanto de hijos de los vencedores como de hijos de los vencidos.
La unificación de partidos políticos y movimientos sociales favorables al Alzamiento se prolongó después de la guerra, aunque dentro del Movimiento Nacional eran visibles las diferentes sensibilidades e intereses de cada una de las familias del franquismo, entre las que Franco, de forma paternalista, administraba el reparto de parcelas de poder e influencia (azules —falangistas—, requetés —tradicionalistas o carlistas—, juanistas —los monárquicos partidarios de Juan de Borbón, heredero de Alfonso XIII, que se mantuvo en el exilio y realizó alternativos acercamientos a Franco y a la oposición—, católicos —de Acción Católica, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y otras instituciones, entre las que paulatinamente fue ganando influencia el Opus Dei— y militares —especialmente los africanistas, los de más confianza de Franco, con mandos relevantes en la Guerra Civil y en muchos casos en la posterior campaña de Rusia de la División Azul—). Cada una de ellas expresaba públicamente ligeros matices a través de una pluralidad de medios de prensa, todos ellos entusiásticamente partidarios del régimen y sometidos a una rígida censura previa (Arriba, ABC, Ya), que en el caso de los medios audiovisuales se sometía a una total unificación en los mensajes informativos (parte de Radio Nacional de España, de obligada difusión en todas las emisoras, y NO-DO en todos los pases cinematográficos).
El comienzo de la Segunda Guerra Mundial obligó a Franco a mantener un delicado equilibrio entre sus principales apoyos (el Eje Roma-Berlín y el Pacto Antikomintern, al que España se había adherido), y la conveniencia de no enemistarse con Inglaterra y Estados Unidos. Se declaró la no beligerancia o neutralidad benévola, que permitió incluso el envío de unidades militares (teóricamente formadas por voluntarios) a la campaña de Rusia integrado en el ejército alemán (la División Azul). El protagonismo en las cordiales relaciones con Alemania en los primeros años cuarenta, en que el avance alemán parecía imparable, correspondió a Ramón Serrano Súñer. Hitler llegó a proponer a Franco la entrada de España en la guerra, pero las negociaciones, en las que la posición española fue desproporcionadamente exigente, no fructificaron (entrevista de Hendaya, 23 de octubre de 1940).
El cambio de la coyuntura bélica en los últimos años de la guerra provocaron un enfriamiento de las declaraciones de amistad hispano-alemana, la retirada de la División Azul y la evidente marginación de los falangistas (Serrano Súñer fue discretamente apartado y se restringió la actividad de la familia azul a los asuntos sociales; los escasos movimientos de descontento —hedillistas, ya alejados de la dirección desde 1937, o falangistas auténticos— fueron eficazmente reprimidos o reconducidos). El discreto acercamiento a los aliados occidentales, no obstante, no impidió que tras el final de la guerra el régimen de Franco sufriera un duro aislamiento internacional. En todo caso, lo que sí se consiguió fue la propia supervivencia del régimen, frente a la exigencia de la Unión Soviética y del exilio republicano (muchos de cuyos miembros habían luchado junto a los aliados en la guerra) de que compartiera la suerte de los demás regímenes fascistas de Europa. En el contexto de las conferencias de Yalta y y Potdsdam, los cálculos geoestratégicos de Churchill y Truman consideraron preferible el mantenimiento de Franco en España (al igual que el de Oliveira Salazar en Portugal, que era decididamente anglófilo), antes que arriesgarse a un incremento de la influencia soviética en Europa Occidental justo cuando se estaba produciendo un nuevo alineamiento de bloques a ambos lados del Telón de Acero en los inicios del periodo conocido como Guerra Fría.
Se inició una campaña de guerra irregular (el maquis) por parte de pequeñas unidades republicanas infiltradas en España siguiendo las tácticas utilizadas durante su participación en la Resistencia francesa. Aunque no tuvo ningún éxito militar (la invasión del Valle de Arán de 1944 fue fácilmente rechazada) sí que consiguió provocar una fuerte reacción represiva que impidió cualquier actividad opositora en el interior. También contribuyó a incrementar las discrepancias que hicieron inoperante la Segunda República española en el exilio, cada vez con menor apoyo entre los gobiernos extranjeros. La evidencia de la imposibilidad de derrotar militarmente a Franco llevó a la decisión de Stalin de que el Partido Comunista de España optara por intentar obtener presencia social en la clandestinidad, infiltrándose incluso en las propias instituciones del sindicalismo franquista; tras la muerte de Stalin, Santiago Carrillo insistió en esa vía a través de la orientación política denominada de reconciliación nacional (1956).
El totalitarismo del régimen se expresó en un cuerpo legislativo inicialmente inspirado en el fascismo italiano (Fuero del Trabajo, imitación de la Carta del Lavoro), pero que se fue adecuando a las sucesivas coyunturas políticas conforme la indiscutida autoridad interior de Franco decidía que era necesaria alguna actualización, en lo que se denominaron Leyes Fundamentales. El Estado no tenía división de poderes (todos estaban concentrados en la jefatura, vitaliciamente concedida a Franco), pero se procuró dotarle de una apariencia institucional bicameral (Cortes Españolas y Consejo Nacional del Movimiento, instalados en los palacios tradicionalmente ocupados por Congreso y Senado), se definió como teórica forma de gobierno la monarquía (reservando a Franco la elección de un "sucesor a título de rey" entre cualquier miembro de cualquier rama dinástica histórica) y se acuñó como expresión política el término democracia orgánica (que reconocía como únicos vehículos de participación popular "la familia, el municipio y el sindicato").
El corporativismo y la negación de cualquier lucha de clases que expresara discrepancia de intereses entre patronos y obreros llevó a la formación de un sindicato vertical en que ambos estaban representados orgánicamente y bajo un rígido control político, que establecía precios y salarios en un mercado muy intervenido. La autarquía no sólo fue una necesidad provocada por la Guerra Mundial y el posterior aislamiento, sino que se argumentaba como una elección política consciente basada en el orgullo nacionalista y el proteccionismo económico.
La penuria económica de la posguerra española se prolongó durante los veinte años necesarios para recuperar los niveles de producción anteriores a la guerra. Ante los problemas de hambre, desnutrición y recurso a alimentos nocivos (latirismo), fue necesario el mantenimiento de instituciones de Auxilio Social y el racionamiento de los artículos de primera necesidad, paralelamente al cual funcionaba un mercado negro (con el nombre popular de estraperlo) muy lucrativo para los que lo desarrollaban, en connivencia con la corrupción de algunos cargos dirigentes del propio régimen. Se frenó la emigración del campo a la ciudad, exigiendo pasaportes interiores y permisos de residencia, y de hecho las cifras de ocupación por sectores reflejan la ruralización producida en los años 1940, que no se revirtió hasta la década siguiente. Se estableció un sistema empresarial presidido por grandes monopolios públicos (Tabacalera, Campsa, Renfe, Telefónica) a los que se añadió un conglomerado empresarial público de nueva creación (el INI) formado por empresas de sectores considerados estratégicos (Astilleros Españoles, siderurgia —Ensidesa—, minería —Hunosa—, vehículos industriales —Enasa—), que compartían sus directivos con el selecto núcleo de las grandes empresas oligopolísticas del capitalismo español tradicional, especialmente los bancos y las eléctricas. Se iniciaron políticas de fomento a través de obras públicas, centradas en la construcción de embalses y otras mejoras agrícolas como la ampliación de regadíos, la concentración parcelaria y la denominada colonización (Instituto Nacional de Colonización, Plan Badajoz), como alternativas a la reforma agraria republicana.
El nacionalcatolicismo pasó a ser la ideología dominante, con una presencia abrumadora de la Iglesia Católica en todos los ámbitos públicos y privados. Se establecieron rígidos requisitos morales de comportamiento que suprimieran el libertinaje asociado al laicismo republicano; con una gran insistencia en la moral sexual, la sumisión al padre de familia, la subordinación de la condición femenina y la educación en la fe de niños y jóvenes. La jerarquía eclesiástica, diezmada por la represión republicana, había declarado el carácter de Cruzada de liberación de la Guerra Civil y lo providencial de la figura del Caudillo Franco, al que se reconoció el derecho de presentación de obispos. Incluso se le recibía en los templos bajo palio y se incorporó su nombre y título a la rogativa de la liturgia de la misa. El principal apoyo internacional del régimen fue la Santa Sede, con la que se firmó el Concordato de 1953 que reconocía a la Iglesia como sociedad perfecta, cuyos intereses se identificaban totalmente con los de un Estado plenamente confesional. El congreso eucarístico de Barcelona de 1952 fue el único acto internacional de relevancia celebrado en la España de la época.
El aislamiento internacional no permitió a España beneficiarse del Plan Marshall, pero el acercamiento a los Estados Unidos trajo la firma de los Acuerdos de Madrid (26 de septiembre de 1953), por lo que se establecieron bases militares estadounidenses en España y se recibieron créditos y ayuda económica y militar. El apoyo estadounidense permitió la entrada de España en la ONU en diciembre de 1955.
Desarrollismo y apertura (1959-1975)
A partir del establecimiento de la alianza con los Estados Unidos, el régimen consintió una relativa apertura política, consistente en la amortiguación de la retórica fascista de Falange o la promulgación de leyes (como la Ley de Prensa e Imprenta de 1966 o Ley Fraga, por Manuel Fraga Iribarne, el ministro más aperturista) que suprimían la censura previa, aunque no significaran una real libertad de expresión.
Más profunda fue la liberalización económica, que abrió la economía a las inversiones extranjeras y a la propia iniciativa privada, aunque se mantuvo el edificio institucional del INI y los monopolios públicos. El paso previo necesario fue el Plan de Estabilización de 1959, al que siguieron los Planes de Desarrollo posteriores; todo un diseño planificado y gestionado por un grupo de economistas vinculados al Opus Dei que recibieron la denominación de tecnócratas (Alberto Ullastres, Mariano Navarro Rubio, Laureano López Rodó, Gregorio López-Bravo) con el apoyo de los créditos del Fondo Monetario Internacional, de la OECE y del gobierno estadounidense. A finales del periodo, las exigencias de modernización de las instituciones internacionales obligaron a proponer una reforma educativa (Ley General de Educación de 1970) que introdujera criterios funcionalistas y técnicas de renovación en un sistema ya muy alejado de la escuela nacional-católica del primer franquismo.
La oposición interna entre las familias del franquismo se manifestó en escándalos como el caso Matesa (1969), resuelto expeditivamente por Franco destituyendo tanto a los ministros implicados (del Opus) como a sus adversarios (entre ellos el propio Fraga, al que se acusaba de utilizar a la prensa para denunciar el caso). Fraga también había sido el impulsor del turismo internacional (campaña Spain is different, red de Paradores Nacionales), que se estaba convirtiendo en un motor importante de la economía. Los ingresos por turismo junto con las remesas de los emigrantes españoles en el extranjero compensaban el déficit estructural de la balanza de pagos de un comercio internacional en expansión.
El éxodo rural y la emigración a Europa (que sustituyó el tradicional destino americano de la emigración española) aliviaron las tensiones sociales a un alto coste humano y cultural: el desarraigo; pero trajo como consecuencia la definitiva superación de la sociedad preindustrial por una sociedad industrial y urbana, que con el tiempo significó la destrucción de las mismas bases sociales e ideológicas del franquismo. El aumento de la población urbana fue espectacular en la periferia de las ciudades industriales y ciudades-dormitorio de las áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona o Bilbao, creando problemas de suministros y servicios públicos, hacinamiento y chabolismo. Los sectores económicos experimentaron una industrialización y terciarización aceleradas, con una notable contribución del sector de la construcción, tanto de viviendas como de obras públicas. Las desigualdades sociales y geográficas permitieron, no obstante, que predominara la estabilidad social impuesta por los valores dominantes de una clase media en expansión cuya prioridad eran el bienestar material antes que cuestiones ideológicas (en términos que se popularizaron con las denominaciones de franquismo sociológico y mayoría silenciosa).
La conmemoración de los XXV Años de Paz (1964) pretendía demostrar que el franquismo había conseguido un amplio consenso social y suficiente flexibilidad como para permitir la institucionalización del futuro del régimen. Tras añadir la Ley Orgánica del Estado al cada vez más complejo edificio legislativo, se nombró sucesor de Franco a título de rey, y en cumplimiento de las Leyes Fundamentales del Reino (julio de 1969) a Juan Carlos de Borbón y Borbón, nieto de Alfonso XIII e hijo del pretendiente Juan de Borbón. Éste , a pesar de estar enemistado con Franco desde los años cuarenta y de permanecer exiliado en Portugal, había permitido que su hijo se educara en España bajo control de las autoridades; aunque mantenía su ascendiente sobre la denominada familia monárquica en torno al periódico ABC, lo que produjo algunos conflictos internos en el régimen franquista.
La oposición al franquismo, muy atomizada y entre la que destacaba la capacidad organizativa del Partido Comunista de España, comenzó a moverse cada vez con mayor atrevimiento, incluso utilizando los mecanismos de representación laboral del sindicato vertical franquista mediante las Comisiones Obreras. Se produjo una importante reunión de personalidades del exilio republicano con personajes de relevancia del interior que fueron represaliados a su regreso, y que la prensa española bautizó con el peyorativo nombre de Contubernio de Múnich (junio de 1962). La formación de coordinadoras opositoras continuó en los años setenta (Plataforma Democrática, en la que no participaba el PCE y Junta Democrática, impulsada por éste).
A partir del Concilio Vaticano II el distanciamiento entre la Iglesia Católica y el régimen se hizo evidente, personalizado en figuras como el Padre Llanos, que compartía la vida obrera en los suburbios de Madrid, y obispos como Vicente Enrique y Tarancón y Antonio Añoveros Ataún (que protagonizó un sonado escándalo).
En 1968 surgió el problema terrorista con Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi Y Libertad, ETA), un grupo fundado anteriormente como escisión radical del nacionalismo vasco, y que se pretendió desmontar conjugando severidad y clemencia con la condonación de las condenas a muerte del Proceso de Burgos (3 de diciembre de 1970). Tras reorganizarse, su atentado más espectacular fue el asesinato de Luis Carrero Blanco (20 de diciembre de 1973), a los pocos meses de ser éste nombrado presidente del gobierno (en junio). Carrero Blanco, hombre de confianza de Franco desde el comienzo del régimen, había sido el primero en ser nombrado para ese cargo durante el franquismo, pues hasta entonces sus funciones se incluían en las competencias reservadas para sí mismo por el propio Jefe del Estado.
Tras un ambiguo discurso de Franco (en el que llegó a pronunciar la enigmática frase no hay mal que por bien no venga), fue designado presidente del gobierno Carlos Arias Navarro. El agravamiento del estado de salud de Franco obligó al príncipe Juan Carlos a ocupar interinamente la jefatura del estado durante unos meses, tras los que el general volvió a ejercer por sí mismo el poder, produciéndose su última aparición en público, en la plaza de Oriente, para rechazar la condena internacional a unas condenas a muerte (1 de octubre de 1975). Finalmente, los últimos meses del año la enfermedad de Franco entró en su curso final, en un momento crítico del conflicto del Sahara Occidental: la Marcha Verde, que tuvo que gestionar Juan Carlos autorizando la negociación del abandono de la provincia africana en beneficio de Marruecos y Mauritania (Acuerdos de Madrid de 14 de noviembre de 1975). Tras una agonía prolongada artificialmente por su propio yerno (el marqués de Villaverde, un médico con ambiciones políticas y científicas, que había intentado emular a Barnard con un polémico trasplante de corazón), se declaró su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975, aniversario de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange.
_01.jpg)
.jpg){kind=link}
No hay comentarios:
Publicar un comentario