La Revolución de 1868
El 19 de septiembre de 1868, los generales Prim y Serrano y el almirante Topete se levantan en armas en Cádiz. Un ejército dirigido por Serrano se dirigió desde el sur a Madrid, venciendo en la batalla de Alcolea (28 de septiembre) al enviado por el gobierno para interceptarle. La Reina, que estaba veraneando en San Sebastián, cruzó la frontera francesa y desde el exilio mantendrá su pretensión de derecho al trono, sin abdicar en su hijo Alfonso hasta dos años más tarde.
La expulsión de la desprestigiada reina era una de los principales reivindicaciones de la "Gloriosa Revolución", cuyos lemas fueron «¡Abajo la raza espuria de los Borbones!» y «¡Viva España con Honra!». La movilización popular fue muy importante. De nuevo se organizaron juntas locales como en 1808, 1836 o 1854. Se volvió a organizar la Milicia Nacional, con el nombre de Voluntarios de la Libertad.
Serrano, al asumir la jefatura del gobierno provisional como una regencia (18 de junio), procuró moderar la deriva extremista de la revolución disolviendo las juntas y declarando que la monarquía seguiría siendo la forma de gobierno; y convocó elecciones a Cortes. Entre las primeras medidas se produjo la supresión del impuesto de los consumos, se proclamó el fin de las quintas de reclutamiento y se estableció el sufragio universal masculino. Las órdenes religiosas que operaban desde 1837 quedaron disueltas, cerrando monasterios y confiscando sus bienes, y se realizó un inventario de los objetos de arte de las iglesias, que pasaron a engrosar el patrimonio nacional; la orientación anticlerical del nuevo régimen provocó la ruptura de las relaciones con la Santa Sede.
La revolución concitó la confluencia de múltiples intereses. Además de los grupos políticos de Ostende, fue apoyada por los sectores financieros e industriales, conscientes de que el gobierno isabelino era incapaz de superar la crisis económica.
Desde el principio, el nuevo gobierno tuvo que hacer frente al estallido del problema colonial cubano, largo tiempo gestado y en el que se complicaban las peticiones de autonomía local con el problema de la abolición de la esclavitud (constantemente retrasada por la influencia del grupo de presión esclavista, dominante en las esferas económicas —Antonio López, futuro marqués de Comillas—, mientras que el grupo antiesclavista dominaba en el ambiente intelectual —Julio Vizcarrondo, Rafael María de Labra—). La guerra abierta estalló el 10 de octubre de 1868 con el Grito de Yara (Céspedes), que aprovechó la revolución en la metrópoli para declarar la independencia.
Gobierno provisional, Constitución y Regencia de Serrano (1868-1871)
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Se convocaron en diciembre de 1868 elecciones municipales, con sufragio universal masculino, donde los republicanos obtuvieron importantes parcelas de poder (veinte capitales de provincia, entre ellas Barcelona, Valencia y La Coruña).
A comienzos de 1869 se convocaron las primeras elecciones parlamentarias españolas con elección directa mediante sufragio universal masculino. El panorama parlamentario que surgió de ellas era multipartidista, permitiendo una mayoría de unionistas y progresistas, pero con una amplia representación de los republicanos, y grupos menos importantes de carlistas y demócratas.
La Constitución de 1869, la primera democrática de la historia de España, proclamaba la soberanía nacional y establecía la monarquía parlamentaria con división estricta de poderes, en el que el gobierno es responsable ante las Cortes (bicamerales) y el poder judicial es independiente. El reconocimiento de derechos y libertades era amplio y detallado (derecho al voto, inviolabilidad del domicilio, libertad de enseñanza, de expresión, de residencia, de reunión y asociación); se aseguraba la libertad de cultos y se mantienía el presupuesto de culto y clero católico. Se introdujo el juicio por jurado. Se esbozaba una descentralización territorial en provincias y ayuntamientos, y se apuntaba la posibilidad de reforma del estatus de los territorios coloniales.
A falta de rey, Serrano se convirtió en regente, mientras Prim formó los primeros gobiernos, con Sagasta y Ruiz Zorrilla en los principales ministerios. Sagasta, desde el ministerio de gobernación, reprimió los focos de federalismo que se mantenían activos desde la revolución. Se encargó al ejército (general Antonio Caballero de Rodas) la represión de los levantamientos republicanos en Andalucía, Extremadura, Cataluña y Aragón, que para octubre de 1869 habían quedado liquidados.
Las medidas económicas de Laureano Figuerola (arancel librecambista, reordenación bancaria —el germen de lo que sería el Banco de España—, y monetaria —creación de la peseta, 1869—) restauraron la confianza internacional. Los valores españoles subieron en París, se volvía a atraer capitales extranjeros y el ferrocarril experimentó un nuevo impulso. Una nueva ley de minas hizo crecer actividad en las cuencas mineras diseminadas por la geografía peninsular (Riotinto, Almadén, Cartagena, Asturias, Vizcaya), lo que significó para la ría de Bilbao el desarrollo de una importante siderurgia.
El problema cubano se intentó remediar en 1870 con dos medidas voluntaristas, pero poco eficaces: la ley Moret, que pretendía una abolición progresiva (libertad de vientres —al nacer— y libertad de los esclavos al alcanzar los 60 años de edad), y la concesión de autonomía para Puerto Rico.
La guerra de Cuba suscitó una nueva causa de descontento popular. Se decretaron nuevas quintas, respondidas con manifestaciones antimilitaristas pidiendo su supresión (protagonizadas por las madres de los reclutas), especialmente importantes en Barcelona, donde se recurrió al ejército para disolverlas.
El movimiento obrero
En esa misma ciudad, el principal centro industrial de España y la ciudad que contaba con una clase obrera más numerosa, había alcanzado notable eco el el internacionalismo proletario tras la llegada en 1868 de Giuseppe Fanelli, recibido por la izquierda demócrata y republicana (Fernando Garrido, que en el exilio se había decantado ya por el socialismo —La Democracia y el Socialismo, con prólogo de Mazzini— y José María Orense, su principal polemista, desde un republicanismo individualista). A su influencia, y a la actividad de los primeros líderes locales, como Anselmo Lorenzo, Francisco Mora y Tomás González Morago, se debe la convocatoria del Congreso de Barcelona o I Congreso de la Federación Regional Española —FRE— donde se creó la Sección Española de la Asociación Internacional de Trabajadores, 1870; mientras que en el Congreso de Zaragoza de 1872 se produjo la ruptura entre marxistas o socialistas y bakuninistas o anarquistas, al igual que había sucedido en el Congreso de La Haya del mismo año. El predominio del anarquismo en España era muy evidente en este periodo, debido tanto a su más temprana llegada (Fanelli era próximo a Bakunin, mientras que Paul Lafargue —que llegó más tarde a España, tras la derrota de la Comuna en 1871— era yerno de Marx y fue el introductor del marxismo) como a las condiciones objetivas que presentaba un país con una industrialización más débil, con predominio de la fuerza de trabajo agrícola, y de posición periférica en el capitalismo europeo (similar al caso ruso). La difusión de las distintas organizaciones e ideologías del movimiento obrero español se produjo inicialmente por los núcleos industriales catalanes y valencianos, y en el campo andaluz (de predominio anarquista); mientras que los núcleos madrileño y vasco, de implantación posterior, tuvieron predominio socialista. Las reivindicaciones iniciales incluían, además de cuestiones de naturaleza laboral, cuestiones políticas como la libertad de reunión y de asociación; mientras que, en el campo, la gran esperanza que se planteaba como una solución redentora a las míseras condiciones de vida, era el reparto de la tierra entre los jornaleros. El factor movilizador más importante fueron las protestas antimilitaristas, que en ocasiones se convirtieron en verdaderas sublevaciones, como la de Jerez de marzo de 1869, reprimida de forma sangrienta por el ejército.
Candidatos al trono vacante
El asunto político interno que absorbió el principal interés, y que alcanzó una gran repercusión internacional, fue la búsqueda de un candidato idóneo para ocupar el trono. Descartado, por razones ideológicas obvias, el pretendiente carlista (Carlos VII, que estaba sopesando sus opciones de llegar al trono por vías pacíficas o por un levantamiento en armas, que se produciría finalmente en 1872 —la tercera guerra carlista—), se barajaron diversos nombres; como el propio Espartero (el último de los ayacuchos, ya con 72 años, pero que aún viviría 11 más), el duque de Montpensier (cuñado de Isabel II) y un selecto grupo de pretendientes europeos, entre los que estaban Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha (padre del rey de Portugal —la unión entre Portugal y España era promovida por el movimiento iberista—) y Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen (apoyado por Otto von Bismarck —canciller de Guillermo de Prusia— y rechazado por Napoleón III de Francia, cuyo enfrentamiento por esta causa estuvo entre las que llevaron a la guerra franco-prusiana —telegrama de Ems, 13 de julio de 1870—). Finalmente el elegido será Amadeo, duque de Aosta, hijo de Víctor Manuel II de Italia, de la Casa de Saboya, representante de la monarquía más liberal de Europa, cuyo papel en la unificación italiana la mantenía en un duro enfrentamiento con el propio papa.
Reinado de Amadeo I (1871-1873)
El 30 de diciembre de 1871 llegaba Amadeo de Saboya al puerto de Cartagena, donde recibió la noticia de la muerte del general Prim, su principal valedor, víctima de un atentado en Madrid tres días antes. El promotor del magnicidio aún es un enigma. Desde entonces se viene especulando con distintas posibilidades: el grupo de presión pro-esclavista en beneficio de sus intereses, o cualquiera de los muchos enemigos políticos de dentro o fuera de España que se había granjeado con el asunto de la elección real, como el duque de Montpensier, los republicanos, o incluso alguna facción de la masonería (a la que pertenecía).
Amadeo I se comportó como un monarca liberal, con escrupuloso respeto a la Constitución y una exquisita neutralidad política, que no obstante no le consiguieron el apoyo de ninguno de los grupos sociales o políticos. La aristocracia y las clases altas, mayoritariamente borbónicas, le hicieron el vacío.
Los principales líderes del periodo fueron del partido progresista, que se escindió en el Partido Constitucional de Sagasta, aliado con alfonsinos y unionistas; y el Partido Radical en torno a Ruiz Zorrilla, que buscó apoyos en todo el espectro de las Cortes, desde los republicanos hasta los carlistas. Los grupos así establecidos se enfrentaron a propósito de temas sociales, como la abolición de la esclavitud y el problema de la Internacional. Sagasta acusaba a la organización de provocar constantes levantamientos, y la ilegalizó. Ruiz Zorrilla se empeñó en abolir la esclavitud, para lo que el apoyo del rey, cuya opinión antiesclavista era notoria, no fue determinante, dada su situación institucional. El grupo de presión proesclavista continuó con su política de obstaculización por todos los medios, que incluyeron la subvención económica a la sublevación carlista y contactos con los alfosinos de Cánovas (cuyo propio hermano era un destacado líder de los negreros).
Al problema cubano, que se alargaba, se añadió la tercera guerra carlista. En mayo de 1872, el pretendiente Carlos María de Borbón y Austria-Este (Carlos VII) entraba en Navarra alzando en armas un ejército; pero al poco tiempo el Ejército del Norte, dirigido personalmente por Serrano (que ocupaba el cargo de presidente del consejo de ministros), le obligó a volver a Francia al derrotarle en la batalla de Oroquieta. En una evidente imitación del abrazo de Vergara de Espartero, Serrano ofreció a los carlistas unas condiciones de rendición tan favorables (la convención de Amorebieta), que fueron rechazadas por las Cortes; lo que movió a Serrano a pedir al rey la suspensión de garantías constitucionales. Al no obtenerla del rey, dimitió. Tampoco todos los carlistas (empezando por el propio pretendiente, que consideró traidores a los firmantes), se avinieron a las condiciones de la convención; con lo que continuaron las partidas, especialmente por Navarra y Cataluña, a veces convertidas en simple bandolerismo. El carlismo se estaba identificando cada vez más con la recuperación de los fueros vascos y navarros; que el pretendiente declaró restaurados en julio de 1872, así como abolidos los Decretos de Nueva Planta que suprimieron los fueros en la Corona de Aragón en el siglo XVIII, lo que intensificó la fuerza de la revuelta, especialmente en zonas rurales de Cataluña y, con menor intensidad, en otras de Aragón y Valencia.
Amadeo, deseoso de encontrar una causa para renunciar al trono y volver a Italia, la encontró en una grave crisis entre el gobierno de Ruíz Zorrilla y el cuerpo de artillería. El rey expresó su apoyo a los militares, y el Congreso al gobierno, con lo que Amadeo I quedó justificado para presentar su abdicación el 11 de febrero de 1873. Esa misma noche, las Cortes, conscientes sus diputados de la imposibilidad de encontrar ningún candidato para ocupar el trono vacante, proclamaron la Primera República Española.
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Primera República (1873-1874)
El 11 de febrero de 1873, el Congreso proclamó la República por 256 votos a favor y 32 en contra. Los republicanos estaban divididos entre una minoría de unitarios (Emilio Castelar, Nicolás Salmerón, Eugenio García Ruiz, Antonio de los Ríos Rosas), cuyo peso político fue mucho mayor que su precaria representación; y una mayoría de federales, a su vez divididos entre transigentes (Francisco Pi y Margall) e intransigentes (José María Orense). Durante los dos años escasos en que se desarrolló la experiencia republicana, se operó siempre en precariedad institucional. En el contexto internacional, únicamente Estados Unidos y Suiza reconocieron al nuevo régimen, mientras que las potencias europeas optaron por mantenerse a la expectativa (Francia y Alemania acababan de salir de la guerra Franco-Prusiana, uno de cuyos motivos fueron las maniobras por interferir en las candidaturas al trono español).
Estanislao Figueras, republicano moderado, fue elegido por las Cortes como Jefe del Poder Ejecutivo, y formó gobierno exclusivamente con republicanos de ambas tendencias (Castelar, Pi —que actuaba como hombre fuerte del gobierno desde el ministerio de Gobernación—, Salmerón y el general Acosta —ministro de Guerra—). Con sus primeros decretos se abolieron los títulos de nobleza, se reorganizaron los Voluntarios de la Libertad y se anunciaba una próxima abolición de la esclavitud, además de convocar una Asamblea Constituyente. El proyecto de Constitución de 1873 se fue elaborando con dificultad y no llegó a entrar nunca en vigor. Establecía una República federal de 17 Estados y varios territorios de ultramar, cada uno con su propia Constitución. Los municipios tendrían una Constitución local y división de poderes entre alcaldía, ayuntamientos y tribunales locales. En el Estado central, el poder ejecutivo lo ejercería un jefe de gobierno nombrado por el Presidente. El legislativo lo desempeñarían dos cámaras, ambas de elección directa, con un Senado formado por cuatro representantes de cada Estado, y un Congreso con un diputado por 50 000 habitantes. El judicial lo presidiría un Tribunal Supremo constituido por tres magistrados de cada Estado. Se confiaba al Presidente un llamado poder de relación con los demás poderes y los Estados Federales. La separación Iglesia-Estado era total.
Enseguida surgieron movimientos partidarios de profundizar de forma más radical en las reformas, desde un punto de vista territorial o social: en Barcelona se proclamó la República Federal democrática de la que Cataluña sería un estado. Las primeras organizaciones propias del movimiento obrero español comienzan a tener una presencia pública activa, solicitando medidas como la reducción de jornada o el aumento de salarios. En Málaga, los internacionalistas se hicieron con el poder municipal, y en el campo andaluz y extremeño los jornaleros ocuparon tierras.
Desde el extremo opuesto del espectro de los revolucionarios de 1868, el general Serrano intentó dar un golpe de estado, que fracasó.
Pi y Margall fue proclamado Presidente de la República en junio, dimitiendo al cabo de un mes ante el agravamiento de los tres frentes de oposición violenta: la sublevación carlista (que aumentaba sus apoyos y su extensión territorial, con el guerrillero Savalls sembrando el pánico en Cataluña), la continuidad de la guerra de Cuba, y el surgimiento de una revolución cantonal por parte de los más extremistas de entre los republicanos federales (especialmente fuerte en el cantón de Cartagena).
Salmerón asumió el ejecutivo con una decisión que terminará siendo fatal para la continuidad de la República: reprimir la sublevación cantonal mediante el ejército, que estaba bajo el control de generales alfonsinos (monárquicos partidarios del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II). Pavía fue enviado a Andalucía, Martínez Campos a Valencia y López Domínguez a Cartagena. Salmerón dimitió el 7 de septiembre tras negarse a firmar las condenas a muerte de unos militares cantonalistas, atrapado entre las opuestas presiones de su propio partido (Eduardo Palanca) y de los militares (Pavía). Simultáneamente había estallado una crisis internacional que implicaba a Estados Unidos y el Reino Unido en el conflicto cubano como consecuencia del apresamiento en Cuba del buque Virginius y el fusilamiento de 53 de sus tripulantes, entre ellas ciudadanos estadounidenses y británicos.
El siguiente presidente, Castelar, procuró la solución diplomática del conflicto internacional, mientras que, invocando poderes especiales, cerró las Cortes hasta enero, con el argumento de que el poder ejecutivo debía emplearse sin restricciones en la solución el problema cubano, carlista y cantonal. Su presidencia no sobreviviría a la apertura del siguiente periodo de sesiones, el 2 de enero de 1874.
Dictadura de Serrano (1874)
El 3 de enero de 1874, el general Manuel Pavía interrumpió violentamente una sesión de las Cortes, que acababan de retirar la confianza a Castelar (a pesar de que la acción no tuvo la espectacularidad con que se la describió popularmente, la expresión el caballo de Pavíapasó a ser un tópico político español similar al de ruido de sables, con los que se alude a la amenaza de golpe de estado militar). El vacío de poder llevó a formar un gobierno de concentración que puso la Presidencia de la República en manos de Serrano, quien en la práctica no se sometió a los controles constitucionales, considerándose su mandato (casi un año entero) como una verdadera dictadura.
En medio de una grave situación financiera, se enfrentó a los problemas políticos al tiempo que se dedicó con firmeza a intentar sofocar los tres frentes bélicos abiertos: la sublevación cantonal aún fuerte en Cartagena, la tercera guerra carlista y la guerra de Cuba. Formó gobierno con los republicanos unitarios de Eugenio García Ruiz, con José de Echegaray en Hacienda, que puso orden las finanzas dando forma al Banco de España. Sagasta, presidente del consejo de ministros desde septiembre (los presidentes del poder ejecutivo del periodo anterior asumían ambos cargos, mientras que Serrano prefería designar a otro para ese cargo, quedando él en una posición institucionalmente similar a la de los reyes), ilegalizó de nuevo la sección española de la Internacional y cerró sedes y periódicos revolucionarios, disolviendo grupos como los Voluntarios de la Libertad.
Inmediatamente las potencias europeas, con Alemania a la cabeza, reconocieron al nuevo régimen.
Alfonso, el hijo de Isabel II, que estaba recibiendo formación militar en Inglaterra, envió desde la Real Academia de Sandhurst un mensaje a los españoles (el manifiesto de Sandhurst) promovido por el partido alfonsino, el grupo más moderado de entre los monárquicos españoles, liderados por Antonio Cánovas del Castillo. En un tono conciliador, declaraba haber aprendido la lección derivada de la expulsión de su madre y su propósito de nunca dejar de ser buen español, ni, como todos mis antepasados, buen católico, ni, como hombre del siglo, verdaderamente liberal; procurándose el apoyo de una amplia zona del espectro político, entre los reaccionarios y los liberales moderados.
Mientras tanto, la coyuntura bélica se prolongaba en las regiones con implantación carlista. Los ejércitos del gobierno, dirigidos por el propio general Serrano, contuvieron a los carlistas en Navarra, consiguieron levantar el sitio de Bilbao y acometieron una ofensiva en la zona de Cuenca.
El 29 de diciembre de 1874 el general Martínez Campos inició una sublevación en Sagunto en favor del príncipe Alfonso. Serrano optó por reconocer los hechos consumados y no oponerse al pronunciamiento; llamando a formar gobierno a Cánovas, líder del partido alfonsino, pero que no veía con buenos ojos el protagonismo militar en la vuelta de los borbones al trono. Consiguió marginar al general sublevado, quedando el gobierno en manos civiles.
Por Fígaro.
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