Reinado de Alfonso XII (1875-1885) y regencia de María Cristina (1885-1902)
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Con la restauración borbónica, el nuevo rey confirmó en el poder a Cánovas, que convocó elecciones en enero del año siguiente con el sistema previsto en la Constitución de 1869 (sufragio universal), que le proporcionaron una abrumadora mayoría de monárquicos conservadores afines a su gobierno. La redacción de la Constitución española de 1876 fue encargada a una comisión de notables elegida por el mismo Cánovas y presidida por Manuel Alonso Martínez, que se presentó a las Cortes y fue aprobada sin grandes cambios el 30 de junio. Se optó por no precisar el sistema electoral (con lo que las siguientes elecciones se harían por sufragio censitario hasta 1890). La soberanía se compartía entre Rey y Cortes, en un sistema parlamentario bicameral que dejaba al poder ejecutivo el ejercicio de un poder muy amplio. El reconocimiento de las libertades públicas quedaba matizado. Se definía la confesionalidad católica del estado y la tolerancia hacia otras religiones.
Para la estabilidad del sistema político, Cánovas, que organizó en su torno el Partido Liberal-Conservador, era consciente de la necesidad de contar con una oposición dinástica, es decir, fiel a la monarquía parlamentaria alfonsina. En 1879 Sagasta, apoyado por Emilio Castelar, creó el Partido Liberal-Fusionista que integraba a progresistas y demócratas desencantados con el republicanismo. A partir del pacto de El Pardo (24 de noviembre de 1885, ante la posibilidad de que estallara una crisis política a la muerte de Alfonso XII) el acuerdo entre Cánovas y Sagasta estableció un turnismo casi automático para que ambos partidos se sucedieran en el poder, lo que implicaba que los conservadores debían aceptar que los liberales recuperaran paulatinamente las conquistas políticas del sexenio (libertad de prensa, derecho de asociación o el sufragio universal). El control de las elecciones a través del ministerio de Gobernación (encasillado de los candidatos) se convirtió en el punto clave del un sistema que en su base se apoyaba en el denominado caciquismo: el predominio local de personalidades de gran prestigio social y posición económica, a partir de los cuales se establecían redes clientelares y se manipulaban los resultados (pucherazo).
Se platicaal fondo de una botica:—Yo no sé,don José,cómo son los liberalestan perros, tan inmorales.—¡Oh, tranquilícese usté!Pasados los carnavalesvendrán los conservadores,buenos administradoresde su casa.Todo llega y todo pasa.Nada eterno:ni gobiernoque perdure,ni mal que cien años dure.Antonio Machado, Meditaciones rurales
A pesar de la estabilidad característica del sistema canovista, no dejó de haber disensiones dentro de los partidos dinásticos, protagonizadas por personalidades como Francisco Silvela (muy crítico con el caciquismo, lo que no le impidió ser ministro de Gobernación), Francisco Romero Robledo o Raimundo Fernández Villaverde en el partido conservador y Segismundo Moret o Eugenio Montero Ríos en el liberal.
Los partidos no dinásticos quedaban en la práctica fuera de toda posibilidad de alcanzar el poder, aunque a finales de siglo comenzaron a obtener alguna representación en circunscripciones urbanas, más difíciles de manipular. Eso fue lo que permitió al naciente movimiento catalanista (en torno a Enric Prat de la Riba —Unió Catalanista, 1891, Bases de Manresa, 1892—) llegar al parlamento (Lliga Regionalista, 1901); mientras que el Partido Nacionalista Vasco de Sabino Arana, mucho más radical, tardó varios años más.
El movimiento obrero se reorganizó con la creación de partidos y sindicatos de ideología marxista (PSOE (1879) y UGT (1888), bajo el liderazgo de Pablo Iglesias, que optó por la participación electoral, con mayor implantación en Madrid y el País Vasco) o anarquista (Federación de Trabajadores de la Región Española (1881) que optaron por la no intervención en el sistema político, con mayor implantación en Cataluña y Andalucía). Una confusa red de grupos e individualidades anarquistas desarrollaron prácticas de la denominada acción directa, que incluían, junto a medidas pacíficas, otras violentas (propaganda por el hecho) con atentados terroristas en algunos casos muy espectaculares (bomba del Liceo de Barcelona (1893), asesinato de Cánovas en 1897), y en otros casos manipulados por las propias autoridades (La Mano Negra, 1882-1884).
La denominada cuestión universitaria fue el principal conflicto de la vida intelectual y uno de los asuntos políticos más definitorios del nuevo sistema: la Circular de Orovio de 1875 (por el marqués de Orovio, ministro de Fomento) limitó de forma sustancial la libertad de cátedra al obligar a mantener las enseñanzas en términos que no afectaran al catolicismo y la monarquía. Un buen número de catedráticos universitarios, identificados como krausistas (Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate, Teodoro Sainz Rueda, Nicolás Salmerón, Augusto González Linares) fueron expulsados de la universidad y un grupo de ellos se reunió para continuar la docencia fuera de la universidad, en la Institución Libre de Enseñanza, que inició una renovación pedagógica de gran trascendencia.
Un decidido esfuerzo militar, dirigido por Martínez Campos, acabó con la resistencia carlista, lo que se aprovechó para abolir el sistema foral de las tres provincias vascas (1876). La supervivencia de los fueros navarros se vio cuestionada más tarde, en 1893, pero una movilización popular frenó tales pretensiones (gamazada). El conflicto de Cuba se recondujo, tras la llegada a la isla del propio Martínez Campos, hacia la negociación por la Paz de Zanjón (1878). La promesa de autogobierno y de aplicación la ley antiesclavista de Moret (retrasada hasta 1886) no se sustanció en reformas suficientes para evitar la insatisfacción de los independentistas cubanos y la frustración de las expectativas de los autonomistas, lo que, veinte años más tarde terminó por llevar a una nueva guerra, esta vez con la decisiva intervención de los Estados Unidos, el denominado desastre del 98; cuyas consecuencias internas, más allá del fin de la mayor parte del imperio colonial, fueron decisivas intelectual y políticamente (regeneracionismo, generación del 98), abriendo la denominada crisis de la restauración.
Despensa, escuela y doble llave al sepulcro del Cid.Lemas de Joaquín Costa.
Desequilibrios demográficos, económicos, sociales y espaciales
Los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX significaron una crisis económica de gran intensidad. Tras la epidemia de cólera de 1885, que se cebó en las hacinadas e insalubres barriadas obreras disparando la mortalidad a niveles catastróficos; una profunda crisis agrícola, de origen climático y biológico (malas cosechas cerealísticas, epidemia de la filoxera, que destruyó las viñas), se vio agravada por la estructura socioeconómica del campo español, que no había afrontado la mecanización ni otras transformaciones de la revolución agrícola, y llegó al menos hasta 1902. Las jornadas eran largas y agotadoras, con salarios paupérrimos, a veces incluso sometidos al destajo. Las condiciones de vida se deterioraron fuertemente, disparándose la mortalidad infantil, mientras el resto de los datos demográficos correspondían aún a cifras propias de una sociedad preindustrial. Sometidos a fuertes pérdidas, los terratenientes se mostraban cada vez más opuestos a las reivindicaciones de los jornaleros, intensificándose la confrontación. Miles de jornaleros andaluces secundaron las huelgas pidiendo tierras. Otras regiones con una estructura de propiedad menos concentrada no por ello se libraron de los conflictos sociales que acompañaron a los procesos de transformación que dejaron su reflejo incluso en la literatura, que pasó del costumbrismo a la denuncia social (los de la huerta valenciana inmortalizados por Vicente Blasco Ibáñez, los de Asturias por Leopoldo Alas). Donde las condiciones lo hacían particularmente propicio, funcionó la válvula de escape de la emigración, especialmente a América, pero también a Francia o a Argelia; siendo particularmente intensa en Galicia y otras zonas del norte de España, donde algunas figuras retornadas con éxito (los indianos) contribuyeron con su prestigio a la popularización del ideal social del enriquecimiento por el trabajo duro en lejanas tierras.
El gallego no pide, emigra.Alfonso Rodríguez Castelao.
En el País Vasco se produjo una industrialización basada en la minería del hierro, exportado a Inglaterra por la ría de Bilbao. La conveniencia de retornar con carga de carbón inglés provocó la creación de una siderurgia local, y el florecimiento de sectores asociados, como la construcción naval y las instituciones financieras (notablemente, la banca vasca —incluso la santanderina— fue mucho más sólida que la catalana). Al mismo tiempo que las relaciones sociales tradicionales del campo vasco (el caserío) entraban en crisis, y conducían a muchos a una emigración similar a la gallega, se producía un movimiento opuesto de llegada de emigrantes castellanohablantes a trabajar en las nuevas industrias. El inevitable choque cultural se expresó en todo tipo de conflictos e ideologías alternativas, como el socialismo y el nacionalismo vasco, y a complejas trayectorias personales, como las de Miguel de Unamuno, Pío Baroja o Tomás Meabe.
Simultáneamente la burguesía catalana estaba viviendo una verdadera fiebre del oro (periodo de la Exposición Universal de 1888) que se prolongó en medio de una fortísima conflictividad social (Semana Trágica de 1909, crisis de 1917, años de plomo de pistolerismo patronal-sindical) en la época dorada que llega al menos hasta la Exposición Internacional de 1929.60 La vitalidad de Barcelona la convirtió en la verdadera capital económica de España, beneficiada incluso por la repatriación de capitales tras la pérdida de Cuba; y un foco artístico a nivel europeo (modernismo catalán, noucentisme). El abismo social que separaba a pobres y ricos incrementó la influencia del anarquismo en Cataluña, con consecuencias políticas trascendentes y prolongadas en el tiempo.
En toda España, la imagen del anarquismo ante la opinión pública quedó fuertemente marcada por la decisión de pequeños grupos de activistas de elegir el magnicidio como medida de propaganda por el hecho más eficaz. Tras la bomba del Teatro del Liceo (1893), el Atentado de la Procesión del Corpus (1897) y el asesinato de Cánovas (1897), se produjo un atentado fallido contra la boda de Alfonso XII (Mateo Morral, 1906) y los asesinatos de los presidentes José Canalejas (1912) y Eduardo Dato (1921).
Las transformaciones sociales, como en el resto de Europa, fueron estimulando a una minoría de mujeres a demandar su incorporación a distintos ámbitos de la vida cultural, suscitando todo tipo de rechazos y obstáculos que la retrasaron. Concepción Arenal tuvo que asistir a las clases de derecho disfrazada de hombre; Cecilia Böhl de Faber tuvo que ocultarse bajo el masculinísimo pseudónimo de Fernán Caballero; mientras que casos como el de María de la O Lejárraga fueron todavía más humillantes (era la autora de buena parte de las obras firmadas por su marido Gregorio Martínez Sierra) . Sometida a una autorización especial entre 1880 y 1910, la presencia de mujeres en la universidad siguió siendo una rareza hasta los años treinta. El mundo literario fue aceptándolas con cuentagotas (Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán, Concha Espina, Carmen de Burgos). La incorporación al trabajo industrial de las clases bajas fue mucho más temprana, sometida a salarios inferiores a los varones.
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Reinado de Alfonso XIII (1902-1931)
El período constitucional (1902-1923)
Los inicios del reinado
La inestabilidad política hacía sucederse rápidamente a los gobiernos de signo conservador y liberal, y dentro de cada partido se producían toda clase de escisiones, disensiones e intrigas. El espíritu del regeneracionismo imperaba en la toma de decisiones reformistas en lo económico y social, con medidas como la Ley de repoblación interior de 1907 (Augusto González Besada) y un plan de embalses para triplicar los regadíos (aplicación de la política hidráulica de Joaquín Costa o Lucas Mallada); retrasadas por la falta de una recursos económicos que se disputaban con el sostenimiento de un ejército desproporcionado (más mandos que soldados) y la reconstrucción de una marina de guerra que ya no tenía imperio que defender. En 1908 se puso en marcha el Instituto Nacional de Previsión, germen de las políticas de protección social propias de un estado social como el que se había implantado en la Alemania de Bismarck.
El campo de la ciencia, la educación y la cultura, experimentó un impulso significativo, hasta tal punto que desde 1906 (año de la concesión del Premio Nobel de medicina a Santiago Ramón y Cajal) se puede hablar de una edad de plata de las ciencias y las letras españolas que duraría treinta años (hasta la Guerra Civil). Se creó el Ministerio de Educación, obligándose el Estado a asumir el salario de los maestros. En 1907 se creó la Junta para Ampliación de Estudios, órgano de investigación científica de orientación institucionista presidido por el recién premiado. El mismo movimiento obrero se orientaba a la educación popular (los ateneos libertarios, las escuelas modernas anarquistas y las casas del pueblo socialistas).
Semana Trágica y reformas de Canalejas
Tras el desastre de 1898, la única salida al imperialismo español era la vocación africanista. Una intensa actividad diplomática llevó a obtener una presencia colonial en el protectorado de Marruecos, que se obtuvo precisamente por lo oportuno que resultaba a las potencias europeas conceder a España, una potencia de poca consideración, lo que resultaría amenazante conceder a Alemania o a Francia (Tratado de Algeciras, 7 de abril de 1906). La exigencia de un nuevo esfuerzo militar llevó a movilizar grandes contingentes de reclutas obligatorios (con el injusto sistema de quintas y la exclusión de los que pagaran la cuota de 6000 reales). Las movilizaciones antimilitaristas provocaron una grave sublevación en Barcelona en julio de 1909 (la Semana Trágica), que amenazó con extenderse y tuvo que ser sofocada con el ejército y la llamada de los reservistas. Los disturbios tuvieron un fuerte componente anticlerical, promovido por el dirigente radical Alejandro Lerroux (jóvenes bárbaros), con quema de conventos e iglesias. El gobierno conservador de Antonio Maura declaró el estado de sitio en todo el país, y se detuvo a miles de personas, a las que se aplicó la jurisdicción militar y se sometió a consejos de guerra. El más sonado fue el de Francisco Ferrer Guardia, creador de las escuelas modernas anarquistas. A pesar de las protestas de la opinión pública internacional, se cumplió la sentencia, que le condenaba a muerte como responsable de la instigación de los disturbios (13 de octubre). La presión sobre Maura le obligó a dimitir (21 de octubre).
El turno de los liberales llevó al gobierno a José Canalejas, que procuró frenar las reivindicaciones populares mediante reformas legislativas, como la obligatoriedad del servicio militar que acabara con la injusticia del soldado de cuota y frenara el creciente antimilitarismo, y el intento de frenar el creciente anticlericalismo reforzando el carácter laico del Estado. Ante la negativa papal a negociar el Concordato de 1851, optó por limitar unilateralmente la actividad de las órdenes religiosas (Ley del Candado, diciembre de 1910). La orientación social de las medidas gubernamentales incluyeron la sustitución de los consumos por un impuesto progresivo sobre las rentas urbanas y un impulso a la enseñanza primaria. No obstante, cuando tuvo que hacer frente a estallidos sociales, no dudó en emplearse con firmeza, como en la militarización que acabó con la huelga de los ferroviarios de 1912.
Primera Guerra Mundial y Crisis de 1917
La crisis de 1917 estalló como consecuencia de cuatro graves problemas: el problema político (inadecuación de las instituciones a una sociedad cada vez más moderna y una opinión pública cada vez más consciente, sobre todo en las zonas urbanas no sometidas al caciquismo), el problema económico-social (descenso del nivel de vida e intensificación de las reivindicaciones obreras), el problema militar (descontento de la oficialidad media y baja por la política de ascensos y por el descenso de los salarios reales), y el problema catalán (incremento de la presión regionalista, respondida por la presión de los militares españolistas desde el asunto del ¡Cu-Cut!, de 1905). Una asamblea de diputados reunida en Barcelona planteó la posibilidad de una alternativa a los partidos dinásticos y la regeneración del régimen político. Simultáneamente se produjo una huelga general (convocada por la UGT y apoyada por la CNT). El gobierno conservador de Eduardo Dato contestó con la represión, enviando a prisión o al exilio a los dirigentes de las protestas (los socialistas Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro, Indalecio Prieto, Andrés Saborit y Daniel Anguiano o el republicano Marcelino Domingo—todos ellos con gran futuro político—). Se formó un gobierno de concentración de liberales y conservadores, y las siguientes elecciones arrojaron resultados inciertos.
El fin del ciclo económico coincidió con el fin de la Primera Guerra Mundial y la catástrofe demográfica de la denominada gripe española (la prensa española, a diferencia de la de los países beligerantes, no estaba sometida a censura de guerra y podía informar de la epidemia). No obstante, a esas alturas del siglo XX las cifras demográficas de los años "normales" ya respondían a las de una transición demográfica iniciada, con una creciente población urbana; y los datos de la estructura económica a las de un país inmerso en un proceso de industrialización, con la mayor parte de la fuerza de trabajo a disposición del mercado, más allá de los circuitos aldeanos del autoabastecimiento, aunque con un claro atraso relativo, lejos de los niveles de desarrollo que ya habían convertido a algunos países en verdaderas sociedades de consumo.
A mi trabajo acudo, con mi dinero pagoel traje que me cubre y la mansión que habito,el pan que me alimenta y el lecho donde yago.Antonio Machado, Retrato.
Crisis de la Restauración (1917-1923)
Una imprudente maniobra militar en África, respaldada personalmente por el rey, condujo al desastre de Annual (22 de julio de 1921, con cerca de diez mil muertos). La investigación parlamentaria del escándalo (Expediente Picasso) amenazó con desestabilizar los centros de poder del sistema canovista: la monarquía y el ejército.
Simultáneamente, se asistía a un recrudecimiento de los conflictos sociales, tanto en zonas urbanas como rurales: los denominados trienio bolchevique de Andalucía (huelgas y revueltas campesinas que llevaron a la declaración del estado de guerra en mayo de 1919) y años de plomo de Barcelona (caracterizados por el pistolerismo de la patronal y la acción directa o violencia anarquista de grupos de trabajadores, y la política de dura represión contra éstos del gobernador Severiano Martínez Anido, que enrarecían cada vez más la vida social catalana).
El capitán general de Barcelona, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923, con la inmediata aceptación del rey, sin que hubiera fuertes reacciones de oposición ni en la esfera política ni en la social, mientras que los intelectuales se dividían: oposición de Unamuno (que fue desterrado) y aceptación de Ortega.
... yo actuaba por iniciativa propia. No tengo cómplices. Consideraba que si llegaba a cumplir mi objetivo de matar al rey, provocaría una revolución en España. No es por odio personal al soberano por lo que me proponía actuar, pues lo respeto como hombre pero no como rey y estimo que su desaparición podría ayudar a la salvación de España.Confesión de Buenaventura Durruti ante la policía francesa, junio de 1926.
Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
Se impuso entonces una dictadura que, en los primeros años, recibió toda clase de apoyos sociales, desde la burguesía catalana hasta la UGT de Largo Caballero, mientras los partidos dinásticos aceptaban la suspensión de la Constitución. La popularidad del régimen quedó fortalecida con una solución militar, en forma de operación de gran envergadura, al problema de Marruecos, para la que se contó con la ayuda de Francia: el desembarco de Alhucemas (8 de septiembre de 1925). Se nacionalizaron sectores estratégicos, como el petrolífero y el telefónico, en los que se establecieron grandes compañías monopolísiticas (CAMPSA y la Compañía Telefónica Nacional). Una ambiciosa política de obras públicas de espíritu regeneracionista (construcción de carreteras y embalses, regadíos, repoblación forestal) dinamizó el empleo y la actividad económica, una vez establecida por la fuerza la paz social. Parecían ser las virtudes terapéuticas del cirujano de hierro que había pronosticado Joaquín Costa.71
Con el tiempo, el régimen fue derivando en un corporativismo que en algunos extremos recordaba a la Italia fascista de Mussolini, incluso con la creación de un movimiento político con vocación de partido único (partido político, pero apolítico: la Unión Patriótica). La sustitución del inicial directorio militar por un directorio civil (3 de diciembre de 1925), que incluyó a políticos ajenos a los partidos tradicionales (José Calvo Sotelo, Galo Ponte, Eduardo Callejo), inició una institucionalización del régimen (fundación de la Organización Corporativa Nacional(1926), convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva (1927), inicio de la redacción de un nuevo texto constitucional —la Constitución de 1929, que no llegó a completarse—), que cada vez demostraba más intenciones de prolongarse en el tiempo, frente a su pretendida provisionalidad inicial.
La mala gestión de la política monetaria impidió desarrollar el programa de obras públicas, y las dificultades económicas se sumaron a la pérdida de popularidad del dictador, cada vez más criticado por una oposición creciente, especialmente entre la juventud universitaria, los intelectuales y el movimiento obrero; mientras se fraguaba una conspiración política entre los partidos republicanos y el socialista. Ante la falta de apoyos, la situación de Primo de Rivera se hizo insostenible, y optó por renunciar y salir al exilio (28 de enero en 1930).
Dictablanda y crisis final de la monarquía (1930-1931)
La unidad de acción de los políticos republicanos de diferentes orientaciones, a partir del Pacto de San Sebastián (17 de agosto de 1930), les permitía desafiar con ventaja al cada vez más débil gobierno y ofrecerse como una verosímil alternativa de poder.
En este contexto, el nuevo presidente, el almirante Aznar, optó por un restablecimiento paulatino de las prácticas democráticas, comenzando por la celebración de elecciones municipales el 12 de abril, un escenario político más proclive a la recomposición del tradicional control de las redes clientelares sobre el poder local. Los partidos republicanos y el PSOE constituyeron un bloque electoral que recibió el apoyo de la UGT. En Cataluña los partidos dinásticos se aliaron con la Lliga, mientras que a los partidos de oposición de ámbito nacional se sumaba la recientemente creada Esquerra Republicana de Catalunya (Francesc Macià). La CNT aplicó la ortodoxia ideológica anarquista, que consideraba contraproducente intervenir en las instituciones políticas burguesas; mientras que el Partido Comunista de España (PCE, escindido del PSOE como resultado de formación de la Tercera Internacional prosoviética) era aún un partido de muy escasa entidad. A pesar de que tanto en número de votos como en número de ayuntamientos los candidatos monárquicos ganaron, a nadie se le ocultaba que la mayor parte de las circunscripciones (pueblos sometidos al caciquismo y sin verdadera libertad de voto), no podían ser consideradas del mismo modo que las ciudades, donde ganaron con holgura las listas republicano-socialistas. En vista de los resultados, el 14 de abril, en un ambiente festivo y popular, la multitud llenó las calles de todas las ciudades ondeando banderas tricolores (la bandera republicana sustituía la banda inferior roja por otra morada), mientras destacados políticos republicanos, ante el desbordamiento y la inacción de las autoridades, se hacían con el control de edificios públicos proclamando la República. El rey optó por no forzar una respuesta represiva que no hubiera contado con el apoyo del ejército ni de los partidos dinásticos, y se exilió, renunciando al ejercicio de sus poderes aunque sin abdicar formalmente.
Por Fígaro.
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