Transición Democrática (1975-1982)
Segundo gobierno de Carlos Arias Navarro (1975-1976)
Carlos Arias Navarro, que había sido el último presidente del gobierno de Franco, es confirmado en tal puesto por Juan Carlos I. Tras un discurso aperturista que fue denominado espíritu del 12 de febrero, se produce una clara involución en respuesta a las presiones del bunker (gironazo). En pocos meses queda clara la pérdida de confianza del rey en Arias Navarro, hasta que obtiene su dimisión. Junto con Torcuato Fernández Miranda, el rey obtiene de las instituciones encargadas de presentar la terna de candidatos a la presidencia del gobierno la introducción del nombre de Adolfo Suárez, un personaje relativamente oscuro procedente de la familia azul.
Gobiernos de Adolfo Suárez (1976-1981)
Los reyes de España reciben al presidente de México José López Portillo en octubre de 1977, tras la reanudación de las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 1939. México se había destacado como refugio del exilio republicano español.
Santiago Carrillo y Rafael Alberti en 1978. El prestigioso poeta comunista ocupó junto a La Pasionaria la mesa de edad de las primeras cortes democráticas, a pesar de los decepcionantes resultados del PCE.
Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras y diputados por el PSOE y el PCE durante los años setenta y ochenta (la fotografía es de 2008).
Ante la sorpresa de franquistas y opositores, que no se esperaban tal nombramiento, inicia un rápido desmontaje del edificio insititucional franquista, que implicaba el denominado harakiri de las Cortes y la convocatoria de un referéndum para la aprobación de la Ley para la Reforma Política. El debate entre reforma y ruptura preside los movimientos políticos de grupos de todo el espectro político, desde los partidarios del mantenimiento del franquismo puro (el bunker) hasta los partidarios de la recuperación de la legitimidad republicana sin ningún tipo de concesiones; no obstante, fueron los grupos que demostraron mayor flexibilidad y moderación los que demostraron tener mayor apoyo social y capacidad política.
El problema del terrorismo se recrudecía; tanto el procedente de la oposición al franquismo (ETA —de ideología marxista-leninista y nacionalista vasca—, y los GRAPO —de ideología maoísta—) como el de extrema derecha, cuya práctica simultánea parecía obedecer a la denominada espiral acción-represión prevista por la teoría de los movimientos insurreccionales, de amplia difusión en la época, con el objetivo de provocar la involución política, en forma de un golpe de estado militar. Especialmente violento fue el mes de enero de 1977, cuando coincidieron altercados callejeros entre manifestantes y contramanifestantes (con varios muertos) con secuestros de militares y altos cargos, asesinatos de policías y de abogados laboralistas (matanza de Atocha). Tras la manifestación de duelo, controlada por el Partido Comunista de España, en el entierro de los abogados, se incrementa el prestigio de Santiago Carrillo como interlocutor necesario para el gobierno. Tras unos meses de negociaciones clandestinas, en plenas vacaciones de Semana Santa se produce la legalización del PCE, lo que es visto como una traición por una parte importante del ejército, que a pesar de ello mantuvo mayoritariamente la disciplina (en buena parte como resultado del esfuerzo del vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado). Como contrapartida exigida por Suárez, Carrillo, en una multitudinaria rueda de prensa, comunicó que su partido renunciaba a la bandera republicana y aceptaba la monarquía parlamentaria y el concepto de unidad de España; se pretendía que los militares aceptaran que un partido homologado con los partidos comunistas de Europa Occidental (con los que había construido el concepto de eurocomunismo) no iba a implicarse en una aventura revolucionaria de carácter leninista en pos de la dictadura del proletariado y no representaría una amenaza a la que hubiera que responder violentamente.
Seguidamente se convocaron las elecciones generales de 1977, las primeras elecciones libres en cuarenta y dos años, que fueron ganadas por Unión de Centro Democrático, un partido improvisado en torno a la figura de Suárez, que dispuso de una cómoda mayoría relativa. Contra los pronósticos más extendidos, el principal partido de la oposición no fue el PCE, sino el PSOE, un partido socialdemócrata apoyado por la Internacional Socialista (y que posteriormente renunció al marxismo). La extrema derecha no obtuvo representación, reduciéndose el campo del franquismo al modesto resultado de la Alianza Popular de Manuel Fraga Iribarne, considerado el más aperturista dentro del régimen anterior. Ningún éxito tuvieron los líderes democristianos o liberales que meses antes parecían predestinados a ocupar el gobierno (José María de Areilza o Joaquín Ruiz-Giménez), eclipsados hábilmente por las maniobras de Suárez previas a las elecciones, y que contaban con el apoyo del equipo de confianza política formado en torno al rey.
En 1977 se firmaron, por la gran mayoría de los partidos con representación parlamentaria, los pactos de la Moncloa donde se acordaron reformas sociales y económicas para combatir la crisis, que estaba afectando de forma grave al empleo y la inflación, y que asentaron el modelo de economía social de mercado que sancionó la Constiución. Mediante consenso se redactó la Constitución de 1978 que sería aprobada ese mismo año en referéndum. España se definía como un Estado social y democrático de derecho, con vocación de homologarse con el Estado del bienestar en su versión europea occidental; y reconocía el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, un concepto de suficiente ambigüedad como para permitir no frustrar el acuerdo de una amplísima mayoría política, social y territorial. La transición española se propuso internacionalmente como un modelo a seguir, que implicaba un amplio consenso, la garantía de las libertades públicas, la moderación en las reivindicaciones sociales, la renuncia a la satisfacción de agravios del pasado y una generosa amnistía (que en ese momento se planteó como garantía de la vuelta de los exiliados, y posteriormente serviría para garantizar la no persecución de los crímenes atribuibles a la represión del franquismo).
El primer presidente de la democracia española, Adolfo Suarez en la tribuna del Congreso de los Diputados (30 de marzo de 1979).
Las elecciones de 1979 incrementaron el número de diputados de UCD, sin llegar a la mayoría absoluta, permitiendo la confirmación de Adolfo Suárez en la presidencia del gobierno. La normalización del sistema político implicaba continuar con el iniciado proceso preautonómico, que se sustanció en la aprobación de los estatutos de autonomía de las regiones a las que la Constitución reconocía, por razones que denominaba históricas (haber dispuesto de autonomía en la Segunda República o haber iniciado los trámites para ello), un procedimiento privativo para alcanzar el máximo techo competencial: Cataluña y Euskadi (ambos aprobados el 18 de diciembre de 1979), además del previsto para Galicia, que lo hizo posteriormente. En las elecciones a sus parlamentos autónomos, las candidaturas de UCD sufrieron una significativa derrota, en beneficio de los partidos nacionalistas periféricos (Convergència i Unió en las de Cataluña y PNV en las de Euskadi). El referéndum andaluz (28 de febrero de 1980), independientemente de su confuso resultado, implicó una derrota del gobierno y la evidencia de que no se podría impedir la generalización de las máximas competencias a las comunidades que así lo determinaran, dispusieran o no de algún tipo de hecho diferencial de naturaleza histórica o de cualquier otra (lo que el ministro Manuel Clavero Arévalo, dimitido por esta cuestión, denominó café para todos). Otras leyes importantes, aprobadas en medio de la contestación social, fueron el Estatuto de los trabajadores y el Estatuto de centros docentes. Las negociaciones para la entrada en la Comunidad Económica Europea se prolongaban ante las reticencias de algunos países (especialmente Francia), lo que, sumado al incremento del paro y de la inflación, en medio de la segunda crisis del petróleo, contribuyó a dibujar un sombrío panorama, en el que hay que resaltar los denominados «años de plomo», la banda terrorista ETA asesinó durante los años 1978 a 1980 a 240 personas, especialmente a miembros del ejército, la guardia civil y la policía. El año más sanguinario de los etarras fue 1980, fecha en el que asesinaron a 91 personas. La situación política era cada vez más insostenible. El PSOE presentó una moción de censura, que fue rechazada, pero evidenció la soledad del gobierno. Dentro del propio partido que lo apoyaba, la UCD, las diferentes familias (democristianos, liberales, socialdemócratas) comenzaron a exhibir sin disimulo diferencias de criterio cada vez mayores entre ellos y con el presidente. También el propio rey dejó que se divulgara su malestar por la situación política y su pérdida de confianza en Suárez, y de esa forma se interpretó su mensaje de Navidad de 1980, a pesar de que tal función no corresponde al rey en la Constitución. Para comienzos de 1981, Suárez entendió que no tenía otra salida que dimitir.
Golpe del 23 F y gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo (1981-1982)
Leopoldo Calvo Sotelo fue el presidente de gobierno de mandato más breve de la democracia.
La dimisión de Adolfo Suárez, que había perdido la confianza de la mayor parte de los dirigentes de su propio partido, precipitó los preparativos previos para un golpe de estado, y durante la sesión de investidura de su sustituto, Leopoldo Calvo-Sotelo (23 de febrero de 1981, un destacamento de guardias civiles dirigidos por Antonio Tejero ocupó el Congreso y secuestró a los diputados y al gobierno en pleno. Simultáneamente Jaime Milans del Bosch ocupó militarmente la ciudad de Valencia y Alfonso Armada, antiguo secretario de la casa real, intentaba obtener el apoyo del rey para formar un gobierno de concentración cívico-militar. La oposición del rey y la descoordinación y diferencia de objetivos entre los propios golpistas impidieron que la mayoría de las autoridades militares se les unieran, y al día siguiente se rindieron.
Entre los hechos más destacados del gobierno de Calvo Sotelo estuvo la integración de España en la OTAN (30 de mayo de 1982) y la aprobación de la ley del divorcio (22 de junio de 1981), impulsada por el ministro Francisco Fernández Ordóñez y que había suscitado una intensa oposición de la Conferencia Episcopal Española, convirtiéndose en una de las principales causas de discrepancia dentro del partido del gobierno. El proceso autonómico intentó armonizarse mediante la LOAPA (30 de junio de 1982), una ley restrictiva que posteriormente fue desmontada en aspectos esenciales por el Tribunal Constitucional (13 de agosto de 1983).
Gobiernos de Felipe González (1982-1996)
Felipe González junto al Primer Ministro de Israel, Shimon Peres en 1986.
González junto al Canciller de Alemania, Helmut Kohl en 1993.
En las elecciones generales celebradas el 28 de octubre de 1982 el PSOE, liderado por Felipe González, obtuvo una mayoría absoluta (202 escaños) al lograr más de 10 millones de votos —un 48% de apoyo de los votantes—. Alianza Popular (AP) se constituyó con 106 escaños en la segunda fuerza política. Mientras el hundimiento de UCD y el PCE —que obtuvieron once y cuatro escaños, respectivamente— presidía la tendencia de bipartidismo que iba a presidir a partir de entonces la vida política española.
El nuevo gobierno tuvo que hacer frente a la crisis económica, al tiempo que implantaba medidas propias de un estado de bienestar de orientación socialdemócrata incrementando el gasto público en políticas sociales (universalización de la sanidad con la Ley General de Sanidad de 1986, incremento de las pensiones y de la cobertura del desempleo, LOGSE de 1990 (—que extendió la escolarización obligatoria hasta los 16 años—). Los efectos negativos en el empleo de la reconversión y reestructuración industrial, sumados a otras medidas liberalizadoras, como la flexibilización del mercado laboral o de los horarios comerciales, provocó la oposición radical de los sindicatos UGT y CCOO, que convocaron la huelga general del 14 de diciembre de 1988, que paralizó al país. El distanciamiento se había hecho evidente desde que el histórico líder de la UGT, Nicolás Redondo, dimitió como diputado del PSOE 1987 tras votar en contra de los presupuestos. En junio de 1992 y enero de 1994 se volvieron a repetir convocatorias sindicales de huelga general contra gobiernos socialistas.
Se controló la inflación y se mejoró la política fiscal (creación de la Agencia Tributaria), reorganizando las cuentas públicas de modo que se facilitó el ingreso en la Comunidad Económica Europea, cuyo tratado de adhesión se firmó en junio de 1985 (entrada oficial el 1 de enero de 1986). El 12 de marzo de 1986 se garantizó la permanencia en la OTAN mediante un referéndum al que Felipe González se había comprometido cuando estaba aún en la oposición.
Se duplicó la renta per cápita al tiempo que aumentaba la población activa y la incorporación de la mujer al mundo laboral. El saldo migratorio, tradicionalmente negativo, pasó a ser positivo, convirtiéndose España en el mayor receptor de inmigrantes de Europa y uno de los mayores receptores del mundo. Se aprovecharon los fondos de cohesión que se habían obtenido de las instituciones comunitarias para mejorar las infraestructuras básicas. La fragilidad del crecimiento económico, en un periodo que se denominó del pelotazo, por lo fácilmente que se producía la especulación, conllevó desequilibrios financieros que obligaron a realizar varias devaluaciones en los años noventa.
El proceso autonómico se cerró con la configuración de diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas, que comenzaron a dotarse de instituciones y legislación propia, y coordinarse con las estatales y municipales, mediante negociaciones de gran complejidad, especialmente las relativas a la financiación.
Seguía existiendo el problema del terrorismo de ETA, organización que perpetró en 1987 dos matanzas; en un centro comercial de Barcelona y en la Casa Cuartel de Zaragoza. Debido a ello, el gobierno socialista intentó todo tipo de soluciones: la presión política interna basada en el consenso entre los partidos democráticos (Acuerdo de Madrid sobre Terrorismo de 5 de noviembre de 1987 y Pacto de Ajuria Enea de 12 de enero de 1988), el intento de negociación (tregua de ETA de 1988 —8 de enero— o conversaciones de Argel —iniciadas anteriormente y mantenidas hasta el 4 de abril de 1988—), y la colaboración policial y judicial francesa (vinculada a la mejora de relaciones políticas y económicas). Como posteriormente se demostró (en un proceso judicial impulsado entre otros por El Mundo —un periódico de orientación derechista— y por el juez Garzón —reingresado en la carrera judicial tras un breve y conflictivo paso por la política como diputado del PSOE—), varios altos cargos de los primeros gobiernos socialistas (entre ellos el ministro José Barrionuevo y el secretario de seguridad Rafael Vera) habían impulsado entre 1982 y 1986 un terrorismo de Estado o guerra sucia mediante la actividad de los denominados Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que realizaron varios atentados en territorio francés contra miembros de ETA.
La Legislatura en minoría (1993-1996)
«El 92» constituyó una conjunción de acontecimientos de tal envergadura, que tardará mucho tiempo en repetirse en España —Juegos Olímpicos de Barcelona y Exposición Universal de Sevilla—, que además supuso la realización de importantes infraestructuras viarias —como la primera línea de ferrocarril de alta velocidad (AVE) que unió Madrid con Sevilla—. Tras ese irrepetible año se inició un periodo de crisis que perduraría hasta 1997. A la crisis económica (—A finales de 1993 la tasa de desempleo alcanzó una tasa del 24%— y en menos de un año se llevaron a cabo tres devaluaciones sucesivas de la peseta) se le unió los excesivos gastos extraordinarios destinados por la Administración pública realizados para los «fastos del 92».
Foto en familia del gobierno socialista en la V Legislatura (14 de julio de 1993).
La V Legislatura estuvo marcada por un clima de crispación política generada por el conocimiento a la opinión pública de casos de corrupción que afectaban de forma directa al gobierno del Estado. Entre ellos, el del director de la Guardia Civil, Luis Roldán —malversación de fondos públicos— y posterior huida del país, y el del Gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, que fue juzgado. Paralelamente, las denuncias de corrupción implicaron a altos cargos de la Administración y gobierno por sus responsabilidades políticas, y las investigación judiciales tuvieron continuidad con figuras de la empresa privada. Entre ellos, Mario Conde, después de la intervención del Banco de España a la entidad bancaria que presidía, Banesto; y Javier de la Rosa, financiero significado a partir de su intervención en la multinacional de Kuwait KIO.
En 1995, aparecieron nuevos escándalos asociados al gobierno: las nuevas declaraciones de los inculpados en el «caso GAL», José Amedo y Míchel Rodríguez, provocaron la reapertura del caso por parte del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Éste caso, alcanzó a José Barrionuevo y Rafael Vera, ministro y secretario de Estado, respectivamente, del Ministerio del Interior de la I Legislatura de González; ambos fueron juzgados por el Tribunal Supremo y condenados a penas de prisión por secuestro y malversación de fondos en 1998.
El 28 de mayo de 1995, se celebraron elecciones municipales, celebradas en todo el Estado y autonómicas celebradas ese mismo día en todas las Comunidades menos en Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco, el Partido Popular logró la victoria en diez Comunidades Autónomas y ser el partido más votado en 42 capitales de provincia —por primera vez en su historia lograba vencer en unas elecciones de ámbito nacional—.
Ante la vorágine de los casos de corrupción, unidas al incumplimiento de los parámetros exigidos para la convergencia europea según los acuerdos de Maastricht, producen el distanciamiento entre CiU y el PSOE. Rechazada la ley de Presupuestos de Generales del Estado en el Congreso por la falta de apoyo de Convergència i Unió, Felipe González disolvió las Cortes y convocó elecciones generales anticipadas.
Gobiernos de José María Aznar (1996-2004)
Aznar y González en un apretón de manos en los jardines de La Moncloa antes de tratar el traspaso de poderes (marzo de 1996).
Aznar con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el 22 de mayo de 2001.
El 3 de marzo de 1996, el Partido Popular de José María Aznar vence en las elecciones generales aunque por una mayoría mínima. El PP obtuvo 156 escaños y el PSOE, 141. La diferencia de votos entre ambas formaciones se situó en torno a los 300 000 votos. Debido a ello, para su investidura como presidente del Gobierno tuvo que pactar con CiU (—con la que tuvo una ardua negociación que finalizó con los pactos del Majestic—), el PNV y Coalición Canaria (CC).
El nuevo gobierno del PP se propuso cumplir los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht para que la economía española se incorporara al grupo de países que compartirían la nueva moneda europea: el euro. La recuperación económica se consolidó en la primera etapa popular. Una política antiinflacionista y de rigor presupuestario practicada por Rodrigo Rato, la privatización de empresas estatales y la excelente coyuntura internacional posibilitaron una etapa de crecimiento económico; descendiendo el paro y la inflación. En 1999, con los criterios cumplidos en su mayor parte, España fue aceptada como miembro de la eurozona, estableciéndose una cotización de 166.386 pesetas por euro. Las monedas y billetes de peseta dejaron de circular el 1 de marzo de 2002.
El éxito policial que supuso la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara que sufrió el secuestro más largo por parte de la banda terrorista ETA (532 días) y en condiciones infrahumanas el 1 de julio de 1997 se ensombreció inmediatamente transcurridos diez días después. El 10 de julio, ETA secuestró al concejal del PP en la localidad vizcaína de Ermua (País Vasco) Miguel Ángel Blanco. El chantaje impuesto por los terroristas resultó inaceptable para el Gobierno de Aznar —el traslado de más de 500 presos etarras a las cárceles del País Vasco en el plazo de dos días—. Tras 48 horas de angustiosa espera, en las que millones de españoles se movilizaron en multitudinarias manifestaciones —en Bilbao celebró hasta aquel momento la mayor manifestación de su historia— el 12 de julio los asesinos de ETA acabaron con su vida. La situación de la banda terrorista se había deteriorado incluso entre parte de sus bases sociales del País Vasco. Se planteó un cambio de estrategia que los partidos nacionalistas hacen público: el Pacto de Lizarra (12 de septiembre de 1998). Firmado por el PNV, EA, Herri Batasuna e IU-Ezquer Batúa —el pacto es un plan secesionista que se comprometía a dialogar sobre algunos postulados etarras—. Cuatro días después, el día 16 por primera vez en su historia la banda terrorista ETA declaraba una «tregua indefinida» lo que llevó al gobierno a aceptar el inicio de unas conversaciones (noviembre de ese mismo año) que no condujeron a ningún resultado positivo, y que posteriormente el ministro Mayor Oreja denominó tregua trampa (septiembre de 1999). El 28 de noviembre de 1999, la organización terrorista ETA rompió la tregua.
Aznar junto al presidente estadounidense George W. Bush tras una rueda de prensa en su rancho de Crawford (Texas). Febrero de 2003.
En las elecciones generales de 2000 el PP consiguió la mayoría absoluta, lo que le permitió llevar a cabo su política sin el condicionante de la búsqueda de apoyos en los partidos nacionalistas periféricos. El año 2000 acabó tras una brutal ofensiva etarra en la que fueron asesinadas 23 personas. La oposición sindical al nuevo decreto reforma laboral se sustanció en la huelga general del 20-J (2002). Se suprimió el servicio militar obligatorio y se impulsó el Plan Hidrológico Nacional.
En política exterior, Aznar se alineó claramente con los Estados Unidos, convirtiéndose en uno de sus principales aliados europeos (trío de las Azores) en los conflictos posteriores al ataque terrorista contra EE. UU. (11-S): la guerra de Afganistán y la guerra de Irak. El desastre ecológico provocado por el accidente del petrolero Prestige (2002-2004, posiblemente agravado por la confusa gestión política, que generó el movimiento de protesta Nunca Mais) se sumó al escándalo consiguiente al accidente del Yak-42 (avión que se estrelló en Turquía —26 de mayo de 2003— trasladando tropas españolas desde Afganistán hasta España, cuya precipitada e irregular identificación generó el descontento de los familiares y un proceso judicial) y a la gran oposición de la opinión pública al apoyo de Aznar a la Administración Bush en su invasión de Irak, sin el consentimiento de la ONU (movimiento de protesta No a la guerra), desprestigiando al gobierno y al Partido Popular, que no obstante consiguió mantener unos aceptables resultados en las elecciones autonómicas y municipales de 2003, ganadas en número de votos por el PSOE (7.999. 178 votos frente a 7.875.762 del PP).
Aznar se había comprometido a no presentarse a una tercera convocatoria electoral. Para sustituirle como candidato se barajaban tres nombres: Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy, quien fue finalmente elegido por el propio presidente.
Tres días antes de las elecciones generales de 2004, se produjeron los atentados del 11-M contra varios trenes de cercanías en Madrid, con el resultado de 191 muertos y 1858 heridos —el peor ataque terrorista de la historia de España y de Europa en tiempos de paz—. Los atentados conmocionaron al país y produjeron la confusión del propio gobierno, que en un primer momento los atribuyó a ETA. Tras una manifestación unitaria de repulsa celebrada el día siguiente, que sacó a la calle a más de 12 millones de personas en todo el país, y a medida que comenzaron a conocerse evidencias de que los atentados eran obra del terrorismo islámico (posteriormente discutidas por los medios de comunicación —especialmente el periódico El Mundo— que siguen sosteniendo teorías alternativas a la investigación judicial), el descontento y la idea de que se estaba ocultando información sobre la autoría comenzó a desplazarse contra el gobierno, y el mismo día de reflexión se convocaron manifestaciones ilegales frente a las sedes del Partido Popular. En las elecciones generales del 14 de marzo, el PSOE de Rodríguez Zapatero lograba un inesperado éxito electoral. La participación fue muy alta, superior al 77 % y en donde el PSOE obtuvo más de 10 900 000 votos y 164 escaños. El derrotado por este voto de castigo fue Mariano Rajoy, cabeza de lista del PP.
Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)
Zapatero en un apretón de manos con el presidente de Rusia, Dmitri Medvédev.
José Luis Rodríguez Zapatero se significó en el segundo día de su mandato con una decisión de gran impacto internacional: la retirada de las tropas españolas de Irak, en cumplimento de su promesa electoral, aunque sorprendente por su inmediatez, comunicada antes incluso de la formación de su gobierno. En política interior, la subida del salario mínimo interprofesional (uno de los más bajos de Europa) abrió el camino de otras reformas sociales entre las que destacaba la autorización del matrimonio homosexual (30 de junio de 2005), muy protestado por la Iglesia Católica; y la ley de dependencia (30 de noviembre de 2006). Otras medidas sociales de gran impacto fueron la introducción del carnet por puntos para la sanción de infracciones de tráfico (2006) y las sucesivas ampliaciones de la prohibición de fumar (2006 y 2011), que se terminaron extendiendo a la práctica totalidad de los espacios públicos. Otras cuestiones se aplazaron para la siguiente legislatura, como la reforma de la ley del aborto (24 de febrero de 2010).
Ante la ONU, Zapatero propuso la Alianza de civilizaciones, una iniciativa de colaboración internacional que colideró con el presidente turco Erdogan. La aprobación en referéndum de la constitución europea el 20 de febrero de 2005 fue inoperante, dado el fracaso de mecanismos similares en Francia y los Países Bajos.
Varias comunidades iniciaron el procedimiento de reforma de sus estatutos de autonomía. El denominado Plan Ibarretxe, no planteado como una reforma estatutaria sino como una iniciativa soberanista para el País Vasco, fue rechazado por las Cortes (1 de febrero de 2005). La reforma del Estatuto catalán fue aún más polémica; a pesar de superar todos los trámites legislativos con distintas modificaciones y entrar en vigor tras el referéndum del 18 de junio de 2006, fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad tramitado de forma accidentada por el Tribunal Constitucional, que no emitió su fallo hasta el 28 de junio de 2010, interpretando restrictivamente ciertas partes del texto e invalidando otras.
Durante casi todo el año 2006 se llevaron a cabo contactos del gobierno con ETA en un contexto de «alto el fuego permanente» declarada por el grupo terrorista y de protestas del Partido Popular, la Asociación de Víctimas del Terrorismo y los medios de comunicación de orientación conservadora; y que se demostraron infructuosos tras el atentado de la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas en el que murieron dos personas (30 de diciembre de 2006). Más eficacia demostró la presión policial, judicial e internacional, que consiguió la detención consecutiva de los equipos dirigentes que se sucedieron en la cúpula de la banda terrorista; y el impedimento, mediante reformas legislativas y decisiones judiciales, de que las agrupaciones políticas organizadas en torno a ETA obtuvieran representación política en ayuntamientos y parlamentos, al ser ilegalizadas parcial o totalmente en unas u otras convocatorias electorales (especialmente desde el Pacto Antiterrorista de 2000 y la Ley de Partidos de 2002, ambas con el consenso de PP y PSOE, que se mantuvo, con tensiones puntuales, con ambos partidos en posición de oposición o de gobierno).
Durante una cumbre iberoamericana se produjo un incidente verbal entre el rey y el presidente venezolano Hugo Chávez, que llegó a hacerse muy popular («¿Por qué no te callas?», 10 de noviembre de 2007); y que se utiliza como ejemplo de la complejidad de las relaciones entre España e Hispanoamérica. Estas relaciones, intensificadas tanto en lo económico como en lo político, son denunciadas como neocolonialistas por la corriente de opinión indigenista, mientras que la opinión conservadora dentro de España critica por contraproducente e ingenuo el mantenimiento de relaciones relativamente amistosas con el gobierno de Cuba y otros de orientación próxima, calificados de populistas y contrarios a los intereses españoles.
Tras las elecciones generales del 9 de marzo de 2008 (cuyos actos finales de campaña tuvieron que ser suspendidos ante el asesinato por ETA de Isaías Carrasco), se repitió la mayoría relativa del PSOE y el segundo puesto del PP. Ambos partidos aumentaron en número de diputados. Los partidos nacionalistas e Izquierda Unida disminuyeron su representación, al tiempo que aparecía un nuevo partido de ámbito nacional: Unión Progreso y Democracia, por el que Rosa Díez consiguió un acta de diputado.
El debate en torno a la Ley de Memoria Histórica, que provenía de la legislatura anterior, alcanzó su nivel máximo como consecuencia de la decisión del juez Garzón de iniciar un procedimiento judicial contra los crímenes del franquismo (16 de octubre de 2008); y la reacción contra él, que, además de su apartamiento de la causa, que no tuvo continuidad, se sustanció en tres procedimientos judiciales simultáneos por diversos motivos, unos ligados a ese asunto y otros ajenos, pero también de repercusión política, que llevaron a su suspensión como juez de la Audiencia Nacional, en medio de un escándalo internacional (14 de mayo de 2010).
La Puerta del Sol de Madrid fue el punto central de las protestas del movimiento de los indignados.
Valla de Melilla. Como frontera exterior de la Unión Europea, es uno de los puntos con mayor presión migratoria. Tras los años de auge económico (1997-2008) en que llegaron millones de inmigrantes hasta alcanzar más del 10 % de la población, la crisis económica volvió a convertir a España en un país de emigrantes. La mayor parte de estos eran inmigrantes que retornaban a sus países de origen; aunque un número considerable eran jóvenes españoles que buscaban mejores oportunidades en otros países. Las proyecciones plantean un futuro comprometido a la demografía española, en el que únicamente la emigración podría compensar el crecimiento vegetativo negativo y el envejecimiento.
La crisis económica-financiera mundial (iniciada en 2008) sumada a una crisis inmobiliaria nacional afectó de manera gravísima a la economía española, que tras experimentar el final de la denominada burbuja del ladrillo sufrió varios trimestres consecutivos de descenso del PIB y de incremento del paro, que llegó en el tercer trimestre de 2011 a la cifra histórica de cinco millones de desempleados (más del 20 % de la población activa) e incluso a la estructura demográfica, produciéndose por primera vez en décadas la inversión de los movimientos migratorios (mayor emigración que inmigración). La crisis de la deuda soberana en Grecia, convertida en una verdadera crisis de la eurozona, llevó a los gobiernos europeos, e incluso al presidente norteamericano Barak Obama, a exigir al español (que precisamente ocupaba durante ese semestre la presidencia rotativa de la UE) medidas drásticas de reducción del déficit público. La decisión de Zapatero (12 de mayo de 2010) de reducir el salario de los funcionarios y no incrementar las pensiones se calificó de una medida sin precedentes en la historia de la democracia española, cuestionándose el mantenimiento del modelo de Estado del bienestar. La presión de los mercados de deuda sobre los países periféricos de la Unión Europea (denominados PIGS) y la actitud exigente de la canciller alemana Angela Merkel impusieron incluso una reforma constitucional que se realizó de forma urgente el 23 de agosto de 2011, por consenso de los dos principales partidos españoles (PP y PSOE), cuando el presidente Zapatero ya había comunicado su intención de disolver las Cortes y convocar anticipadamente elecciones generales.
En las elecciones autonómicas catalanas (28 de noviembre de 2010), Convergencia i Unió obtuvo una victoria sin mayoría absoluta, que fue suficiente para que Artur Mas fuera nombrado presidente de la Generalidad, desplazando al anterior gobierno tripartito de izquierdas.
Las siguientes convocatorias electorales dieron la victoria al Partido Popular, que consiguió acumular un poder inédito en el periodo democrático, con mayorías absolutas en la mayor parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos (22 de mayo de 2011), y en el Congreso y el Senado desde el 20 de noviembre de 2011 (en la convocatoria electoral anticipada a la que no se presentó por el PSOE Zapatero, sino Alfredo Pérez Rubalcaba —que obtuvo los peores resultados de su partido desde 1977—, mientras se incrementaba la representación de partidos minoritarios como Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia.
La presencia en las instituciones vascas de la izquierda abertzale, con la denominación Bildu, que logró la alcaldía de San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa (elecciones municipales y a Juntas Generales, 22 de mayo de 2011), llevó a la convocatoria de una denominada Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián (17 de octubre de 2011), acogida con distintos grados de escepticismo por los demás grupos políticos y con presencia de personalidades internacionales. La declaración final de esa conferencia fue aprovechada por la banda terrorista ETA para anunciar «que ha decidido el cese definitivo de su actividad armada» (20 de octubre de 2011). Tras 829 víctimas mortales, ETA puso fin a 43 años de muerte y terror. El final de la barbarie etarra propició una notable representación electoral de la izquierda abertzale, con la denominación Amaiur, en las elecciones generales (20 de noviembre de 2011).
Desde el 15 de mayo de 2011, el «movimiento de los indignados» o del «15-M» ha protagonizado movilizaciones sociales de nuevo cuño, con características similares hasta cierto punto a otros movimientos de protesta simultáneos en otros países, como la Primavera Árabe o occupy Wall Street. Muy significativamente, el papel de las centrales sindicales mayoritarias en las protestas sociales se ha considerado como de bajo perfil, a pesar de la convocatoria de una huelga general contra las medidas de ajuste de mayo de 2010 o de las protestas contra los recortes en comunidades autónomas gobernadas por el PP desde mediados de 2011 (notablemente, contra las medidas tomadas por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para el comienzo del curso 2011-2012 —Marea Verde—). En cambio, fue mucho más notable (y negativo en la mayor parte de la opinión pública) el impacto social de huelgas salvajes como la del Metro de Madrid de junio de 2010 o la de los controladores aéreos de la navidad de 2010, que motivó una iniciativa gubernamental inédita: la declaración del estado de emergencia.
Primer gobierno de Mariano Rajoy (2011-2015)
Mariano Rajoy se dirige a la convención del Partido Popular Europeo el 8 de diciembre de 2011, tras su victoria electoral y pocos días antes de ser investido presidente del gobierno.
El 21 de diciembre de 2011, Mariano Rajoy tomaba posesión como presidente del gobierno. Ante la gravedad de la situación económica (recesión y paro, que no dejaron de incrementarse) y la urgencia de controlar el déficit público (cuyas cifras se desviaban notablemente de las declaradas hasta entonces, llegando a superar el 8 % del PIB), el nuevo gobierno del Partido Popular decidió subir los impuestos (IVA e IRPF), incrementar los "recortes" (reducción del gasto público en todas las partidas del gasto, incluyendo dependencia, sanidad, educación, investigación y desarrollo, etc.) e impulsar las "reformas" (particularmente la del mercado laboral —reducción del coste del despido y de la aplicación de los convenios—).
La crisis financiera obligó a la nacionalización de varias entidades, entre ellas Bankia (donde se habían fusionado varias cajas de ahorros afectadas por la denominada "burbuja inmobiliaria"), y a la petición (9 de junio de 2012) de un "rescate parcial" de la Unión Europea (inicialmente por un máximo de 100 000 millones de euros, que se concretaron en 39 000 millones en diciembre, entre rumores sobre la oportunidad de solicitar un "rescate total" de la economía española, según oscilaba la prima de riesgo —el diferencial con el interés del bono alemán a diez años—).
La contestación social fue encauzada por los sindicatos en dos huelgas generales (29-M y 14-N) y en numerosas huelgas sectoriales, junto a masivas movilizaciones de muy diferente base social (marea verde, 25-S: rodea el Congreso, protestas del ámbito sanitario y judicial). La única que consiguió una reacción política positiva fue la movilización contra los desahucios, centrada en la reivindicación de la dación en pago para las hipotecas.
También se incrementó la contestación de base territorial. Tras una masiva manifestación proindependentista en la Diada (11 de septiembre de 2012), Artur Mas convocó anticipadamente elecciones autonómicas (25 de noviembre), comprometiéndose a convocar un referéndum encaminado a convertir Cataluña en "un nuevo Estado de la Unión Europea". A pesar de los malos resultados para su fuerza política (perdió 12 escaños), el avance de Esquerra Republicana de Cataluña le permitió volver a ser investido presidente al pactar con estos un programa "soberanista". Las elecciones autonómicas vascas (21 de octubre) hicieron recuperar el poder al PNV (Íñigo Urkullu), con un programa más moderado, mientras que Bildu se situó como segunda fuerza política. Simultáneamente se celebraron las elecciones autonómicas gallegas, que revalidaron la mayoría absoluta del Partido Popular. También en las elecciones autonómicas andaluzas (25 de marzo) había sido el PP el partido más votado, pero el gobierno andaluz siguió ejerciéndose por el PSOE, a partir de entonces coaligado con Izquierda Unida.
Ninot fallero que representa el escándalo Bárcenas. El gesto obsceno efectivamente fue realizado por Luis Bárcenas ante la prensa tras volver de unas vacaciones de esquí en Canadá, en febrero de 2013.
Los escándalos de corrupción, cuya repercusión mediática se prolongaba por la lenta tramitación jurídica (los casos, ya de por sí complejos, se complican por la condición de aforados de algunos implicados, y permanecen abiertos años), afectaban a prácticamente todas las instituciones políticas, económicas y sociales: caso Bárcenas (el tesorero del PP, que habría recaudado donaciones ilegales de particulares y empresas —interesados en la contratación pública o en decisiones políticas—, destinándolas a la financiación del partido, a sobresueldos de sus dirigentes o a su propio enriquecimiento), caso de los ERE en Andalucía (utilización indebida de subvenciones públicas, que afectaba a miembros del PSOE, incluso a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán), caso Nóos (empresa de Iñaki Urdangarín, yerno del rey, que afectaba a comunidades autónomas y ayuntamientos, en su mayoría gobernados por el PP —Jaume Matas, de Baleares—), caso Gürtel (que afectaba al PP de Madrid y Valencia), caso Pujol (que afectaba al antiguo presidente de la Generalitat de Cataluña y su familia), caso Bankia (que, a través del escándalo de las preferentes, la fraudulenta salida a bolsa y las "tarjetas black", implicaba a todos los partidos y sindicatos representados en el consejo de Administración de la antigua Caja Madrid), etc.
El presidente del gobierno autonómico catalán, Artur Mas, anunció a finales de 2013 un proyecto de referéndum de autodeterminación de Cataluña para el 9 de noviembre del año siguiente. El movimiento independentista había liderado durante la Diada del 11 de septiembre otra multitudinaria manifestación, que en esa ocasión tomó la forma de una cadena humana de 400 km.
Las elecciones al Parlamento Europeo celebradas el 25 de mayo de 2014 sigificaron un fuerte castigo para los dos principales partidos, PP y PSOE, que perdieron respectivamente 2,6 y 2,5 millones de votos; sin alcanzar entre los dos a sumar la mitad de los votos (en las anteriores elecciones europeas de 2009 habían sumado el 81 %). La otra mitad de los votos se distribuyó entre las distintas candidaturas nacionalistas, La Izquierda Plural (10,03 % de los votos, formada alrededor de Izquierda Unida y de los Verdes) y un grupo de fuerzas emergentes entre las que destacó la candidatura Podemos (7,98 % de los votos, liderada por el profesor universitario Pablo Iglesias, creada en enero de ese mismo año como una de las iniciativas surgidas a partir del movimiento de los «indignados» del 15-M), mientras que UPyD (6,5 % de los votos) disputaba su espacio político con Ciudadanos (3,16 % de los sufragios) —en los meses siguientes se planteó la posibilidad de colaboración entre ambas fuerzas, pero los contactos no fructificaron y comenzó una grave crisis interna en UPyD, mientras crecían las expectativas de Ciudadanos.121
El prestigio de la familia real sufrió una notable erosión como resultado de varios escándalos: el protagonizado por la infanta Cristina (imputada, des-imputada y que finalmente declaró como imputada en el procesamiento de su marido Iñaki Urdangarín por delitos económicos) y los accidentes de uno de sus nietos (que, a pesar de ser menor, practicaba el tiro junto a su padre —divorciado de su madre, la infanta Elena—) y del propio rey Juan Carlos (durante una cacería de elefantes en Botswana que no había sido comunicada al Gobierno).
Reinado de Felipe VI (desde 2014)
Reunión de Felipe VI con el presidente de Estados Unidos Barack Obama, 23 de septiembre de 2014.
El 2 de junio de 2014 Juan Carlos I anunciaba su abdicación tras casi treinta y nueve años de reinado. La decisión la habría tomado cinco meses antes (coincidiendo con su 76 cumpleaños, durante la celebración de la Pascua militar, se evidenciaron sus dificultades para pronunciar un discurso) y fue comunicada al presidente del gobierno en un momento intermedio.
El jueves día 19 de ese mismo mes, el entonces príncipe de Asturias Felipe de Borbón juró la Constitución española ante las Cortes Generales y en ellas fue proclamado rey de España y reinará bajo el nombre de Felipe VI.
El 9 de noviembre de 2014 las autoridades autonómicas catalanas celebraron un referéndum independentista no aceptado por el Estado, de dispar interpretación en cuanto a su trascendencia y resultado (teniendo en cuenta que no había censo oficial, la participación se calcula en un 37 % de los posibles votantes, entre los que se incluían los extranjeros residentes y los jóvenes de más de 16 años —de los votos escrutados, el 80 % respondía "sí-sí" a las preguntas planteadas, sobre un posible Estado y su independencia—), y que tuvo consecuencias judiciales.
Manifestación independentista de la Diada del 11 de septiembre de 2013 en el tramo correspondiente a la plaza de Sant Jaume de Barcelona. Entre los asistentes, Francesc Homs, consejero de Presidencia, que al año siguiente estuvo entre los organizadores del referéndum independentista, por lo que fue imputado.
Las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015 confirmaron la crisis de los dos partidos principales (PP y PSOE), que aunque continuaban siéndolo, sumaban entre ambos poco más de la mitad de los votos cuando cuatro años antes sumaban dos tercios (particularmente, los votos al PP fueron 2,4 millones menos). En las principales ciudades, el gobierno municipal pasó a ser ejercido por candidaturas con origen en el movimiento de los «indignados» en las que participaba Podemos, y que contaron con el apoyo posterior de los partidos tradicionales de la izquierda: el alcalde de Madrid, del Partido Popular desde 1991, pasó a ser la ex juez y activista por los Derechos Humanos, Manuela Carmena(de la lista Ahora Madrid); el de Barcelona, socialista desde 1979 a 2011 y desde entonces de CiU, pasó a ser la activista anti-desahucios Ada Colau (de la lista Barcelona en Comú). Varios gobiernos autonómicos pasaron al PSOE apoyado por Podemos (Aragón, Islas Baleares, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana), mientras que otros se mantuvieron en el PP apoyado por Ciudadanos. En Andalucía, que celebró sus elecciones con anterioridad, debido además a que eran anticipadas —22 de marzo—, el pacto para investir a Susana Díaz fue entre el PSOE y Ciudadanos.
El 27 de septiembre de 2015 se celebraron elecciones autonómicas en Cataluña que el gobierno autonómico, declaradamente independentista, planteó como "plebiscitarias", en el sentido de que el voto a la candidatura unitaria llamada Junts pel Sí ("juntos por el sí") debería considerarse un voto por la independencia. Los partidos opuestos no aceptaron tal consideración y no se presentó ninguna candidatura conjunta; un total de seis fuerzas políticas obtuvieron representación. Junts pel Sí obtuvo un 39.59 % de los votos (por separado sus componentes habían obtenido 44.40 % en las elecciones anteriores) y un menor número de diputados (62), insuficiente para repetir la mayoría absoluta de que disponían (71), pero tras varios meses de incertidumbre consiguió formar gobierno con el apoyo parcial de las CUP(8.21 % de los votos), que exigieron para ello la sustitución del hasta entonces presidente (Artur Mas) por otro miembro de su mismo partido (Carles Puigdemont). Se rompió la coalición Convergència i Unió, que había dominado la vida política catalana desde 1980. Unió se presentó por separado, no obteniendo representación (2.51 % de los votos), mientras que Convergència (el partido de Pujol, Mas y Puigdemont) se presentó junto con Esquerra Republicana y otros partidarios de la independencia en Junts pel Sí. La segunda candidatura más votada fue Ciudadanos (17.90 %).
Gobierno en funciones de Mariano Rajoy (2015-2016)
Participantes en el "debate a cuatro" anterior a las elecciones de diciembre de 2015. Además del tradicional debate entre los candidatos del partido del gobierno (Mariano Rajoy) y del principal partido de la oposición (Pedro Sánchez), y que tuvo lugar con el tradicional formato establecido por la Academia de Televisión; el interés que despertaba la existencia de dos partidos emergentes (Podemos —Pablo Iglesias— y Ciudadanos —Albert Rivera—) llevó a la realización de un debate al que Rajoy declinó asistir, siendo representado el PP por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015, dieron lugar a una situación inédita con una gran fragmentación del voto en la que los dos partidos que se venían sucediendo en el gobierno desde 1982 (PP y PSOE) no estuvieron en situación de volver a hacerlo. En la breve XI legislatura (duró únicamente 111 días) no fue posible la investidura de un nuevo presidente del Gobierno: Mariano Rajoy no aceptó la propuesta del rey de intentarlo (su partido, el PP, había obtenido el mayor número de escaños —123, 63 menos que en las anteriores elecciones en que tuvo mayoría absoluta—), mientras que sí lo hizo Pedro Sánchez (su partido, el PSOE, había obtenido el segundo mayor número de escaños —90, 20 menos que en las anteriores elecciones—), que únicamente consiguió el apoyo negociado con de Ciudadanos (40) y Coalición Canaria (1), lo que era insuficiente, dado el voto en contra de Podemos (69 en total —por suma de los escaños de las "confluencias" en distintos territorios—), el PP y de los partidos nacionalistas. Por primera vez en la España democrática, un candidato a la presidencia del Gobierno fracasaba y no lograba la confianza del Congreso, ni siquiera en la segunda votación.
El gobierno continuó "en funciones" durante todo el periodo, lo que limitaba seriamente la capacidad de llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa tanto del ejecutivo como del legislativo, así como el control parlamentario al gobierno (tal circunstancia fue objeto de un conflicto que se elevó al Tribunal Constitucional). Incluso cuando algún ministro se veía forzado a dimitir (José Manuel Soria, afectado por el escándalo de los "papeles de Panamá") o era promovido a otro cargo (Ana Pastor, que pasó a ocupar la presidencia del Congreso tras las segundas elecciones), sus funciones debían ser asumidas por otro, al no poderse nombrar uno nuevo. Cumplidos los plazos previstos en la Constitución, hubo de aplicarse la convocatoria automática de elecciones generales. Paradójicamente, entre tanto, los indicadores económicos confirmaban los datos positivos iniciados en los últimos dos años, tanto en términos de crecimiento como de empleo, y que el gobierno atribuye a los resultados de sus reformas, además de al favorable contexto internacional.
El día 3 de mayo de 2016, el rey Felipe VI disolvió la XI Legislatura tras no haberse conseguido que ningún candidato a la presidencia del Gobierno tuviera el respaldo de la Cámara. A continuación firmó el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de unas nuevas elecciones generales.
Pedro Sánchez de perfil y en el centro de la foto
Ésta nueva cita con las urnas se celebró el 26 de junio de ese mismo año, el aumento en votos y diputados del Partido Popular (33% y 137) motivó a Mariano Rajoy a aceptar en esta ocasión el encargo real de intentar la investidura. El primer intento fue fallido, pues sólo contó con el apoyo de los mismos partidos que habían apoyado anteriormente a Pedro Sánchez (Ciudadanos —32— y Coalición Canaria —1—). Tras varios meses de incertidumbre, en que se consideraba seriamente la posibilidad de que se volviera a cumplir el plazo previsto para una nueva repetición de elecciones, la situación política cambió drásticamente por la crisis interna del PSOE (Comité Federal de 1 de octubre de 2016), que sustituyó por una gestora al hasta entonces secretario general Pedro Sánchez (partidario de seguir votando "no" a la investidura de Rajoy y eventualmente explorar la posibilidad de un pacto con Podemos —que a pesar de presentarse junto con Izquierda Unida no había conseguido sus expectativas de sobrepasar al PSOE, perdiendo más de un millón de votos— y los nacionalistas); tras lo cual se volvió repetir la sesión de investidura de Rajoy. En la primera votación de la sesión de investidura (—en la que es necesaria la mayoría absoluta—) Rajoy consiguió 170 "síes" (PP, Ciudadanos y Coalición Canaria) y 180 "noes". Dos días después, en la segunda votación, logró 170 votos a favor, 111 en contra y la abstención de 68 de los diputados del PSOE (excepto 15 votos negativos, entre ellos los 7 pertenecientes al PSC —partido catalán federado al PSOE—), permitiendo la formación de gobierno sin necesidad de ningún tipo de concesión por parte del PP. Rajoy era investido presidente por mayoría simple tras 315 días y quedando dos días para que las Cortes se disolviesen automáticamente y los españoles fueran llamados otra vez a las urnas.
Segundo gobierno de Mariano Rajoy (2016-2018)
El 17 de febrero de 2017, el Tribunal hizo pública la sentencia por el caso Nóos, Iñaki Urdangarin —yerno del rey emérito Juan Carlos I—, fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y dos delitos contra la hacienda pública. Su esposa, la infanta Cristina fue absuelta. Al año siguiente, el 3 de mayo de 2018, la banda terrorista ETA escenificó su disolución tras medio siglo de terror, secuestros, extorsión y más de 800 asesinatos.
El 19 de abril, la opinión publica conoció otro caso de corrupción —«caso Lezo »— que afectaba a un importante dirigente popular: el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González fue detenido por la Guardia Civil por haberse enriquecido con el desvío de fondos públicos del Canal de Isabel II e ingresó en prisión.
Trece años y cinco meses después, España volvió a ser víctima de un atentado yihadista. Entre los días 17 y 18 de agosto de 2017, fueron asesinadas 16 personas por una célula terrorista del Estado Islámico en un doble ataque terrorista en Las Ramblas de Barcelona y en la madrugada del día siguiente en Cambrils.
2017 terminó como el año más convulso desde la instauración de la democracia por proceso independentista de Cataluña —la mayor crisis institucional vivida en España desde el 23-F—. El punto álgido del independentismo se vivió en los meses de septiembre y octubre. El día 6 de septiembre, el Parlamento de Cataluña, con el apoyo de Junts pel Sí y la CUP y en ausencia de Ciudadanos, el PSC y el PPC, aprueba la ley del referéndum. Fue suspendida por el Constitucional, que adoptó la misma decisión para la Ley de Transitoriedad aprobada el día siguiente. El domingo 1 de octubre, se celebró el referéndum ilegal —sin ningún tipo de garantía democrática ni judicial—. La Policía y la Guardia Civil intervinieron en algunos colegios para cumplir el mandato judicial de impedir la votación. Las fotografías de las cargas policiales dieron la vuelta al mundo (la CNN las calificó como «la vergüenza de Europa»). El día 3, se llevó a cabo una huelga general en Cataluña en protesta por el uso de la fuerza por Policía y Guardia Civil el 1-O. A las nueve de la noche, se emitió el mensaje institucional del rey Felipe VI, quien acusó de «deslealtad inadmisible» a la Generalitat y llamó a «asegurar el orden constitucional». El 10 de octubre, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont compareció en el Parlament. Ahí asumió el «mandato del pueblo» para que «Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república», pero seguidamente propone «suspender los efectos de la declaración» para abrir la puerta al diálogo con el gobierno de Rajoy. El sábado 21 de octubre, el Gobierno de España cumplió con lo anunciado y aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el objetivo de restaurar la legalidad. Eso suponía la destitución del Govern en pleno y la intervención de la autonomía. El viernes día 27, el Parlament semivacío y en voto secreto declara la independencia de Cataluña. El Senado respalda la petición del 155 por mayoría absoluta; Unidos Podemos, ERC, PNV y PDECat votan en contra. En esa tarde, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy convoca por sorpresa una cita con las urnas el 21 de diciembre, en las que por primera vez un partido constitucionalista, Ciudadanos encabezado por Inés Arrimadas ganó las elecciones autonómicas —que batieron un récord de participación al superar el 81% del censo— con claridad en votos y escaños pero los independentistas revalidaron su mayoría absoluta. Junts per Catalunya terminó como la segunda fuerza política por delante de ERC. Su líder, el expresidente Puigdemont, junto con varios ex-consellers huyeron a Bruselas y permanecen allí —debido a que la Fiscalía había presentado una querella contra ellos por delitos de rebelión, sedición y malversación (solo para el primero afrontan penas de hasta 30 años de cárcel)— y también recalcar que la juez Carmen Lamela decretó prisión incondicional para el ex-vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras y siete exconsejeros, mientras que a Santi Vila le impuso fianza (2 de noviembre).
Tras la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel en la que condenó al Partido Popular por ser un «sistema de corrupción institucional», el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez anunció que su grupo parlamentario llevaría a cabo la cuarta moción de censura de la etapa demócratica y la segunda contra Rajoy. El 1 de junio, esa moción de censura triunfó por los votos favorables del PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, Nueva Canarias, EH Bildu y el PNV y Pedro Sánchez fue investido ese día como el séptimo presidente del Gobierno de la democracia española.
Gobierno de Pedro Sánchez (desde 2018)
Pedro Sánchez presidiendo el Consejo de Ministros en el Palacio de La Moncloa (6 de julio de 2018).
El 2 de junio, Sánchez prometió su cargo ante el Rey Felipe VI. Los 17 integrantes de su nuevo consejo de ministros tomaron posesión el día 7 de junio convirtiéndose en el gobierno con más ministras de la historia de la democracia —11— y en el que por primera vez, trascurridos 103 días de vida del ejecutivo había sufrido las dimisiones de dos de sus miembros.
El 2 de diciembre de 2018, se celebraron elecciones a la Junta de Andalucía en la que el PSOE volvió a ganar en la cita electoral pero no logró una mayoría absoluta parlamentaria —ni con el apoyo de Adelante Andalucía—, no obstante, la gran noticia de esa jornada electoral fue la irrupción de Vox (calificado por varios medios de comunicación como un partido de extrema derecha) con 12 escaños. El 16 de enero de 2019, el popular Juanma Moreno fue investido presidente de Andalucía tras un pacto, poniendo final a más de 36 años ininterrumpidos de gobiernos socialistas. El 13 de febrero de ese mismo año, los diputados independistas de ERC y del PDeCAT fueron decisivos por su voto en contra del primer proyecto de Presupuestos del gobierno de Sánchez, lo que precipitó que dos días después, Pedro Sánchez convocara elecciones generales anticipadas para el 28 de abril. El ejecutivo de Sánchez fue el más breve de la historia de la democracia (260 días). En la decimocuarta cita con las urnas tras la instauración de la democracia, venció el PSOE con 123 escaños, mientras que el Partido Popular sufrió su peor debacle electoral al lograr únicamente 66 diputados.
Por Fígaro.
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