No es la primera vez que advertimos en Floridablanca sobre la convergencia de intereses entre el secesionismo y el populismo. Ambos ismos tenían y tienen como objetivo liquidar el orden constitucional. Lo más grave, sin embargo, es que estos dos enemigos de la España constitucional, de la libertad, de los derechos fundamentales y de la igualdad de todos los españoles ante la ley, cuentan hoy con un aliado en el Gobierno de la Nación, el PSOE de Pedro Sánchez, cada vez más alejado de aquella socialdemocracia que tuvo un papel esencial en la consolidación de nuestra monarquía parlamentaria.
Mal haríamos en no tomar en serio la acción del Gobierno. Las ambigüedades y contradicciones del presidente y la vicepresidenta sobre las responsabilidades penales que han de afrontar los cabecillas de la intentona secesionista no deben ser tomadas a broma. Y se equivoca quien las interprete como un síntoma de debilidad, porque este Gobierno no puede ser juzgado con los parámetros habituales, sino desde el objetivo indisimulado de concentrar el poder mediante la confusión entre los poderes y las funciones de las instituciones, pasando por encima de los frenos y contrapesos propios del Estado de derecho.
Hay que partir de la base de que éste es un gobierno instalado en la posverdad. La señora Calvo es un claro ejemplo. Le da igual la verdad, porque no cree en su existencia ni en la responsabilidad de lo que afirma un cargo público. Las palabras son un mero instrumento para perpetuarse en el poder desde una exigua representación parlamentaria. El poder por el poder. Esta expresión, usada en ocasiones con cierta ligereza para poner de manifiesto la ausencia de un proyecto político, encierra una descarnada realidad. Hay un proyecto político: la permanencia a toda costa en el poder, sin pesos ni contrapesos.
La consecución de tal proyecto requiere -y en esto convergen los intereses entre el PSOE, Podemos, PDeCAT, Bildu y demás fuerzas nacionalistas-, el debilitamiento del Estado de derecho y la pauperización, lenta pero progresiva, de nuestra institucionalidad. El deterioro institucional, además, se gestiona desde las propias instituciones, haciendo que entren en conflicto. Clara muestra de ello es la posición de la Abogacía del Estado, en contraste con la de la Fiscalía, sobre el tipo de delito cometido por los separatistas. A ello se une la descarnada apropiación de las instituciones, como ha manifestado sin rubor alguno el ministro de Fomento, el señor Ábalos: “Es lo normal, usamos la Abogacía del Estado como usamos los gabinetes de comunicación”.
Otro ejemplo lo constituyen las abiertas presiones a la Judicatura. Otro es la permisividad ante la reconstrucción del aparato diplomático separatista, mientras el resto de regiones de España cumplen sus obligaciones con la lealtad institucional propia del juego democrático. Otro más es la negociación de los Presupuestos Generales del Estado en la cárcel. Suma y sigue.
El éxito de esta confrontación entre los poderes del Estado, el debilitamiento de la Constitución y el uso de los medios públicos a favor de una inversión moral de lo que representa nuestro sistema político (véase cómo tituló TVE el acto de España Ciudadana en Alsasua: “miles de personas defienden Alsasua frente al ‘agravio’ de España Ciudadana”) tienen unos claros beneficiarios: los secesionistas, los antisistema y el PSOE. No hay, por tanto, motivos para la tranquilidad y sí para la preocupación. Nuestro modelo institucional ha resistido y es fuerte, pero no es imbatible como hemos aprendido de la historia.
Las condiciones que está creando el PSOE desde el Gobierno, en consonancia con sus socios, son favorables a los objetivos de los antisistema y de los secesionistas a corto y a largo plazo. A corto, porque están tensionando la institucionalidad hasta límites insospechados; a largo, por los efectos negativos de las actuales políticas en el ámbito socioeconómico. España necesita reformas que aseguren su competitividad, adaptar el país a la revolución digital, dinamizar su marco laboral, afrontar el desafío demográfico y la sostenibilidad de las pensiones. Sin embargo, la agenda del actual Gobierno nos conduce a más paro y mayor empobrecimiento de las clases medias, que son las garantes de la democracia en los países desarrollados.
El país no está, ni de lejos, preparado para afrontar otra crisis. Todo lo contrario. Disponemos de menos medios para paliar sus efectos que en 2008, lo que produciría un estado de opinión proclive a cuestionar aún más las instituciones y la base de su arquitectura: la Constitución. Es decir, los propios demoledores del sistema se presentarían como los nuevos salvadores a través de una alternativa constituyente que no sería otra cosa que un nuevo orden contrario al pluralismo característico de las democracias liberales, a la separación de poderes y a la dignidad de la persona como sujeto de derecho.
La estrategia de quienes quieren poner fecha de caducidad a nuestro orden constitucional está clara. De momento van ganando. Urge que los partidos constitucionalistas se reagrupen y pacten una agenda común destinada a fortalecer las reglas del juego político y los consensos básicos sobre los que hemos asentado la etapa democrática de mayor libertad y prosperidad de la historia de España.
Por Fígaro.
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