La contrarreforma laboral

Un nuevo y eterno señuelo para no convocar  elecciones y seguir perdiendo el tiempo

Una vez que el señuelo de la firma del acuerdo presupuestario con Podemos se empieza a complicar, Pedro Sánchez lanzó el pasado lunes 12 de noviembre, en un encuentro organizado por el diario Expansión, uno nuevo; la eterna contrarreforma laboral. Contó lo menos lesivo, buena parte de la cual ya tenía preparado el gobierno del Partido Popular, y ocultó lo más perjudicial, que acordó con Podemos en su pacto presupuestario.

El gobierno muestra así su estrategia para mantenerse en el poder, anunciando semana tras semana nuevos señuelos que justifiquen su existencia, evitando convocar elecciones, aunque sea a costa de retrasar la configuración de un nuevo gobierno sólido que permita la aprobación de medidas eficaces para hacer frente a la desaceleración económica, que ya se ha iniciado, y a los retos del presente y el futuro del mercado de trabajo.

Sánchez destacó parte de sus planes en materia laboral, aquellos en los que hay más acuerdo en el diálogo social. Ocultó los más radicales, que incorpora el pacto presupuestario con Podemos, que suponen derogar el núcleo de la reforma laboral.

Respecto a los planes anunciados, destaca la reducción del número de contratos de trabajo a tres, la reducción del número de bonificaciones a la contratación, la aprobación de un plan de choque por el empleo juvenil, el impulso a la FP Dual y la recuperación de la jubilación forzosa de trabajadores en convenio. La reducción de contratos de trabajo a tres, figura en el acuerdo de legislatura PP-Cs, y de hecho, por ello, el Gobierno anterior redactó una modificación del Estatuto de los Trabajadores y la presentó en la mesa de diálogo social. El plan de choque por el empleo juvenil se prevé que sea una ampliación del acuerdo ya alcanzado por el Gobierno anterior, pero incorporando más gasto (3.000 orientadores -previsiblemente agentes sociales.). La reducción de bonificaciones a la contratación es un objetivo recurrente que suele chocar con la dificultad de elegir al colectivo que las disfruta hoy y no en el futuro (jóvenes, mujeres, mayores de 45…). Y la recuperación de la jubilación forzosa, sorprendentemente acordada entre sindicatos y patronal, es una aberración inconstitucional que pretende obligar a las personas de mayor edad a jubilarse en contra de su voluntad. Ello supone derogar una medida de la reforma laboral de 2012, que prohibió las cláusulas de jubilación forzosa de los trabajadores en convenios colectivos. Va en contra de la libertad, y sobre todo, contra la lógica del envejecimiento activo. Se plantea como medida para el impulso de empleo juvenil como si para emplear los jóvenes en nuestro país fuera necesario jubilar a los trabajadores con más experiencia.

Por tratarse de un foro empresarial, Sánchez ocultó sus planes más lesivos, consignado en el acuerdo presupuestario con Podemos. Lejos de lo que asegura la ministra de Economía a los mercados, el Gobierno no sólo pretende derogar los elementos nucleares de la reforma laboral (prioridad aplicativa del convenio de sector, limitación del descuelgue convenios en situaciones de crisis o la limitación a la ultractividad de los convenios caducados) sino que baraja ir más allá y hacer más rígida la normativa laboral en aspectos que la reforma ni siquiera modificó (limitando la posibilidad de realizar contratos temporales y la flexibilidad de la negociación colectiva en la subcontraración, o estableciendo nuevos requisitos de control de jornada, por ejemplo).

Todo ello no solo supone claramente ir contra el corazón de la reforma laboral de 2012 sino contra la lógica de dinamización, flexibilización y acercamiento de la negociación colectiva al tejido productivo. Alejar la negociación colectiva de la empresa, limitar la flexibilidad interna en momentos de ajuste, y evitar que los convenios actualicen en función de la realidad actual de los sectores, supone un importantísimo paso atrás en la modernización de nuestro marco de relaciones laborales, ahora que precisamente debería adaptarse a los desafíos del presente y futuro del trabajo.

La aritmética parlamentaria permite prever que pocos o ninguno de estos cambios, ni los menos lesivos, ni los más, serán trasladados al BOE, afortunadamente. Son un nuevo señuelo del gobierno socialista para seguir perdiendo el tiempo con el único fin de mantener el poder. Un tiempo que España no puede permitirse perder.

Por Fígaro.