La Fiscal Jefe en funciones de Gipuzkoa, Dª Idoia Zurriain Fernández, ha incoado Diligencias de Investigación nº 109/2017 "al objeto de practicar cuantas actuaciones sean necesarias para determinar la eventual tipicidad de los hechos denunciados" relacionados con el Caso Mariñel. Según el escrito remitido por los Concejales-Patronos de Arma Plaza Fundazioa, Joxemi Ochoteco, y en EXCLUSIVA, "los hechos relatados pudieran ser constitutivos, salvo ulterior calificación, de un presunto Delito de Imprudencia y otros que pudieran derivarse a lo largo de la instrucción".
Por su parte, dado que el trabajador voluntario accidentado falleció en Donostia / San Sebastián, la Fiscal Jefe ordena en su escrito que "Dado que por los mismos hechos se siguen Diligencias Previas nº 1213/17 en el Juzgado de Instrucción nº3 de San Sebastián, -prosigue- remítanse las presentes para su unión al referido procedimiento", por lo que ya está en manos de su titular cualquier decisión al respecto.
El pasado 12 de julio de 2017, el Ingeniero Naval, E.L.M., falleció en Donostia tras las graves heridas ocasionadas en el accidente que sufrió cayendo supuestamente de una escalera mientras trabajaba en las labores de restauración del barco Mariñel, "propiedad del Ayuntamiento de Hondarribia, y desde 2012 bajo la responsabilidad, coordinación y custodia del mismo para la citada actividad de Arma Plaza Fundazioa".
Los denunciantes razonan el paso “desde nuestra responsabilidad y teniendo conocimiento de posibles graves delitos encubiertos, y con el fin de esclarecer los hechos y responsabilidades que la justicia estime” y, como Patronos y Concejales, “para tomar las medidas oportunas que eviten que se vuelva a repetir un hecho similar en el futuro”.
A fecha de hoy, según el escrito de denuncia, no se ha podido esclarecer “si los citados trabajadores o voluntarios trabajaban o no desde 2012 a su libre albedrío, sin una supervisión técnica y profesional respecto a su Seguridad y Prevención de Riesgos”.
Un atestado en el "limbo policial"
Si se cumplen las previsiones el Caso Mariñel acabará donde debía haber estado desde un principio según diversos letrados consultados: "en los juzgados de Irún, dado que es el que se presupone competente para un accidente en Hondarribia". A continuación, se reclamaría el atestado que saldría del "limbo" de la Comisaría de la Policía Local de Hondarribia, teniendo esta que, además, justificar por qué no lo hicieron desde un principio.
"Todos los Concejales-Patronos de la Junta de Gobierno de Hondarribia (Gipuzkoa), incluido su Alcalde, Txomin Sagarzazu Ancisar, el Jefe de la Policía Local, Francisco Aristizabal Sorondo, el agente que instruyó la muerte del trabajador del Mariñel, Jesús María Uranga Garmendia, y la Coordinadora de Arma Plaza Fundazioa, Miren Ayerbe Irizar, han sido denunciados ante el Ministerio Fiscal por presunto Delito de Encubrimiento al obstruir, presuntamente, la llegada del Informe Policial de la muerte del trabajador del Mariñel al juzgado correspondiente, impidiéndose así la posibilidad de abrir diligencias de oficio para establecer las posibles responsabilidades civiles y penales", en EXCLUSIVA.
Hasta el Fiscal General del Estado
La denuncia, que incluye presunto Delito de Prevaricación, se remitió incluso al ya fallecido Fiscal General del Estado, José Manuel Maza Martín, vía burofax certificado, para que lo recibiera personalmente y quedara registrado ante notario, "preocupados con, a nuestro juicio, la impunidad que impera en la Comunidad Autónoma Vasca, nos vemos obligados a remitirle a V.E. el presente escrito de denuncia, confiados en que, con su recepción, se favorezca la justicia con todas las garantías que la legislación vigente nos permite”, señalaron. Igualmente el escrito, y por las mismas razones, se ha remitido a la Fiscal Superior del País Vasco, María del Carmen Adán del Río, y a la Fiscal Jefe en funciones de Gipuzkoa, María de Idoia Zuriarrain Fernández, que es quien finalmente ha incoado las Diligencias de Investigación.
Mayoría de gobierno en Arma Plaza Fundazioa y en el Ayuntamiento de Hondarribia
Para argumentar los presuntos Delitos de Encubrimiento y Prevaricación, en la denuncia los Concejales-Patronos alertaban de la "lamentable coincidencia" de que “esta labor obstruccionista y encubridora está contando con la indisimulada complicidad y permisividad del Gobierno mayoritario de la Fundación compuesto por el Alcalde de Hondarribia y Presidente de Arma Plaza Fundazioa, Sr. Don Txomin Sagarzazu Ancisar, su Primer Teniente Alcalde y Patrono, Sr. Don Juan María Altuna Muñoa, el Vicepresidente y Concejal de Cultura, Sr. Don Juan Luis Silanes Aguirre, y las también Patronas y Concejalas, Sra. Doña Arantza Berrotarán Otegi, Sra. Doña María Serrano Olaskoaga, y Sra. Doña Gotzone Larrarte Kampandegi”. Es decir, -continua- "con la preocupante complicidad y mayoría del propio Gobierno Municipal de Hondarribia desde un más que manifiesto abuso de autoridad”.
Además, “se da igualmente la lamentable y sospechosa coincidencia de que en vez de inhibirse el cuerpo de Policía Local en favor de la Ertzaintza, como éticamente nos parecería lo lógico, se ha dado la circunstancia contraria, siendo así que el Alcalde, Sr. Txomin Sagarzazu, y el Primer Teniente Alcalde, Sr. Juan María Altuna Muñoa, son, respectivamente, los superiores jerárquicos de los agentes responsables de la investigación e instrucción que directamente les afecta”.
Será ahora un juzgado quien de oficio tome la decisión de si sigue adelante con este procedimiento o no. Una papeleta incómoda dado que podría suponer juzgar, y quizá condenar, a todo el Gobierno Municipal de Hondarribia.
