¿Quién habla en nombre de la ONU?

Unos «expertos» relacionados con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han emitido un «informe» en el que se pone en duda la calidad democrática de las instituciones españolas por su tratamiento judicial de los golpistas del separatismo catalán. Una primera y leve investigación sobre la personalidad de tales «expertos» ha venido a demostrar que varios de ellos son al menos reos de los que en la practica legal se conoce como «conflictos de intereses» al estar en diversas formas, no exentas de las económicas, relacionadas con los responsables de la Generalidad de Cataluña que hasta el momento preside el conocido racista Joaquín Torra. Lo cual bastaría para desacreditar por completo las conclusiones del susodicho informe.

Por si ello fuera poco, conviene situar en su exacta perspectiva todo aquello que a efectos mediáticos se presenta como una «decisión de la ONU», cuando en puridad de doctrina y práctica proviene, como en este caso, de un grupo sin capacidad alguna de tipo normativo proveniente de un Consejo, como el de Derechos Humanos, formado por 47 miembros elegidos entre los Estados de las Naciones Unidas y cuyo mismo prestigio está continuamente puesto en duda por la calidad de algunos de sus integrantes. Entre ellos, en efecto, se encuentran o se han encontrado violadores sistemáticos de los derechos humanos como Irán, Venezuela, Cuba, Arabia Saudita, Bolivia, Rusia o China. No son pocas ni anónimas las voces que se han elevado en contra de la manifiesta manipulación resultante, que se traduce en opiniones tan torcidas como interesadas y no precisamente en la verdadera promoción de los derechos humanos y su defensa.

Y en cualquier caso conviene recordar, para memoria de olvidadizos y reconvención de aprovechateguis, que la ONU tiene dos canales autorizados para la manifestación legítima de sus pareces, y ellos son el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Todo lo demás puede tener interés, ser motivo de estudio o impulso para la discusión. También, como es el caso, objeto de abierto y contundente rechazo. Y mientras tanto, bien haría España en trabajar en el seno de la ONU para que los agentes a sueldo del racista Torra no se infiltren en ningún organismo internacional, al tiempo que reafirma su respeto y adhesión a las instituciones jurídicas propias, modelo que, como en pocos países en el mundo, es capaz de mantener y promover las normas y las calidades del Estado de Derecho. Y ahí es donde la sedicente ONU del separatismo catalán, mal que le pese al racista Torra, sus compinches, cómplices y compañeros de viaje, no tiene nada que decir.

Por Fígaro.