Para aquellos que no siendo españoles seguimos con interés pero cierta distancia la política española, la reciente campaña electoral del 28-A ha ofrecido varias sorpresas, en particular, el surgimiento de Vox o las significativas caídas en el número de escaños obtenidos por el PP y Podemos. Lo que ciertamente no ha sido una sorpresa ha sido la polarización de los debates y la atención prestada a una supuesta lucha de clases, a la desigualdad y a una visión de país que pretende que el progreso es un juego de suma cero. Estos temas están siendo recurrentes también en la campaña de las inminentes elecciones autonómicas y municipales. Antes y ahora, la cuestión clave ha sido ganarse al ciudadano común y corriente, al cual pocas veces se le da importancia.
En el discurso público y político la trampa del debate de la desigualdad económica nos obliga a pensar en polarización y en clases depauperadas oprimidas por los ricos. Donde hay que gente que no puede salir de la pobreza porque hay personas que tienen mucho dinero. Esta demagogia nos encierra en un marco conceptual lleno de prejuicios que no nos deja analizar lo más importante: de qué manera se puede promover la movilidad social, reducir la pobreza y liberar el potencial que todas las personas atesoran.
Actualmente, desigualdad, movilidad social y reducción de pobreza se utilizan como sinónimos en el debate político y económico cuando, en realidad, ni quieren decir lo mismo ni las soluciones para esos problemas son las mismas. Muchos estudios muestran que, aunque estos fenómenos están relacionados, no existe causalidad; es decir, que una mayor desigualdad no necesariamente genera más o menos movilidad social o más o menos pobreza. Finlandia tiene el mismo nivel de desigualdad que Ucrania, y Dinamarca que Pakistán. Aunque España tiene la misma desigualdad que Yemen, un pobre no vive igual en Yemen que en España. Si el problema fuese la desigualdad, Ucrania, Pakistán y Yemen serían potencias mundiales.
La verdadera trampa es en la que caemos al aceptar soluciones a la desigualdad que generan más barreras a la movilidad social e impiden reducir la pobreza. Las más comunes son los altos impuestos que se hacen pagar a las empresas, la letanía de regulaciones que ahogan la competitividad y las subidas de sueldos mínimos para los trabajadores. Exactamente lo que el esperado gobierno de Pedro Sánchez está proponiendo, por cierto. No obstante, los países con menos desigualdad y más movilidad en el mundo son aquellos que tienen los mejores niveles de competitividad, mayor facilidad para hacer negocios (doing business), mercados laborales más flexibles y bajos niveles de corrupción.
Los países escandinavos se sitúan en cabeza en cuanto a menor desigualdad y mayor movilidad social. Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia son países que también figuran en lo más alto de los rankings de competitividad y facilidad para hacer negocios. Además, son los cuatro mejores países en los índices que miden Estado de derecho y corrupción; es decir, tienen instituciones sólidas. En cambio, por poner un ejemplo, España ocupa actualmente el puesto 30 del índice Doing Business, muy por detrás de muchos de sus pares europeos.
Mientras que en los países escandinavos los impuestos sobre la renta son altos, los impuestos de sociedades no lo son, fluctuando las tasas alrededor del 20- 22% cuando en España son del 25%. No son datos irrelevantes; todas las investigaciones académicas apuntan a que los impuestos más perjudiciales para el desarrollo económico son los impuestos a las empresas y no los que gravan la renta personal. Los ciudadanos de los países nórdicos pueden pagar impuestos más altos sobre la renta porque hay más dinamismo económico, más participación laboral y menos inflación. Y es que, en cuanto a flexibilidad laboral, otro de los elementos esenciales para generar mayor movilidad social, nuevamente Dinamarca está en la cima de los rankings y España muy atrás. Los escandinavos tienen las tasas de empleo más altas de la OCDE y promueven enormemente la iniciativa privada. Por ejemplo, la tasa de participación laboral, es decir, cuánta gente trabaja de entre la población económicamente activa, es del 82% en Suecia y del 76.4% en Dinamarca, mientras que en España la tasa fue del 58% en 2017, según los datos de los respectivos institutos nacionales de estadística. Otro factor clave que hay que subrayar es que dicha tasa de participación laboral entre los jóvenes de entre 15 y 24 años es del 58% en Dinamarca. ¿Cuántos jóvenes de entre 15 y 24 años trabajan en España? Solo el 22%.
En última instancia, el factor que más favorece la movilidad social y la reducción de la pobreza es el empleo. Los planes sociales y ayudas gubernamentales, aunque necesarios para evitar que los más vulnerables caigan en la miseria, también generan dependencia y reducen la productividad. En circunstancias normales, nunca son un buen sustituto, ni económico ni psicológico, para un ingreso sostenible y digno que provenga del propio trabajo. De ahí la importancia de crear condiciones en el mercado que generen empleo. De ahí que nada sea mejor que facilitar la iniciativa privada eliminando barreras a la competitividad y creando un ambiente que favorezca el hacer negocios de acuerdo a las reglas del Estado de derecho.
El trabajo está indefectiblemente ligado a la educación. A pesar de que la movilidad social en España no es de las peores en la región o en la OCDE, la movilidad social basada en la educación recibida sí está muy por debajo de la media de la OCDE. El objetivo principal de cualquier política educativa es preparar a los ciudadanos para el mercado laboral y tener gente capacitada que pueda ayudar al desarrollo del país. Pero, si los trabajos y los incentivos para emprender no existen, ¿qué papel juega la educación? Y esto sin siquiera entrar en el espinoso asunto de la calidad de la educación en España.
En conclusión, nadie puede seriamente argumentar que quiere ayudar a los pobres y a las poblaciones marginales si lo que realmente propone son políticas que pretenden atajar la desigualdad económica generando más barreras al emprendimiento, dando bríos al sector informal y privando a una gran parte de la sociedad de la oportunidad de integrarse exitosamente en la fuerza laboral.
No podemos seguir cayendo en la trampa que nos tienden aquellos que con la excusa de ayudar a los pobres lo que hacen es recetarles medidas que generan aún más pobreza. No podemos seguir encerrados en el debate de la desigualdad de ingresos, pues esta es solo un síntoma de otros problemas estructurales mucho más importantes. Solo si España decide tener una economía más dinámica, emprendedora, menos y mejor regulada, flexible, más inclusiva gracias a una buena educación y oportunidades de acceso al mercado laboral, se podrá realmente reducir la pobreza y generar mayor movilidad social. Y esto va más allá de cualquier proceso electoral. Afecta de lleno al ciudadano común y corriente que solo busca mejorar su vida y la de su familia.
Por Fígaro.
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