sábado, 30 de junio de 2018

La vergüenza de las primarias del Partido Popular

El censo definitivo de las «primarias» del PP queda en 66.706 afiliados, el 7,67 por ciento del total


La Comisión Organizadora del Congreso del PP acuerda mantener los plazos y los requisitos para votar el 5 de julio

Luis de Grandes, presidenta de la Comisión Organizadora del PP

La Comisión Organizadora del XIX Congreso nacional del PP ha decidido en su reunión de este viernes mantener los plazos y los requisitos de inscripción para votar el próximo jueves, 5 de julio, en la primera vuelta de sus elecciones «primarias». La Comisión ha dado el visto bueno al censo definitivo de afiliados inscritos que podrán elegir al presidente nacional: 66.706, lo que supone un 7,67 por ciento del total de militantes.
A la reunión han asistido representantes de los seis precandidatos a la presidencia del PP, con voz en las reunión, pero sin voto. Son estos:
- Representante de Elio Cabanes: María José Penedés.
- Representante de Pablo Casado: Ignacio Cosidó.
- Representante de María Dolores de Cospedal: Agustín Conde.
- Representante de José Ramón García-Hernández: Tomás Iribarren.
- Representante de José Manuel García Margallo: Luis Asúa.
- Representante de Soraya Sáenz de Santamaría: Antonio Sanz.
La Comisión ha decidido mantener las normas establecidas por los Estatutos y el Reglamento del XIX Congreso, y por tanto los plazos y los requisitos, a pesar de que algunos de los candidatos pidió eliminar la inscripción previa para poder votar, o una ampliación del tiempo.
Además, la Comisión ha revisado las reclamaciones e incidencias sobre el censo, y ha aceptado seis reclamaciones que afectan a 188 nuevos inscritos. El censo definitivo se establece en 66.706 afiliados.
También ha aprobado las papeletas que se utilizarán el 5 de julio para la elección de los candidatos y para la de los compromisarios, que participarán posteriormente en el congreso los días 20 y 21 de julio, y que tendrán la última palabra sobre la elección del presidente nacional.
Autoría de Fígaro. 

Los consumidores comunitarios cada vez con más derechos

Este verano los consumidores de la UE que contraten viajes combinados tendrán más derechos


Desde mañana 1 de julio, los viajeros que reserven vacaciones combinadas disfrutarán de más derechos en cuanto que consumidores en toda la Unión Europea.
Con las nuevas normas, no solo estarán cubiertas las vacaciones combinadas tradicionales sino que  también se protegerá a los consumidores que reserven otras formas de viajes combinados, como las vacaciones personalizadas, en las que los viajeros escogen los distintos elementos a través de un único punto de venta en línea o fuera de línea.
La directiva introducirá, además, protección para los «servicios de viaje vinculados», es decir, aquellos en los que a los viajeros se les propone, bien a través de procesos de reserva paralelos cuando están contratando servicios de viaje en un punto de venta, bien tras haber reservado un servicio de viaje en una página web, contratar otro servicio en otra página web.
Los Estados miembros tenían que incorporar estas normas al ordenamiento jurídico nacional como máximo el 1 de enero de 2018. En dicha fecha dio comienzo un período de transición de seis meses, que finaliza el 1 de julio, fecha en que las medidas nacionales de transposición de la Directiva empezarán a aplicarse.
La Comisión examinará cómo se ha transpuesto y adoptará medidas de seguimiento adecuadas, en caso necesario.
El origen de este texto arranca desde hace algunos años. Para ampliar la protección ofrecida por la Directiva sobre viajes combinados de 1990, la Comisión presentó la propuesta en julio de 2013, que fue adoptada oficialmente por el Parlamento Europeo y los Estados miembros en noviembre de 2015.
Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha declarado: «Reservar vacaciones online  es fácil, pero todos queremos la certeza de que si algo va mal contamos con protección plena. Las nuevas normas sobre viajes combinados están adaptadas a la era digital y las nuevas formas de organizar las vacaciones”.
A su juicio “los viajeros también disfrutarán de nuevos derechos y estarán bien protegidos en caso de concurso de acreedores del operador. Las nuevas normas también harán que sea más fácil para las empresas de viajes la prestación transfronteriza de sus servicios”

Beneficio para los consumidores

En primer lugar, habrá información más clara para los viajeros: las empresas deben informar a los viajeros acerca de si les están ofreciendo un viaje combinado o un servicio de viaje vinculado, así como sobre sus principales derechos, a través de fichas de información normalizadas. También deben proporcionar información clara sobre las características, el precio y cualquier gasto adicional.
Otra cuestión importante es la devolución del dinero y repatriación en caso de insolvencia: las empresas que vendan viajes combinados deben tener un seguro de insolvencia, que cubra los reembolsos y la repatriación en caso de concurso de acreedores de los organizadores. Esta garantía se aplica también a los servicios de viaje vinculados.
Habrá normas más claras en materia de responsabilidad: si algo va mal, la responsabilidad es del organizador, independientemente de quien preste efectivamente los servicios de viaje.
Al mismo tiempo se logran derechos de cancelación mejores: gracias a las nuevas normas, los viajeros pueden cancelar sus viajes combinados por cualquier razón, pagando por ello una tasa razonable; también pueden cancelar su viaje de forma gratuita si su destino se vuelve peligroso, por ejemplo a causa de guerras o catástrofes naturales, o si el precio global se eleva por encima del 8% del precio original.
En determinadas situaciones se plantea el  alojamiento si no es posible realizar el viaje de regreso: cuando los viajeros no puedan volver de sus vacaciones combinadas en el momento convenido, por ejemplo en caso de catástrofes naturales, se les concederá hasta tres noches de alojamiento. El régimen de las noches adicionales se regula en los reglamentos pertinentes sobre derechos de los viajeros.
A lo largo de todo el viaje se demanda ahora asistencia a los viajeros:el organizador debe proporcionar asistencia a los viajeros en dificultades, en particular mediante el suministro de información sobre servicios sanitarios y asistencia consular.

Ventajas para las empresas

Serán normas más claras y de facilitación de las actividades transfronterizas: las empresas tendrán que atenerse a un conjunto de normas en toda la UE sobre los requisitos de información, la responsabilidad y otras obligaciones.
A partir de ahora se reconocen en toda la UE los regímenes nacionales en materia de insolvencia. Estas medidas permitirán a las empresas operar en toda la UE como si estuvieran en su país.
Otra cuestión que se plantea es la modernización de los requisitos de información, que ya no se plasmarán exclusivamente en catálogos de viajes. Se estima que el hecho de que los comerciantes dejen de tener que reimprimir los folletos les supondrá un ahorro de 390 millones de euros al año.
Y por último hay una reducción de la carga normativa: dejan de estar regulados por la Directiva los viajes de negocios organizados en virtud de un acuerdo marco, por ejemplo con una agencia de viajes especializada.
Autoría de Fígaro. 

Llarena apremia al tribunal alemán y tiene en sus manos la euroorden

Llarena apremia al tribunal alemán que tiene en sus manos la euroorden de Puigdemont



En una providencia firmada esta semana, el magistrado Pablo Llarena habría comunicado al tribunal alemán que debe decidir sobre la entrega de Carles Puigdemont que el auto en el que se dicta el procesamiento de éste y otros 24 imputados ya es firme.
Como consecuencia “la decisión de buscar y detener e ingresar en prisión” al expresidente catalán continúa “ejecutiva y vigente”, señala el magistrado que vuelve a hacer un relato del procedimiento contra Carles Puigdemont, desde la querella presentada a finales de 31 de octubre por la Fiscalía General del Estado, la orden de busca y captura y el auto de prisión dictados en la Audiencia Nacional y el traspaso de la causa al Supremo que llevó al auto de procesamiento del 23 de marzo pasado.
Llarena explica que en dicho auto se recogen los hechos sucedidos, la participación que se atribuye al expresidente catalán, las pruebas que se han recogido en la investigación, la calificación penal que merecen los hechos y el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional para Puigdemont.

Orden de detención activa

Esta providencia se une a la pieza abierta sobre la situación personal de Puigdemont en la orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada el pasado marzo, cuando emitió el auto de procesamiento por rebelión, desobediencia y malversación que la Sala de lo Penal del Supremo ha hecho firme.
Así, el juez instructor quiere remarcar en su providencia que en toda la instrucción la orden de búsqueda, detención y prisión dictada en España contra el expresidente “nunca se había desactivado”, ya que él sólo había retirado la orden europea e internacional durante tres meses y medio, el tiempo transcurrido entre el traspaso de la causa al Supremo (5 de diciembre de 2017) y el auto de procesamiento (21 de marzo de 2018).
“Consecuentemente, la decisión judicial de que Carles Puigdemont sea ingresado en prisión sigue vigente, pues se renovó y confirmó al término de la investigación mediante el auto de este instructor” con el fin de que Carles Puigdemont fuera “buscado y detenido en el territorio de la Unión para que, tras su entrega, pueda ser ingresado en prisión”, remarca Llarena.
Tras el auto de la Sala de lo Penal que hace firme el procesamiento por rebelión y malversación del expresidente catalán, el instructor comunica al tribunal alemán que “la decisión de prisión se ha visto confirmada y mantenida tras finalizar la investigación”.
Y es, por tanto, ese auto de procesamiento el que, según Llarena, “da soporte” al ingreso en prisión de Puigdemont si éste fuera “localizado y detenido en España”, tal y como ya explicó en un escrito previo el pasado mayo y enviado a la Fiscalía alemana.
Autoría de Fígaro. 

viernes, 29 de junio de 2018

El abogado de Juana Rivas, va "a la francesa" y dice que obró en conciencia

El abogado que se fue “a la francesa” del juicio a Juana Rivas afirma que “obró en conciencia”

Juan de Dios Ramírez, el abogado que se fue “a la francesa”, el pasado 14 de junio, de la sala de vistas cuando estaba comenzando el juicio contra Juana Rivas, provocando su suspensión, afirma que obró “en conciencia”. Y ha lamentado la “falta de sensibilidad” del magistrado del caso, que no aceptó aplazar el juicio para que otro letrado, que estaba enfermo, representara a su cliente, tal como era su deseo.
El abogado ha señalado en un escrito remitido a Europa Press que “nunca ha sido sancionado ni expedientado ni condenado por desobediencia a juez, ni ha existido en 22 años de ejercicio, ni tan siquiera advertencia en ningún proceso judicial”.
“Siempre he actuado cumpliendo con el máximo respeto a la administración de justicia y cumpliendo con mis obligaciones y ética profesional”, ha agregado, relatando que asistió a la vista con Juana Rivas “en la confianza” de que “en justicia se suspendiera” para que se ejerciera la defensa por quien hasta la fecha estaba designado y era la elección de Rivas, José Estanislao López; con quien se estaba preparando el juicio y no con él.
Ramírez ha precisado en este sentido que dentro del equipo legal que asiste a Juana Rivas, él se ha encargado de otros procedimientos, principalmente en materia de familia y en el procedimiento de Italia, así como de auxiliar a José Estanislao López en distintos momentos de la instrucción, pero desde que se presentó el escrito de defensa, “no ha realizado ni ha intervenido en nada más”.el abogado de jjuana
El letrado argumenta que no le faltó al respeto a su señoría, el magistrado Manuel Piñar Díaz, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, quien tenía que enjuiciar a Juana Rivas por dos delitos de sustración de menores al haber estado un mes en paradero desconocido incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregar a sus dos hijos, de once y tres años, al padre, al que acusó de malos tratos: “solamente me negué a quedarme sentado en el estrado, aun cuando había renunciado previamente a la defensa de Juana Rivas”.
El abogado niega en la misiva la existencia de “maniobra procesal” alguna y dice que tomó esta decisión después de que el juez no aceptara su petición de suspender la vista.
Lo solicitó alegando que se ha desvinculado en los últimos meses de la defensa de la madre de Maracena, de modo que no ha tenido tiempo para prepararse este juicio, y que ella deseaba que la representara José Estanislao López.
“Una vez leído el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, únicamente, me dio la palabra para plantear la cuestión previa de la solicitud de suspensión, denegándose la misma, creo recordar que en mis alegaciones realizadas en la cuestión previa, dije al final que renunciaba”, ha agregado aludiendo a la “tensión del momento y los nervios”.
Reconoce que aunque el juez le ordenó que se quedara sentado se levantó, “lo que nunca ha hecho en ningún juicio”.
Los abogados José Estanislao López y Juan de Dios Ramírez siempre han mantenido que aunque el escrito de defensa lleva la firma electrónica de Juan de Dios Ramírez, éste “se limitó a firmarlo por su compañero, al estar de baja”. Sin embargo, en el encabezamiento “dice que la defensa es exclusivamente dirigida por el letrado José Estanislao López”.
Este último, ante la imposibilidad de desplazarse a Granada por motivos de salud para acudir al juicio -como corroboró el médico forense el 11 de junio- pidió la suspensión, aunque fue denegada por entender el juez que Juan de Dios Ramírez también estaba designado en la causa al haber suscrito el escrito de defensa.
Autoría de Fígaro. 

Bruselas aprueba una directiva del uso de las operaciones transfronterizas

Bruselas aprueba una Directiva para controlar el fraude fiscal de operaciones transfronterizas

La Unión Europea acaba de dar  un paso decidido para prevenir y combatir el fraude fiscal basado en estructuras de planificación fiscal internacional. El pasado 5 de junio aprobaba una directiva que obliga a informar a la Administración tributaria de cada país sobre la existencia de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal.
De este modo, las administraciones tributarias de la UE podrán intercambiarse información de forma automática en el marco de una normativa que sigue la estela de medidas puestas en marcha en otros países como Reino Unido, Portugal e Irlanda.

¿Cuándo entra en vigor?

La Directiva UE del Consejo de 25 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el pasado 5 de junio, y ahora debe ser traspuesta al ordenamiento español antes del 31 de diciembre de 2019.
Pese a que la medida entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2020, fecha a partir de la que será obligatorio suministrar la información a las administraciones tributarias, es muy importante tener en cuenta según los expertos consultados por CONFILEGAL el posible efecto retroactivo previsto en la directiva.
En concreto, establece que todos mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación cuya primera fase se haya ejecutado entre el 25 de junio de 2018 y el 1 de julio de 2020 deberán ser reportados antes del 31 de agosto de 2020.

¿Quién debe informar?

La Directiva obliga a informar a los denominados ‘intermediarios’ con presencia en la UE, y de forma sustitutiva, en sede del ‘contribuyente interesado’. Los intermediarios son principalmente asesores fiscales, aunque no exclusivamente. Se considera intermediario a cualquier persona que diseñe, comercialice, organice, gestione o ponga a disposición para su ejecución un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación.
Pero en esta definición también se incluyen las personas que presten, directa o indirectamente, ayuda, asistencia o asistencia o asesoramiento para el diseño, comercialización, organización, o gestión de la ejecución de un mecanismo de esta naturaleza, que estén en situación de conocer que se encuentran ante una situación reportable.
Como explica Juan Manuel Moral, socio de  KPMG Abogados “esta segunda definición de intermediario es muy amplia y deja muy abierto el ámbito subjetivo de aplicación de la directiva”, ya puede afectar a agentes de operaciones que participan parcialmente en las operaciones como abogados, gestores, valoradores, asesores, comerciales…
Además, en ausencia de intermediario –ya sea porque esté fuera de la UE, o porque se encuentre amparado por una norma nacional de secreto profesional-“ la obligación de informar se transfiere al contribuyente interesado”, indica este experto
Mora recuerda que en los casos en los que haya más de un intermediario, la obligación de informar recae en todos los intermediarios involucrados en el mecanismo sujeto a reportar, excepto los que puedan probar que la información ha sido presentada por otro intermediario.
En caso de incumplimiento, la directiva reserva a cada Estado miembro la prerrogativa de establecer las sanciones, siempre que sean eficaces, proporcionadas y disuasorias.
El plazo para informar de los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación es breve, de 30 días. En la mayoría de los casos, el reporte se realizará en el momento en el que se facilite el asesoramiento, antes de que el propio mecanismo se lleve a la práctica.
“El objetivo de la directiva es que las autoridades fiscales puedan reaccionar por anticipado, de forma que la medida sea un mecanismo disuasorio para quienes participen en estructuras fiscales agresivas”, explica Itziar Galindo  socia del área fiscal de KPMG Abogados.

¿Sobre qué hay que informar?

El denominador común de las operaciones a reportar es que sean operaciones transfronterizas, es decir, que afecten a uno o más Estados miembros. De este modo, quedan fuera las operaciones cuyo componente fiscal se limite al ámbito tributario español. Pero, como sostiene Juan Manuel Moral, “quizá el aspecto más complejo de la directiva en este momento sea delimitar las operaciones que deben ser objeto de revelación a la administración tributaria”.
En el marco de operaciones transfronterizas se enmarcan los tributos aplicables, aunque el foco se pondrá en los impuestos de residentes (Impuesto sobre Sociedades) o de no residentes (IRNR). Fuera de la directiva quedan la aplicación del IVA, los aranceles aduaneros, las contribuciones empresariales a la seguridad Social y los impuestos especiales contemplados en otra normativa comunitaria.
¿Qué son las ‘señas distintivas’?
Dentro de los mecanismos transfronterizos a reportar, la directiva establece que deberá concurrir al menos una de las ‘señas distintivas’, unos indicadores de riesgo potencial de elusión fiscal desarrollados por la directiva.
Una lista de características y elementos de operaciones que presentan indicios de elusión fiscal, aunque se debe tener en cuenta que la obligación de reportar es objetiva y ajena a la existencia o no de riesgo fiscal.
Además, en algunos casos se deberá reportar cuando concurra la ‘prueba de beneficio principal’, por la que se pueda determinar que en un determinado mecanismo se obtiene como beneficio principal –o uno de los beneficios principales un beneficio fiscal, ya sea legítimo o ilegítimo.
Respecto a esas señas distintivas que se recogen en la normativa, desde KPMG Abogados se habla de la existencia de un compromiso de confidencialidad entre el intermediario y los contribuyentes con el objetivo de no revelar cómo el mecanismo podría proporcionar una ventaja fiscal.
También se habla de honorarios contingentes o basados en el éxito del beneficio fiscal y del asesoramiento estandarizado o disponible para más de un cliente, que no requiere adaptación sustancial al caso concreto.
Otras prácticas que pueden entrañar un riesgo fiscal tiene que ver las llamadas medidas artificiosas: Se trataría de la adquisición de una empresa que genera pérdidas, cese de la actividad principal de dicha entidad y uso de las pérdidas para la reducción de sus obligaciones tributarias, en particular mediante un traslado de dichas pérdidas a otra jurisdicción o mediante la aceleración de su utilización.

Cuidado con los pagos transfronterizos deducibles

También otra seña distintiva podría ser la conversión de ingresos fiscalmente gravados en una categoría de ingresos gravados a un nivel inferior o fiscalmente exentos o los pagos transfronterizos deducibles entre empresas asociadas cuando el destinatario no aplica ningún impuesto sobre sociedades, o lo aplica al tipo cero o casi cero, o la renta está exenta, o el pago se beneficia de un régimen fiscal preferencial en la jurisdicción del destinatario.
A nivel de pagos transfronterizos también se indica aquellos deducibles entre empresas asociadas cuando el destinatario no reside a efectos fiscales en ninguna jurisdicción, o es residente en una jurisdicción de terceros países calificada conjuntamente por los Estados miembros o en el marco de la OCDE como no cooperadoras.
Otras prácticas donde puede existir riesgo de elusión fiscal tendría que ver con las que acreditan depreciaciones deducibles de un mismo activo en diferentes jurisdicciones o aquellas que justifiquen una deducción por doble imposición en más de una jurisdicción en relación con una misma renta.
También la propia directiva señala como factor de riesgo los mecanismos que impliquen una cadena de titularidad formal o real no transparente, mediante la interposición artificiosa de personas, instrumentos o estructuras jurídicas, al igual que la transmisión entre empresas asociadas de activos intangibles y de derechos sobre los mismos difíciles de valorar.
Por último otro elemento de riesgo podría ser una transferencia transfronteriza, entre sociedades del mismo grupo, de funciones, riesgos o activos, si el resultado neto de explotación (EBIT) anual previsto, durante los tres años posteriores a la transferencia, del ordenante o los ordenantes, es inferior al 50% del EBIT anual previsto de ese ordenante u ordenantes si la transferencia no se hubiera realizado.
Autoría de Fígaro. 

Metas del nuevo Reglamento de Protección de Datos

La protección de datos busca el equilibrio con la innovación tecnológica desde su vertiente ética


JUSTICIA Y EQUIDAD COMO PRINCIPIOS EN LOS QUE BASAR LAS LÍNEAS ROJAS QUE NO SE PUEDEN CRUZAR


Un buen número de expertos se dieron cita en la VI Conferencia Internacional de la Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación Universidad CEU San Pablo para analizar la relación entre inteligencia artificial y la economía del dato. Otra cuestión que abordaron fue la cuestión de los ordenadores cuánticos y la seguridad de las redes y los aspectos claves del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).
La ponencia del jurista español Leonardo Cervera, actual supervisor europeo de Protección de Datos y desde el pasado 25 de mayo, fecha de entrada en vigor del RGPD, secretario general del Comité Técnico Europeo en Bruselas, sirvió para hablar de la dimensión ética de la protección de datos y su relación con la innovación.
En su esperada intervención destacó la necesidad, no siempre conseguido, de buscar un equilibrio entre la protección de datos, como derecho fundamental y el desarrollo tecnológico. Las empresas ven en la privacidad desde el diseño -uno de los principios del nuevo RGPD-, un reto a cumplir al situar la privacidad en el eje del negocio.
Cervera señaló que la protección de datos no es un obstáculo a la innovación y el crecimiento económico; solo estableció “unas líneas rojas que no se pueden cruzar para no causar daño a las personas en base a los principios de justicia y equidad”.
También advirtió que “igual que el Derecho ambiental se creó para proteger a la sociedad de las empresas contaminantes, el Derecho de la  Protección de datos  protege de las empresas que hacen mal uso de los datos que tratan, causando daños muy reales”.

Hay que abrir el debate sobre la ética

Entre los asistentes a este encuentro estuvo Alejandra Frías, magistrada y ex vocal del Consejo Nacional de Ciberseguridad, quien explicó a CONFILEGAL como el Parlamento Europeo hizo pública una comunicación en el 2017 donde pedía a la Comisión Europea una regulación de lo que es el uso ético de la robótica en nuestra sociedad, “como elemento de cambio a nivel de trabajo y relaciones sociales en nuestro entorno”.
Curiosamente esos valores éticos han vuelto a ser invocados por Leonardo Cervera que ha calificado de “planteamiento muy acertado, el partir de principios y reglas generales y éticas  para que una regulación general de este tipo no impida en el futuro el desarrollo tecnológico”.
Y es que, para Frías, cada individuo debe darse cuenta de cómo gestionar su privacidad. “Es muy importante que la privacidad se aborde a nivel educativo para que los más jóvenes sepan que es un derecho fundamental que deben proteger de injerencias externas y que deben valorar lo que son sus datos personales. Esa gestión de la privacidad no será la misma en una persona con perfil público que otra de más visión privada”, señaló.
Esta magistrada  recuerda que “las normas comunitarias, una vez aprobadas, obligan a los Estados. Y que un país como el nuestro se está quedando algo retrasado en la incorporación de dichas normas a su ordenamiento jurídico”. Advierte que la ética “ debe introducirse en todas las facetas de la vida y hay que recuperarla como valor. Es importante, como ha hecho el supervisor europeo, reflexionar sobre la ética en el negocio y su aplicación”.

Salón de Grados del CEU, repleto todo el día de expertos en privacidad.

La importancia de la dimensión ética

Para Alejandro Sánchez del Campo, of counsel de Garrigues en el área de Startups & Open Innovation  e impulsor de Robotiuris, un evento ya consolidado en el campo de la robótica y el derecho, es importante tener en cuenta las palabras de Cervera que indican que “la dimensión ética de la protección de datos es un tema clave para debatir en estos momentos”.
Para este experto se debe buscar un equilibrio que no siempre se consigue entre la privacidad y la innovación tecnológica. “La protección de datos es importante y su falta genera problemas como los que hemos visto recientemente en algunas redes sociales. Al mismo tiempo ese equilibrio resulta fundamental para que la innovación tecnológica, siendo respetuosa a la privacidad, pueda desarrollarse y crecer como se espera en la expansión de cualquier actividad económica”, destacó.
A su juicio hay que darse cuenta que esa tensión “entre los desarrollos tecnológicos y la protección de datos de los usuarios va a existir siempre, de ahí que se vaya consiguiendo ese equilibrio, donde la parte ética es importante”.
En su opinión, ese debate “debe tener un carácter social amplio donde participen muchos interlocutores  y ver si estamos preparados para afrontar retos como el de la personalidad electrónica entre otras innovaciones que están llegando y que de ellas hace veinte años no teníamos noticias”.
Sobre el RGPD,  Sánchez del Campo consideró que “hay que ver realmente cuál es su ejecución práctica para ver si puede afectar a algún sector económico en su desarrollo. Al mismo tiempo  genera cambios sustanciales en materia de privacidad, sobre todo permite a la empresa asumir su responsabilidad y realizar su autoevaluación”.
En cuanto a la publicidad por el diseño, se trata de “un cambio gigantesco para las empresas y creo que las grandes compañías lo están interiorizando mejor que las pequeñas que les cuesta entender un poco más como se hace eso. También habrá que ver el comportamiento de los reguladores y de los propios tribunales”, aclaró.

Protección de datos como derecho fundamental

Para Luis Moll, presidente del Consejo de Letrados de las Comunidades Autónomas, asistente a este encuentro anual de Google en España, “es un buen momento para reflexionar sobre la dimensión ética de la protección de datos como premisa a tener en cuenta en los próximos años”. A su juicio “no podemos caer en el derrotismo de que nuestros principios constitucionales y los que configuran nuestra convivencia democrática no van a ser suficientes para garantizar la libertad y seguridad de las personas ante un reto tan importante”.
Respecto a las líneas rojas que nunca deben vulnerarse para salvaguardar la protección de datos, indicó que “no podemos perder de vista que estamos ante un derecho fundamental, lo que significa que afecta a la dignidad de la persona”. A su juicio, el asunto de Cambridge Analytica con Facebook que afectó a miles de personas, podría ser un ejemplo de esa vulneración.
En cuanto a la relación entre la privacidad y la innovación tecnológica, Moll recordó que “el RGPD , como cualquier otra norma interpretada con criterios solventes, debe servir para buscar ese equilibrio y evitar cualquier retroceso en la innovación y tecnología y al mismo tiempo en la protección de datos”. Sobre la privacidad por el diseño, uno de los puntales del RGPD, lo calificó de “reto para las empresas que con el tiempo será un valor competitivo y dignificará su actividad”.

RGPD y  protección de datos

Paula Ortiz es la directora jurídica y de relaciones institucionales de IABSpain, asociación de la publicidad, el marketing y la comunicación digital en España. Analiza para CONFILEGAL algunos de los detalles explicados por Cervera.
Sobre aquellos aspectos que como líneas rojas debe evitar traspasar la industria de protección de datos destaca que “la industria de los datos, como cualquier otro sector de innovación, debe respetar unos principios, que en ocasiones exceden a los puramente legales”.
Y apunta que “en Europa esas líneas están claramente definidas por el RGPD pero, teniendo en cuenta las posibilidades que brinda la tecnología, sobre todo en relación a usos secundarios de los datos, es fundamental incorporar la vertiente ética, que se traslada en un tratamiento justo, leal y transparente”.
Respecto a si el nuevo RGPD puede frenar la innovación en algunos negocios específicos, Ortiz señala que  “es un texto muy prescriptivo y habrá que ver si aguanta el paso de los años, pero no creo que sea en absoluto un freno para la innovación. Al revés, hacen muy buen tándem”.
Para esta experta en privacidad debe haber una estrecha relación entre la protección de datos y la innovación tecnológica. “Es fundamental que vayan de la mano. La aplicación del RGPD a según qué sectores, exige mucha creatividad jurídica, pero esto se va a traducir en una mayor confianza en el modelo de negocio y por tanto en su sostenibilidad”.
Ortiz  reveló que sobre la privacidad por el diseño, uno de los elementos claves de la nueva cultura de protección de datos que emana del RGPD, hay que darse cuenta que “cada sector empresarial se tiene que enfrentar a una serie de incertidumbres respecto a la aplicación de la normativa, algo lógico en el momento en el que estamos. La privacidad en el diseño que establece el nuevo RGPD, como nuevo principio, es un reto, un compromiso con los usuarios y también una oportunidad”, concluyó.
En esta VI Conferencia también participó Encarnación Roca,vicepresidenta del Tribunal Constitucional,  quien al explicar la relación cada vez mas estrecha  entre derecho y tecnología en los últimos años esbozó que quizás se esté gestando lo que esta jurista definió como  los derechos de la persona virtual.
Por su parte, Francisco Ruiz Antón , director de Políticas y Asuntos Públicos de Google España y Portugal,  destacó en su intervención que “el dato en sí no vale nada, lo importante es su organización e interpretación. La decisión cómo sobre se comparten los datos es de su titular”.
La ponencia de José Luis Piñar, titular de la Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación, sirvió para señalar cuál es el estado actual del nuevo proyecto de ley de la futura  Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), aún sin aprobarse por las múltiples enmiendas que contiene.  Piñar cree que la  futura LOPD ampliará su objeto “natural” para incluir, a propuesta del PSOE, un  nuevo título denominado «Garantías de los derechos digitales» (arts. 79 a 93). 
Autoría de Fígaro. 

"La Manada" abandona la cárcel


TESTIMONIO DE UN ABOGADO: 
Primero, he de decir que, siendo abogado, y no teniendo clientes en este asunto no sé nada como para opinar y que, al contrario, tampoco lo haría dado que nuestro trabajo es contribuir a la acción de la Justicia y no contribuir al espectáculo.
En fin, se puede ver que no estoy nada de acuerdo con los juicios paralelos y con la opinión de gente que sabe de todo y, en realidad no sabe de nada.
Es muy fácil disparar contra los jueces, de hecho, las partes lo solemos hacer.
Pero algo ha pasado aquí, algo tan importante como desenfocado y poco o nada marquetiniano.
Sucede que una pena impuesta por un Tribunal no ha gustado, hasta ahí todo normal. Lo que pasa es que ha provocado manifestaciones en contra y la existencia de ulterior recurso no ha calmado en nada a la gente.
La percepción es que se ha llegado al tope del reproche legal y que la sentencia se puede cambiar un poco, vía recurso, pero que no hay mucho margen, se veía venir el conflicto.
Sucede que, desde 1981, no se reúne la Comisión de Codificación y en las normas penales se han hecho cambios pero sin ningún criterio técnico de dicha comisión, es decir, se han hecho parches políticos parciales en una normativa muy técnica y, luego, pasa lo que pasa.
Que la norma penal, que contiene el reproche de una sociedad a una conducta, no la pena con la dureza que exige esa misma sociedad.
O sea que esa norma penal no refleja el sentir social, y este divorcio entre el pueblo y su clase política lo pagan los jueces que, encima, son los que tienen que hacer Justicia en base a la norma socialmente inadecuada.
Al final el Gobierno reúne a la Comisión de Codificación, y, sus miembros, descubren que, entre ellos, no hay ninguna mujer.
¿Qué mujer era relevante en el mundo jurídico en 1981?
Ninguna o muy pocas, al contrario que hoy en día que hay más mujeres que hombres, y van en aumento.
Pero en 1978 y en 1981 no se veía a la mujer, y no se concebía que una mujer pudiera heredar el trono si había un heredero varón.
De hecho no hubo divorcio hasta 1981, y en el Código Penal, además que era más fácil cometer adulterio por la esposa que por el esposo, que el propio adulterio era delito y había una atenuante para el que pillara a su mujer acostándose con el querido (no al revés): el uxoricidio en vindicta del honor familiar.
La sociedad va evolucionando por sí sola, va rompiendo esquemas, sin que las famosas le sirvan de mucho. De hecho los miembros de la Comisión de Codificación, al ver que no había mujeres entre ellos, pidieron el nombramiento de varias para poder reunirse.
Lo importante es que supieran de Derecho, no respetar una cuota, y las había y muchas.
Quienes hemos tenido compañeras, colegas de profesión, e hijas, no concebimos la minusvaloración de personas que valen tanto o más que nosotros.
Antes que pasar a la horterada del “todos y todas”, sería bueno repasar el Código Penal y tener en cuenta cómo piensa la sociedad española hoy en día.
Como todas las sociedades de nuestro entorno (por ejemplo, Suiza autorizó el sufragio femenino en 1973, y en Gran Bretaña el varón hereda la Corona con prioridad a la mujer) venimos de una sociedad machista muy reciente, incluso actual (de hecho hace poco el “ejemplo” de “la manada” ha provocado el nacimiento de “la manada 2” y otra violación en grupo), no de un país idílico.
La realidad social es la que es y, seamos partidarios del “todos y todas” o no, por Justicia, hay que cambiarla.
Autoría de Fígaro.