La última del Caso Mariñel: exclusiva

EXCLUSIVA: GOBIERNO MUNICIPAL DE HONDARRIBIA Y SU POLICIA LOCAL DENUNCIADOS ANTE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Penas de hasta 6 años de prisión e inhabilitación

Todos los Concejales-Patronos de la Junta de Gobierno de Hondarribia (Gipuzkoa), incluido su Alcalde, Txomin Sagarzazu Ancisar, el Jefe de la Policía Local, Francisco Aristizabal Sorondo, el agente que instruyó la muerte del trabajador del Mariñel, Jesús María Uranga Garmendia, y la Coordinadora de Arma Plaza Fundazioa, Miren Ayerbe Irizar, han sido denunciados ante el Ministerio Fiscal por presunto Delito de Encubrimiento al obstruir, presuntamente, la llegada del Informe Policial de la muerte del trabajador del Mariñel al juzgado correspondiente, impidiéndose así la posibilidad de abrir diligencias de oficio para establecer las posibles responsabilidades civiles y penales, según el escrito de denuncia al que ha tenido acceso este blog. 

La denuncia, que incluye presunto Delito de Prevaricación, y promovida sorprendentemente por Concejales de Partidos Políticos tan absolutamente opuestos como Partido Popular (Joxe Miguel Ochoteco) se ha remitido al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza Martín, vía burofax certificado, para que lo reciba personalmente y quede registrado ante notario "preocupados con, a nuestro juicio, la impunidad que impera en la Comunidad Autónoma Vasca, nos vemos obligados a remitirle a V.E. el presente escrito de denuncia, confiados en que, con su recepción, se favorezca la justicia con todas las garantías que la legislación vigente nos permite”. Igualmente el escrito, y por las mismas razones, se ha remitido a la Fiscal Superior del País Vasco, María del Carmen Adán del Río, y la Fiscal Jefe en funciones de Gipuzkoa, María de Idoia Zuriarrain Fernández. En el escrito se apoya la petición de que se actúe de oficio desde el Ministerio Fiscal de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Constitución Española.

El pasado 12 de julio de 2017, el Ingeniero Naval, E.L.M., falleció en Donostia tras las graves heridas ocasionadas en el accidente que sufrió cayendo supuestamente de una escalera mientras trabajaba en las labores de restauración del barco Mariñel, "propiedad del Ayuntamiento de Hondarribia, y desde 2012 bajo la responsabilidad, coordinación y custodia del mismo para la citada actividad de Arma Plaza Fundazioa".

Los denunciantes razonan el paso “desde nuestra responsabilidad y teniendo conocimiento de posibles graves delitos encubiertos, y con el fin de esclarecer los hechos y responsabilidades que la justicia estime” y, como Patronos y Concejales, “para tomar las medidas oportunas que eviten que se vuelva a repetir un hecho similar en el futuro”.

A fecha de hoy, según el escrito de denuncia, no se ha podido esclarecer “si los citados trabajadores o voluntarios trabajaban o no desde 2012 a su libre albedrío, sin una supervisión técnica y profesional respecto a su Seguridad y Prevención de Riesgos”.

Mayoría de gobierno en Arma Plaza Fundazioa y en el Ayuntamiento de Hondarribia

Asimismo, para argumentar los presuntos Delitos de Encubrimiento y Prevaricación, alertan en la denuncia la lamentable coincidencia de que “esta labor obstruccionista y encubridora está contando con la indisimulada complicidad y permisividad del Gobierno mayoritario de la Fundación compuesto por el Alcalde de Hondarribia y Presidente de Arma Plaza Fundazioa, Sr. Don Txomin Sagarzazu Ancisar, su Primer Teniente Alcalde y Patrono, Sr. Don Juan María Altuna Muñoa, el Vicepresidente y Concejal de Cultura, Sr. Don Juan Luis Silanes Aguirre, y las también Patronas y Concejalas, Sra. Doña Arantza Berrotarán Otegi, Sra. Doña María Serrano Olaskoaga, y Sra. Doña Gotzone Larrarte Kampandegi”. Es decir, -continua- "con la preocupante complicidad y mayoría del propio Gobierno Municipal de Hondarribia desde un más que manifiesto abuso de autoridad”.

Además, “se da igualmente la lamentable y sospechosa coincidencia de que en vez de inhibirse el cuerpo de Policía Local en favor de la Ertzaintza, como éticamente nos parecería lo lógico, se ha dado la circunstancia contraria, siendo así que el Alcalde, Sr. Txomin Sagarzazu, y el Primer Teniente Alcalde, Sr. Juan María Altuna Muñoa, son, respectivamente, los superiores jerárquicos de los agentes responsables de la investigación e instrucción que directamente les afecta”.

Penas de hasta 6 años de prisión e inhabilitación

De admitirse a trámite, y a la espera de verse si de oficio se aprecian otros delitos tras la liberación del atestado del "limbo policial", según fuentes jurídicas consultadas por este mismo blog, algunos de los denunciados se enfrentarían a penas de hasta 3 años de cárcel por presunto Delito de Encubrimiento y su inhabilitación temporal en el cargo que ahora ostentan, por presunto Delito de Prevaricación. Pero si se demostrara la responsabilidad penal en el accidente del trabajador, y si el Informe Policial se hubiera alterado presuntamente respecto a los hechos reales para favorecer el encubrimiento, -Delito de Falsedad Documental- las penas de prisión pudieran verse agravadas hasta los 6 años de prisión.

Por su parte, la familia del fallecido, que como mucho cobrará entre 20.000-40.000 € por la póliza del seguro de accidentes que tenía suscrita Arma Plaza Fundazioa, podría ver aumentada esa cantidad con hasta 300.000 € más por la póliza de responsabiliectdad civil.

Dada la gravedad de los hechos, se espera que los denunciantes comparezcan próximamente en rueda de prensa para dar a conocer los hechos a la opinión pública. El Gobierno Municipal y su Alcalde, Sr. Txomin Sagarzazu han declinado entrar a valorar la gravedad de la denuncia. 

Autoría de Fígaro.