sábado, 30 de junio de 2018

Biografía de Pablo Casado Blanco

Pablo Casado Blanco (Palencia, 1 de febrero de 1981) es un político español del Partido Popular (PP). En la actualidad, es diputado en las Cortes Generales por Ávila y vicesecretario general de Comunicación del PP. El 18 de junio de 2018 se presentó como precandidato para liderar el Partido Popular.


Pablo Casado Blanco (2016).jpg Primeros años y entrada en la política
Nació en la ciudad de Palencia el 1 de febrero de 1981. De padre médico y madre profesora universitaria, su familia posee una conocida clínica oftalmológica en Palencia.1​ Realizó el 8º curso de EGB en el Reino Unido.
Comenzó sus estudios de derecho en el ICADE (integrado en la Universidad Pontificia Comillas) en 1999, pero se cambió de centro, matriculándose en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, un centro privado de titularidad de una fundación de la Comunidad de Madrid y adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el que finalmente obtuvo la licenciatura tras aprobar en septiembre de 2007.​ Se colegió como abogado en Madrid en noviembre de 2007.​
Entre 2005 y 2013 presidió las juventudes de la organización territorial del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid, conocidas como Nuevas Generaciones (NNGG).​ En 2007 efectuó un viaje iniciático a Cuba, similar al efectuado posteriormente por su lugarteniente en las NNGG madrileñas Ángel Carromero,​ donde se reunió con disidentes del castrismo como Oswaldo Payá, y del que dejó testimonio en artículos publicados en el medio digital Libertad Digital y el diario El Mundo.​
Entre 2007 y 2014 cursó el grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos.​ También añadió a su formación académica diversos estudios y títulos de post-grado,​ todos ellos obtenidos a la par del ejercicio de diversos cargos públicos.​
Candidato en la lista del PP para las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2007, resultó elegido diputado autonómico de la viii legislatura de la Asamblea de Madrid,​ donde desempeñó las funciones de portavoz de la comisión de Justicia y Administraciones Públicas y portavoz adjunto de la comisión de Presupuestos y Hacienda. Causó baja como diputado regional por renuncia en el verano de 2009. En junio de 2009 contrajo matrimonio con Isabel Torres Orts,​ con la que ha tenido una hija y un hijo.​
Entre 2009 y 2012 ejerció de director de gabinete del expresidente del Gobierno José María Aznar. Durante este período, en 2010, fue junto a Carlos Bustelo, Rafael Bardají y Enrique Navarro Gil, fundador del think tank prosionista Friends of Israel Initiative.​

Diputado en las Cortes Generales

Candidato de la lista del PP en Ávila para las elecciones generales de 2011, resultó elegido diputado, escaño que renovaría en los comicios de 2015 y 2016.
En la X legislatura fue portavoz de la Comisión mixta Congreso-Senado para la Unión Europea,​ portavoz adjunto de Asuntos Exteriores y vocal de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Durante la XI Legislatura fue presidente de la Comisión de Educación y Deporte y vocal de la Comisión de Constitucional del Congreso de los Diputados.
De 2011 a 2015 fue miembro de la Comisión de seguridad, asuntos políticos y derechos humanos de la ApUPM (Assemblée Parlementaire de l'Union pour la Mèditerranée).​ Y de 2013 a 2015 fue miembro de la COSAC (Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs). ​
En enero de 2015, fue elegido portavoz del comité de campaña para las elecciones municipales y autonómicas celebradas ese mismo año,​ siendo nombrado el 18 de junio de 2015 vicesecretario general de comunicación por el presidente nacional, Mariano Rajoy. ​
En 2018 asistió a una reunión del grupo New Leaders for Europe.​ En 2017 aparecía como miembro del Europe Policy Group ​ del Foro Económico de Davos.

Investigaciones de sus títulos académicos

En abril de 2018, y como ramificación del caso Cifuentes, comenzaron a aparecer algunas publicaciones que siembran sospechas sobre la obtención irregular y trato de favor en algunas de sus titulaciones; primero sobre el Máster en Derecho Autonómico y Local por la URJC de 2008 (idéntico al que diera pie a la imputación de la ex-presidenta madrileña Cristina Cifuentes),​ que Pablo Casado cursó y aprobó sin asistir nunca a clases presenciales ni efectuar ningún examen,​ según él mismo admitió públicamente ​ y, posteriormente, ya en mayo de 2018, por las presuntas irregularidades en la obtención "express" del título universitario en Derecho, como consecuencia de supuestas presiones por parte de la entonces Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre las autoridades del CES Cardenal Cisneros. ​ pero el propio centro a su vez emitió un comunicado en donde desmentían tal información asegurando que en ningún momento hubo trato preferente y que no pudo aprobar sin presentarse a los exámenes. ​
Este último desarrollo de los acontecimientos llevó al rectorado de la UCM a abrir una investigación sobre los procedimientos llevados a cabo por el CES Cardenal Cisneros para que la UCM otorgara el citado título de Derecho en 2007,​ cuando Casado era diputado regional en la Asamblea de Madrid.​ Del mismo modo, la jueza instructora del caso Cifuentes abrió, en mayo de 2018, una pieza separada para investigar las condiciones de obtención del máster de Pablo Casado correspondiente al curso académico 2008-2009.​
En mayo de 2018 la URJC abrió una investigación de «información reservada» acerca del título de licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de Casado con el pretendido objetivo de «esclarecer la situación de los estudios de Grado del estudiante Pablo Casado Blanco».​

XIX Congreso Nacional del PP

En junio de 2018 anunció su precandidatura a presidir el Partido Popular, presentándose como un candidato «de integración» para liderar el PP y «recuperar» a votantes de Ciudadanos o Vox.​ "Propongo la defensa de la libertad individual y económica: bajos impuestos, administraciones eficientes; la defensa de la unidad de España, más aún con el desafío independentista en Cataluña pero también lo que estamos viviendo en País Vasco y Navarra; la seguridad muy focalizada en la lucha contra el terrorismo; la defensa de la familia y de la vida y todas las políticas sectoriales que dependen de ahí: educación, pensiones, sanidad; y la eficacia de la honestidad". ​
Autoría de Fígaro. 

Pablo Casado pasa al ataque directo contra Cospedal y Saénz de Santamaría


Casado pasa al ataque directo contra Cospedal y Santamaría

La campaña interna del PP se recrudece entre acusaciones y reproches de los candidatos


Se acabaron las bromas y el tono cordial entre los candidatos del PP. La campaña interna de los populares ha entrado en la última semana, antes de que los afiliados voten el 5 de julio a su presidente nacional, y los mensajes de los aspirantes se van endureciendo, entre reproches, acusaciones y denuncias de juego sucio. Ayer fue Pablo Casado quien pasó al ataque frontal contra sus principales adversarias, a las que hizo responsables de los errores del PP en los últimos años.
La guerra interna se ha desatado. Casado se mostró claramente molesto con sus rivales, denunció «zancadillas» a su candidatura y aseguró que él fue quien dio la cara en los momentos duros del PP, y no Cospedal o Santamaría. Así pasó al ataque, en declaraciones a Telecinco: «Me hace mucha gracia que aquellas que llevan diez años o en el Gobierno o en el partido, 2004 en el caso de Soraya y también de María Dolores, ahora digan que los que hemos llegado hace dos años, y además hemos llegado a partirnos la cara, a bajar a las ruedas de prensa las noches que perdíamos elecciones para que ellas bajaran cuando las ganábamos, o los que íbamos a los platós cuando había casos de corrupción de personas que no conocíamos cuando ellas estaban los viernes legislando, ahora resulta que voy a tener yo la culpa de lo que hemos hecho en Cataluña o lo que hemos hecho sin derogar la ley del aborto o con la paralización de la reforma educativa. Yo he sido coherente, como portavoz he sido leal, nunca he dicho lo que no pienso, pero he dejado de decir cosas que pensaba».

Del 155 a Bolinaga

Ese momento para que Casado diga las cosas que piensa ha llegado en esta campaña del PP: «Si nuestro electorado nos ha dado la espalda es porque no hemos bajado impuestos, porque no hemos dicho con claridad que defendemos la familia y la vida, porque no hemos dicho con claridad que no se pueden hacer operaciones diálogo con los que quieren romper España o porque no hemos dicho con claridad que hay que reivindicar la memoria de las víctimas del terrorismo y no nos parece bien excarcelar a Bolinaga».
El día anterior, Santamaría había apuntado a Cospedal y Casado como responsables de la baja inscripción de afiliados para las primarias, por haber formado parte de la dirección del partido en los últimos años, lo que provocó la airada respuesta de ambos. Ayer, Casado subrayó que él es «el candidato que el aparato no quiere que gane».
La denuncia de Casado fue más allá, al asegurar que otros candidatos están «ejerciendo presiones» a los dirigentes territoriales para que dirijan el voto a un determinado aspirante.
Después de reunirse con Nuevas Generaciones, como el resto de candidatos, Cospedal se mostró sorprendida por las acusaciones de Casado, y aseguró que no quería entrar en reproches. «Mi candidatura es la que pone por delante los intereses generales del PP», defendió.

Los «únicos» adversarios

La exvicepresidenta Sáenz de Santamaría respondió así a las denuncias lanzadas por Casado. «No tengo adversarios entre los compañeros del partido. Mis adversarios son Pedro Sánchez, los independentistas que gobiernan con él y los populistas de Pablo Iglesias», se limitó a decir, en uno de los argumentos básicos de su campaña. Respecto a las acusaciones sobre las presiones ejercidas a dirigentes territoriales, solo quiso «agradecer» la atención que recibe del partido en toda España:«Estoy viajando por toda España, solo tengo palabras de agradecimiento para compañeros, presidentes locales, provinciales y autonómicos, que hacen un esfuerzo enorme para atendernos a todos».
Otro aspirante a liderar el PP, el exministro José Manuel García Margallo, dirigió su mayor ataque a Santamaría: «¿Son las personas que han estado apadrinando las políticas que nos han llevado a una moción de censura y con ello a un congreso extraordinario, los más capaces o los más idóneos para reformar de raíz el partido y nuestro proyecto nacional, o no?, esta es la gran pregunta».
Autoría de Fígaro. 

La vergüenza de las primarias del Partido Popular

El censo definitivo de las «primarias» del PP queda en 66.706 afiliados, el 7,67 por ciento del total


La Comisión Organizadora del Congreso del PP acuerda mantener los plazos y los requisitos para votar el 5 de julio

Luis de Grandes, presidenta de la Comisión Organizadora del PP

La Comisión Organizadora del XIX Congreso nacional del PP ha decidido en su reunión de este viernes mantener los plazos y los requisitos de inscripción para votar el próximo jueves, 5 de julio, en la primera vuelta de sus elecciones «primarias». La Comisión ha dado el visto bueno al censo definitivo de afiliados inscritos que podrán elegir al presidente nacional: 66.706, lo que supone un 7,67 por ciento del total de militantes.
A la reunión han asistido representantes de los seis precandidatos a la presidencia del PP, con voz en las reunión, pero sin voto. Son estos:
- Representante de Elio Cabanes: María José Penedés.
- Representante de Pablo Casado: Ignacio Cosidó.
- Representante de María Dolores de Cospedal: Agustín Conde.
- Representante de José Ramón García-Hernández: Tomás Iribarren.
- Representante de José Manuel García Margallo: Luis Asúa.
- Representante de Soraya Sáenz de Santamaría: Antonio Sanz.
La Comisión ha decidido mantener las normas establecidas por los Estatutos y el Reglamento del XIX Congreso, y por tanto los plazos y los requisitos, a pesar de que algunos de los candidatos pidió eliminar la inscripción previa para poder votar, o una ampliación del tiempo.
Además, la Comisión ha revisado las reclamaciones e incidencias sobre el censo, y ha aceptado seis reclamaciones que afectan a 188 nuevos inscritos. El censo definitivo se establece en 66.706 afiliados.
También ha aprobado las papeletas que se utilizarán el 5 de julio para la elección de los candidatos y para la de los compromisarios, que participarán posteriormente en el congreso los días 20 y 21 de julio, y que tendrán la última palabra sobre la elección del presidente nacional.
Autoría de Fígaro. 

Los consumidores comunitarios cada vez con más derechos

Este verano los consumidores de la UE que contraten viajes combinados tendrán más derechos


Desde mañana 1 de julio, los viajeros que reserven vacaciones combinadas disfrutarán de más derechos en cuanto que consumidores en toda la Unión Europea.
Con las nuevas normas, no solo estarán cubiertas las vacaciones combinadas tradicionales sino que  también se protegerá a los consumidores que reserven otras formas de viajes combinados, como las vacaciones personalizadas, en las que los viajeros escogen los distintos elementos a través de un único punto de venta en línea o fuera de línea.
La directiva introducirá, además, protección para los «servicios de viaje vinculados», es decir, aquellos en los que a los viajeros se les propone, bien a través de procesos de reserva paralelos cuando están contratando servicios de viaje en un punto de venta, bien tras haber reservado un servicio de viaje en una página web, contratar otro servicio en otra página web.
Los Estados miembros tenían que incorporar estas normas al ordenamiento jurídico nacional como máximo el 1 de enero de 2018. En dicha fecha dio comienzo un período de transición de seis meses, que finaliza el 1 de julio, fecha en que las medidas nacionales de transposición de la Directiva empezarán a aplicarse.
La Comisión examinará cómo se ha transpuesto y adoptará medidas de seguimiento adecuadas, en caso necesario.
El origen de este texto arranca desde hace algunos años. Para ampliar la protección ofrecida por la Directiva sobre viajes combinados de 1990, la Comisión presentó la propuesta en julio de 2013, que fue adoptada oficialmente por el Parlamento Europeo y los Estados miembros en noviembre de 2015.
Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha declarado: «Reservar vacaciones online  es fácil, pero todos queremos la certeza de que si algo va mal contamos con protección plena. Las nuevas normas sobre viajes combinados están adaptadas a la era digital y las nuevas formas de organizar las vacaciones”.
A su juicio “los viajeros también disfrutarán de nuevos derechos y estarán bien protegidos en caso de concurso de acreedores del operador. Las nuevas normas también harán que sea más fácil para las empresas de viajes la prestación transfronteriza de sus servicios”

Beneficio para los consumidores

En primer lugar, habrá información más clara para los viajeros: las empresas deben informar a los viajeros acerca de si les están ofreciendo un viaje combinado o un servicio de viaje vinculado, así como sobre sus principales derechos, a través de fichas de información normalizadas. También deben proporcionar información clara sobre las características, el precio y cualquier gasto adicional.
Otra cuestión importante es la devolución del dinero y repatriación en caso de insolvencia: las empresas que vendan viajes combinados deben tener un seguro de insolvencia, que cubra los reembolsos y la repatriación en caso de concurso de acreedores de los organizadores. Esta garantía se aplica también a los servicios de viaje vinculados.
Habrá normas más claras en materia de responsabilidad: si algo va mal, la responsabilidad es del organizador, independientemente de quien preste efectivamente los servicios de viaje.
Al mismo tiempo se logran derechos de cancelación mejores: gracias a las nuevas normas, los viajeros pueden cancelar sus viajes combinados por cualquier razón, pagando por ello una tasa razonable; también pueden cancelar su viaje de forma gratuita si su destino se vuelve peligroso, por ejemplo a causa de guerras o catástrofes naturales, o si el precio global se eleva por encima del 8% del precio original.
En determinadas situaciones se plantea el  alojamiento si no es posible realizar el viaje de regreso: cuando los viajeros no puedan volver de sus vacaciones combinadas en el momento convenido, por ejemplo en caso de catástrofes naturales, se les concederá hasta tres noches de alojamiento. El régimen de las noches adicionales se regula en los reglamentos pertinentes sobre derechos de los viajeros.
A lo largo de todo el viaje se demanda ahora asistencia a los viajeros:el organizador debe proporcionar asistencia a los viajeros en dificultades, en particular mediante el suministro de información sobre servicios sanitarios y asistencia consular.

Ventajas para las empresas

Serán normas más claras y de facilitación de las actividades transfronterizas: las empresas tendrán que atenerse a un conjunto de normas en toda la UE sobre los requisitos de información, la responsabilidad y otras obligaciones.
A partir de ahora se reconocen en toda la UE los regímenes nacionales en materia de insolvencia. Estas medidas permitirán a las empresas operar en toda la UE como si estuvieran en su país.
Otra cuestión que se plantea es la modernización de los requisitos de información, que ya no se plasmarán exclusivamente en catálogos de viajes. Se estima que el hecho de que los comerciantes dejen de tener que reimprimir los folletos les supondrá un ahorro de 390 millones de euros al año.
Y por último hay una reducción de la carga normativa: dejan de estar regulados por la Directiva los viajes de negocios organizados en virtud de un acuerdo marco, por ejemplo con una agencia de viajes especializada.
Autoría de Fígaro. 

Llarena apremia al tribunal alemán y tiene en sus manos la euroorden

Llarena apremia al tribunal alemán que tiene en sus manos la euroorden de Puigdemont



En una providencia firmada esta semana, el magistrado Pablo Llarena habría comunicado al tribunal alemán que debe decidir sobre la entrega de Carles Puigdemont que el auto en el que se dicta el procesamiento de éste y otros 24 imputados ya es firme.
Como consecuencia “la decisión de buscar y detener e ingresar en prisión” al expresidente catalán continúa “ejecutiva y vigente”, señala el magistrado que vuelve a hacer un relato del procedimiento contra Carles Puigdemont, desde la querella presentada a finales de 31 de octubre por la Fiscalía General del Estado, la orden de busca y captura y el auto de prisión dictados en la Audiencia Nacional y el traspaso de la causa al Supremo que llevó al auto de procesamiento del 23 de marzo pasado.
Llarena explica que en dicho auto se recogen los hechos sucedidos, la participación que se atribuye al expresidente catalán, las pruebas que se han recogido en la investigación, la calificación penal que merecen los hechos y el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional para Puigdemont.

Orden de detención activa

Esta providencia se une a la pieza abierta sobre la situación personal de Puigdemont en la orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada el pasado marzo, cuando emitió el auto de procesamiento por rebelión, desobediencia y malversación que la Sala de lo Penal del Supremo ha hecho firme.
Así, el juez instructor quiere remarcar en su providencia que en toda la instrucción la orden de búsqueda, detención y prisión dictada en España contra el expresidente “nunca se había desactivado”, ya que él sólo había retirado la orden europea e internacional durante tres meses y medio, el tiempo transcurrido entre el traspaso de la causa al Supremo (5 de diciembre de 2017) y el auto de procesamiento (21 de marzo de 2018).
“Consecuentemente, la decisión judicial de que Carles Puigdemont sea ingresado en prisión sigue vigente, pues se renovó y confirmó al término de la investigación mediante el auto de este instructor” con el fin de que Carles Puigdemont fuera “buscado y detenido en el territorio de la Unión para que, tras su entrega, pueda ser ingresado en prisión”, remarca Llarena.
Tras el auto de la Sala de lo Penal que hace firme el procesamiento por rebelión y malversación del expresidente catalán, el instructor comunica al tribunal alemán que “la decisión de prisión se ha visto confirmada y mantenida tras finalizar la investigación”.
Y es, por tanto, ese auto de procesamiento el que, según Llarena, “da soporte” al ingreso en prisión de Puigdemont si éste fuera “localizado y detenido en España”, tal y como ya explicó en un escrito previo el pasado mayo y enviado a la Fiscalía alemana.
Autoría de Fígaro. 

viernes, 29 de junio de 2018

El abogado de Juana Rivas, va "a la francesa" y dice que obró en conciencia

El abogado que se fue “a la francesa” del juicio a Juana Rivas afirma que “obró en conciencia”

Juan de Dios Ramírez, el abogado que se fue “a la francesa”, el pasado 14 de junio, de la sala de vistas cuando estaba comenzando el juicio contra Juana Rivas, provocando su suspensión, afirma que obró “en conciencia”. Y ha lamentado la “falta de sensibilidad” del magistrado del caso, que no aceptó aplazar el juicio para que otro letrado, que estaba enfermo, representara a su cliente, tal como era su deseo.
El abogado ha señalado en un escrito remitido a Europa Press que “nunca ha sido sancionado ni expedientado ni condenado por desobediencia a juez, ni ha existido en 22 años de ejercicio, ni tan siquiera advertencia en ningún proceso judicial”.
“Siempre he actuado cumpliendo con el máximo respeto a la administración de justicia y cumpliendo con mis obligaciones y ética profesional”, ha agregado, relatando que asistió a la vista con Juana Rivas “en la confianza” de que “en justicia se suspendiera” para que se ejerciera la defensa por quien hasta la fecha estaba designado y era la elección de Rivas, José Estanislao López; con quien se estaba preparando el juicio y no con él.
Ramírez ha precisado en este sentido que dentro del equipo legal que asiste a Juana Rivas, él se ha encargado de otros procedimientos, principalmente en materia de familia y en el procedimiento de Italia, así como de auxiliar a José Estanislao López en distintos momentos de la instrucción, pero desde que se presentó el escrito de defensa, “no ha realizado ni ha intervenido en nada más”.el abogado de jjuana
El letrado argumenta que no le faltó al respeto a su señoría, el magistrado Manuel Piñar Díaz, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, quien tenía que enjuiciar a Juana Rivas por dos delitos de sustración de menores al haber estado un mes en paradero desconocido incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregar a sus dos hijos, de once y tres años, al padre, al que acusó de malos tratos: “solamente me negué a quedarme sentado en el estrado, aun cuando había renunciado previamente a la defensa de Juana Rivas”.
El abogado niega en la misiva la existencia de “maniobra procesal” alguna y dice que tomó esta decisión después de que el juez no aceptara su petición de suspender la vista.
Lo solicitó alegando que se ha desvinculado en los últimos meses de la defensa de la madre de Maracena, de modo que no ha tenido tiempo para prepararse este juicio, y que ella deseaba que la representara José Estanislao López.
“Una vez leído el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, únicamente, me dio la palabra para plantear la cuestión previa de la solicitud de suspensión, denegándose la misma, creo recordar que en mis alegaciones realizadas en la cuestión previa, dije al final que renunciaba”, ha agregado aludiendo a la “tensión del momento y los nervios”.
Reconoce que aunque el juez le ordenó que se quedara sentado se levantó, “lo que nunca ha hecho en ningún juicio”.
Los abogados José Estanislao López y Juan de Dios Ramírez siempre han mantenido que aunque el escrito de defensa lleva la firma electrónica de Juan de Dios Ramírez, éste “se limitó a firmarlo por su compañero, al estar de baja”. Sin embargo, en el encabezamiento “dice que la defensa es exclusivamente dirigida por el letrado José Estanislao López”.
Este último, ante la imposibilidad de desplazarse a Granada por motivos de salud para acudir al juicio -como corroboró el médico forense el 11 de junio- pidió la suspensión, aunque fue denegada por entender el juez que Juan de Dios Ramírez también estaba designado en la causa al haber suscrito el escrito de defensa.
Autoría de Fígaro. 

Bruselas aprueba una directiva del uso de las operaciones transfronterizas

Bruselas aprueba una Directiva para controlar el fraude fiscal de operaciones transfronterizas

La Unión Europea acaba de dar  un paso decidido para prevenir y combatir el fraude fiscal basado en estructuras de planificación fiscal internacional. El pasado 5 de junio aprobaba una directiva que obliga a informar a la Administración tributaria de cada país sobre la existencia de mecanismos transfronterizos de planificación fiscal.
De este modo, las administraciones tributarias de la UE podrán intercambiarse información de forma automática en el marco de una normativa que sigue la estela de medidas puestas en marcha en otros países como Reino Unido, Portugal e Irlanda.

¿Cuándo entra en vigor?

La Directiva UE del Consejo de 25 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el pasado 5 de junio, y ahora debe ser traspuesta al ordenamiento español antes del 31 de diciembre de 2019.
Pese a que la medida entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2020, fecha a partir de la que será obligatorio suministrar la información a las administraciones tributarias, es muy importante tener en cuenta según los expertos consultados por CONFILEGAL el posible efecto retroactivo previsto en la directiva.
En concreto, establece que todos mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación cuya primera fase se haya ejecutado entre el 25 de junio de 2018 y el 1 de julio de 2020 deberán ser reportados antes del 31 de agosto de 2020.

¿Quién debe informar?

La Directiva obliga a informar a los denominados ‘intermediarios’ con presencia en la UE, y de forma sustitutiva, en sede del ‘contribuyente interesado’. Los intermediarios son principalmente asesores fiscales, aunque no exclusivamente. Se considera intermediario a cualquier persona que diseñe, comercialice, organice, gestione o ponga a disposición para su ejecución un mecanismo transfronterizo sujeto a comunicación.
Pero en esta definición también se incluyen las personas que presten, directa o indirectamente, ayuda, asistencia o asistencia o asesoramiento para el diseño, comercialización, organización, o gestión de la ejecución de un mecanismo de esta naturaleza, que estén en situación de conocer que se encuentran ante una situación reportable.
Como explica Juan Manuel Moral, socio de  KPMG Abogados “esta segunda definición de intermediario es muy amplia y deja muy abierto el ámbito subjetivo de aplicación de la directiva”, ya puede afectar a agentes de operaciones que participan parcialmente en las operaciones como abogados, gestores, valoradores, asesores, comerciales…
Además, en ausencia de intermediario –ya sea porque esté fuera de la UE, o porque se encuentre amparado por una norma nacional de secreto profesional-“ la obligación de informar se transfiere al contribuyente interesado”, indica este experto
Mora recuerda que en los casos en los que haya más de un intermediario, la obligación de informar recae en todos los intermediarios involucrados en el mecanismo sujeto a reportar, excepto los que puedan probar que la información ha sido presentada por otro intermediario.
En caso de incumplimiento, la directiva reserva a cada Estado miembro la prerrogativa de establecer las sanciones, siempre que sean eficaces, proporcionadas y disuasorias.
El plazo para informar de los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación es breve, de 30 días. En la mayoría de los casos, el reporte se realizará en el momento en el que se facilite el asesoramiento, antes de que el propio mecanismo se lleve a la práctica.
“El objetivo de la directiva es que las autoridades fiscales puedan reaccionar por anticipado, de forma que la medida sea un mecanismo disuasorio para quienes participen en estructuras fiscales agresivas”, explica Itziar Galindo  socia del área fiscal de KPMG Abogados.

¿Sobre qué hay que informar?

El denominador común de las operaciones a reportar es que sean operaciones transfronterizas, es decir, que afecten a uno o más Estados miembros. De este modo, quedan fuera las operaciones cuyo componente fiscal se limite al ámbito tributario español. Pero, como sostiene Juan Manuel Moral, “quizá el aspecto más complejo de la directiva en este momento sea delimitar las operaciones que deben ser objeto de revelación a la administración tributaria”.
En el marco de operaciones transfronterizas se enmarcan los tributos aplicables, aunque el foco se pondrá en los impuestos de residentes (Impuesto sobre Sociedades) o de no residentes (IRNR). Fuera de la directiva quedan la aplicación del IVA, los aranceles aduaneros, las contribuciones empresariales a la seguridad Social y los impuestos especiales contemplados en otra normativa comunitaria.
¿Qué son las ‘señas distintivas’?
Dentro de los mecanismos transfronterizos a reportar, la directiva establece que deberá concurrir al menos una de las ‘señas distintivas’, unos indicadores de riesgo potencial de elusión fiscal desarrollados por la directiva.
Una lista de características y elementos de operaciones que presentan indicios de elusión fiscal, aunque se debe tener en cuenta que la obligación de reportar es objetiva y ajena a la existencia o no de riesgo fiscal.
Además, en algunos casos se deberá reportar cuando concurra la ‘prueba de beneficio principal’, por la que se pueda determinar que en un determinado mecanismo se obtiene como beneficio principal –o uno de los beneficios principales un beneficio fiscal, ya sea legítimo o ilegítimo.
Respecto a esas señas distintivas que se recogen en la normativa, desde KPMG Abogados se habla de la existencia de un compromiso de confidencialidad entre el intermediario y los contribuyentes con el objetivo de no revelar cómo el mecanismo podría proporcionar una ventaja fiscal.
También se habla de honorarios contingentes o basados en el éxito del beneficio fiscal y del asesoramiento estandarizado o disponible para más de un cliente, que no requiere adaptación sustancial al caso concreto.
Otras prácticas que pueden entrañar un riesgo fiscal tiene que ver las llamadas medidas artificiosas: Se trataría de la adquisición de una empresa que genera pérdidas, cese de la actividad principal de dicha entidad y uso de las pérdidas para la reducción de sus obligaciones tributarias, en particular mediante un traslado de dichas pérdidas a otra jurisdicción o mediante la aceleración de su utilización.

Cuidado con los pagos transfronterizos deducibles

También otra seña distintiva podría ser la conversión de ingresos fiscalmente gravados en una categoría de ingresos gravados a un nivel inferior o fiscalmente exentos o los pagos transfronterizos deducibles entre empresas asociadas cuando el destinatario no aplica ningún impuesto sobre sociedades, o lo aplica al tipo cero o casi cero, o la renta está exenta, o el pago se beneficia de un régimen fiscal preferencial en la jurisdicción del destinatario.
A nivel de pagos transfronterizos también se indica aquellos deducibles entre empresas asociadas cuando el destinatario no reside a efectos fiscales en ninguna jurisdicción, o es residente en una jurisdicción de terceros países calificada conjuntamente por los Estados miembros o en el marco de la OCDE como no cooperadoras.
Otras prácticas donde puede existir riesgo de elusión fiscal tendría que ver con las que acreditan depreciaciones deducibles de un mismo activo en diferentes jurisdicciones o aquellas que justifiquen una deducción por doble imposición en más de una jurisdicción en relación con una misma renta.
También la propia directiva señala como factor de riesgo los mecanismos que impliquen una cadena de titularidad formal o real no transparente, mediante la interposición artificiosa de personas, instrumentos o estructuras jurídicas, al igual que la transmisión entre empresas asociadas de activos intangibles y de derechos sobre los mismos difíciles de valorar.
Por último otro elemento de riesgo podría ser una transferencia transfronteriza, entre sociedades del mismo grupo, de funciones, riesgos o activos, si el resultado neto de explotación (EBIT) anual previsto, durante los tres años posteriores a la transferencia, del ordenante o los ordenantes, es inferior al 50% del EBIT anual previsto de ese ordenante u ordenantes si la transferencia no se hubiera realizado.
Autoría de Fígaro.