El pasado 11 de octubre el presidente del Gobierno hizo público, de la mano de su principal socio parlamentario, un acuerdo parlamentario en relación con los Presupuestos Generales del Estado para 2019.
No es un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Sus medidas exceden con creces el contenido material propio de los mismos. La terminología y estilo del acuerdo es más propio de un panfleto electoral de un partido populista que de un documento oficial del Gobierno de España. Es un programa electoral de extrema izquierda que abarca elementos que no tienen relación alguna con los ingresos y los gastos del presupuesto, tales como modificaciones del código penal, el control de precios del alquiler por ayuntamientos, o una supuesta derogación de la reforma laboral.
Es un señuelo con apariencia de presupuestos para tapar los últimos escándalos que acorralan al gobierno (una ministra de Justicia que ha mentido en reiteradas ocasiones a la opinión pública, un ministro de Ciencia que utiliza instrumentos fiscales criticados por su propio presidente, un ministro de Exteriores sancionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por operar con información privilegiada, o un presidente que ostenta un título de doctor gracias a una tesis plagiada…) y para justificar la prolongación de la legislatura y evitar someterse al veredicto de las urnas.
Los Presupuestos proyectados agravan la desaceleración económica que ya vivimos. Contemplan el mayor incremento del gasto público del último lustro al mismo tiempo reconocen que se intensifica la desaceleración económica previendo el menor crecimiento del PIB de los últimos 4 años. De ser aprobado finalmente, si consigue el respaldo de los partidos nacionalistas, el aumento de casi 6.000 millones de euros de impuestos, el incremento de los costes de financiación derivado de la incertidumbre generada por la relajación de los objetivos de estabilidad, unido al debilitamiento de la competitividad del mercado de trabajo, agravarán la desaceleración de la economía española. En un contexto de incertidumbre económica (la semana pasada se registró la mayor caída del índice de confianza empresarial de la serie), aumentar el gasto y los impuestos desproporcionadamente a la vez que la economía comienza a desacelerarse es irresponsable y contraproducente. Perderemos competitividad y empleo y el ahorro e inversión se desplazará hacia otras economías.
La fijación unilateral de Salario Mínimo Interprofesional, además de destruir empleo por ser difícilmente asumible en un contexto de desaceleración, contraviene lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores de que debe fijarse tras consultarse con los interlocutores sociales, quienes no han sido consultados y quienes ya habían acordado con el gobierno anterior una senda hasta 2020 ambiciosa pero asumible sujeta a condiciones de crecimiento económico y del empleo que ahora se ignoran.
La revalorización de las pensiones en función exclusivamente del IPC efectivo “tiene efectos perversos” según dijo el propio secretario de Estado de la Seguridad Social hace unos días y es contraria a la doctrina y compromiso fijado hace escasamente dos semanas por la ministra de Economía y Competitividad ante el Eurogrupo donde afirmó que la “posición del Gobierno” es que “la revalorización de pensiones no puede fijarse exclusivamente en función del incremento del IPC”.
Las estimaciones de impacto presupuestario que acompañan el acuerdo no se sostienen y agravarán la confianza en la consolidación presupuestaria de la economía española en plena crisis por las finanzas italianas aumentando la prima de riesgo y en consecuencia el coste de financiación de empresas y familias. Las estimaciones de ingresos generados por las subidas de impuestos están infladas, especialmente el aumento de recaudación por lucha contra el fraude. Y los gastos tanto si no hubiera cambios y decisiones políticas, como los derivados de las medidas anunciadas serán muy superiores a los contemplados. Para cumplir el objetivo de déficit del 1,8% en 2019, sin tener en cuenta las medidas anunciadas, hacía falta ya aumentar casi en 5.000 millones de euros los ingresos debido al aumento del gasto cíclico. Si los ingresos derivados del aumento de impuestos son inferiores a lo previsto, no podrán servir para financiar el gasto generado por las nuevas medidas y ello agravará aun más la situación. Es imposible así cumplir el objetivo de déficit del 1,8% del PIB en 2019 fijado ahora por el Gobierno en su plan presupuestario remitido a Bruselas. Más difícil aun será cumplir el del 1,3% aprobado por las Cortes, que es el que debería contemplar el Proyecto de Presupuestos del Gobierno como exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y no el del 1,8%.
En definitiva, el Gobierno presenta un peligroso señuelo electoral que abre la precampaña electoral europea, autonómica y local y le da unos meses más en la Moncloa mientras se tramita, aunque sea a costa de agravar la credibilidad de nuestra economía en el corto plazo, y en el largo plazo, si eventualmente se aprobaran los presupuestos, aborte la recuperación iniciada en 2013 y abra las puertas a una nueva fase recesiva ahora que ha pasado una década que comenzó la anterior.
Por Fígaro.
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