En apenas cuatro meses, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha confirmado el precio de la moción de censura: transfigurar la arquitectura institucional de la Constitución. Esto, que ya advertimos en un editorialpublicado el pasado 3 de septiembre, es un hecho por consumarse, pero las últimas decisiones tomadas por el ejecutivo no albergan duda alguna sobre la hoja de ruta adoptada de acuerdo con sus socios: Podemos, EH-Bildu, PdCat, PNV, etc.
El acuerdo del Gobierno con sus socios nacional-populistas, no responde a un momento circunstancial del Partido Socialista. El pacto no es un mero instrumento para alcanzar y mantener el poder, sino un medio para transformar el orden político, social y jurídico. El PSOE ha abandonado los principios y valores sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional. Esto debería ser motivo de reflexión y preocupación, ya que difícilmente puede prosperar un país donde la mitad de sus representantes (el PSOE junto con otros partidos políticos) en el Congreso de los Diputados desprecian la Carta Magna, norma fundamental de convivencia, y trabajan por la polarización de la sociedad española. En este sentido, la política de izquierda no necesita los contrapesos de las instituciones liberales, porque ya es híper legítimo de por sí, de forma que la aceptación del constitucionalismo es meramente instrumental.
Estamos presenciando un modo de hacer política y de gobernar que intenta obviar los límites al poder, clave de bóveda de todo Estado de derecho, y del que tanto saben los socios podemitas de Sánchez. El veto al Senado, representante de la soberanía nacional junto con el Congreso de los Diputados, en lo relativo a la aprobación de los Presupuestos, es un síntoma muy significativo más que una triquiñuela sin consecuencias. El acercamiento de los presos secesionistas no es una anécdota. Y el acuerdo para el Presupuesto de 2019 con Podemos un camino hacia el empobrecimiento de la sociedad española, puesto que ninguna comunidad progresa con una presión fiscal asfixiante. Tampoco es menor, y sí alarmante, el cambio de posición en política exterior respecto de Venezuela y el silencio cómplice con el criminal gobierno de Nicaragua. No cabe diálogo con quienes han hecho de la “tierra de Gracia” una dictadura, ni silencio con quienes matan a estudiantes por centenas con tal de reprimir la libertad de expresión. ¿Por qué ésta indecente afinidad de PSOE y Podemos respecto a Venezuela y Nicaragua? ¿Podemos está fagocitando al PSOE o es que este vive al dictado del mediador-dialogante Zapatero?
El auténtico riesgo para la continuidad del sistema político nacido de la Transición reside en la perseverancia del Gobierno y sus socios en cuestionar y minar el poder constituido y sus instituciones democráticamente elegidas, en pro de una situación que pueda dar lugar a un nuevo proceso constituyente. La Constitución se diseñó como marco de convivencia en el que las sucesivas generaciones desarrollaran todo su potencial de futuro y no tuvieran que estar enfangándose en un debate interminable -y contraproducente a todas luces- sobre lo fundamental. Ninguno entre los grandes países del mundo vive en el permanente cuestionamiento de sus principios fundamentales, porque como se ha demostrado una y otra vez en la Historia, la estabilidad institucional es la base de la prosperidad social.
Es por ello primordial que la alternativa constitucional, el Partido Popular, Ciudadanos y VOX, estén a la altura del momento histórico. La actual situación política exige de una oposición firme, con capacidad para denunciar los desmanes del ejecutivo, pero también preparada para gobernar e impulsar las necesarias reformas de fortalecimiento institucional.
Por Fígaro.
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