La última del Caso Mariñel: exclusiva

EXCLUSIVA: GOBIERNO MUNICIPAL DE HONDARRIBIA Y SU POLICIA LOCAL DENUNCIADOS ANTE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Penas de hasta 6 años de prisión e inhabilitación

Todos los Concejales-Patronos de la Junta de Gobierno de Hondarribia (Gipuzkoa), incluido su Alcalde, Txomin Sagarzazu Ancisar, el Jefe de la Policía Local, Francisco Aristizabal Sorondo, el agente que instruyó la muerte del trabajador del Mariñel, Jesús María Uranga Garmendia, y la Coordinadora de Arma Plaza Fundazioa, Miren Ayerbe Irizar, han sido denunciados ante el Ministerio Fiscal por presunto Delito de Encubrimiento al obstruir, presuntamente, la llegada del Informe Policial de la muerte del trabajador del Mariñel al juzgado correspondiente, impidiéndose así la posibilidad de abrir diligencias de oficio para establecer las posibles responsabilidades civiles y penales, según el escrito de denuncia al que ha tenido acceso este blog. 

La denuncia, que incluye presunto Delito de Prevaricación, y promovida sorprendentemente por Concejales de Partidos Políticos tan absolutamente opuestos como Partido Popular (Joxe Miguel Ochoteco) se ha remitido al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza Martín, vía burofax certificado, para que lo reciba personalmente y quede registrado ante notario "preocupados con, a nuestro juicio, la impunidad que impera en la Comunidad Autónoma Vasca, nos vemos obligados a remitirle a V.E. el presente escrito de denuncia, confiados en que, con su recepción, se favorezca la justicia con todas las garantías que la legislación vigente nos permite”. Igualmente el escrito, y por las mismas razones, se ha remitido a la Fiscal Superior del País Vasco, María del Carmen Adán del Río, y la Fiscal Jefe en funciones de Gipuzkoa, María de Idoia Zuriarrain Fernández. En el escrito se apoya la petición de que se actúe de oficio desde el Ministerio Fiscal de conformidad con lo previsto en el artículo 124 de la Constitución Española.

El pasado 12 de julio de 2017, el Ingeniero Naval, E.L.M., falleció en Donostia tras las graves heridas ocasionadas en el accidente que sufrió cayendo supuestamente de una escalera mientras trabajaba en las labores de restauración del barco Mariñel, "propiedad del Ayuntamiento de Hondarribia, y desde 2012 bajo la responsabilidad, coordinación y custodia del mismo para la citada actividad de Arma Plaza Fundazioa".

Los denunciantes razonan el paso “desde nuestra responsabilidad y teniendo conocimiento de posibles graves delitos encubiertos, y con el fin de esclarecer los hechos y responsabilidades que la justicia estime” y, como Patronos y Concejales, “para tomar las medidas oportunas que eviten que se vuelva a repetir un hecho similar en el futuro”.

A fecha de hoy, según el escrito de denuncia, no se ha podido esclarecer “si los citados trabajadores o voluntarios trabajaban o no desde 2012 a su libre albedrío, sin una supervisión técnica y profesional respecto a su Seguridad y Prevención de Riesgos”.

Mayoría de gobierno en Arma Plaza Fundazioa y en el Ayuntamiento de Hondarribia

Asimismo, para argumentar los presuntos Delitos de Encubrimiento y Prevaricación, alertan en la denuncia la lamentable coincidencia de que “esta labor obstruccionista y encubridora está contando con la indisimulada complicidad y permisividad del Gobierno mayoritario de la Fundación compuesto por el Alcalde de Hondarribia y Presidente de Arma Plaza Fundazioa, Sr. Don Txomin Sagarzazu Ancisar, su Primer Teniente Alcalde y Patrono, Sr. Don Juan María Altuna Muñoa, el Vicepresidente y Concejal de Cultura, Sr. Don Juan Luis Silanes Aguirre, y las también Patronas y Concejalas, Sra. Doña Arantza Berrotarán Otegi, Sra. Doña María Serrano Olaskoaga, y Sra. Doña Gotzone Larrarte Kampandegi”. Es decir, -continua- "con la preocupante complicidad y mayoría del propio Gobierno Municipal de Hondarribia desde un más que manifiesto abuso de autoridad”.

Además, “se da igualmente la lamentable y sospechosa coincidencia de que en vez de inhibirse el cuerpo de Policía Local en favor de la Ertzaintza, como éticamente nos parecería lo lógico, se ha dado la circunstancia contraria, siendo así que el Alcalde, Sr. Txomin Sagarzazu, y el Primer Teniente Alcalde, Sr. Juan María Altuna Muñoa, son, respectivamente, los superiores jerárquicos de los agentes responsables de la investigación e instrucción que directamente les afecta”.

Penas de hasta 6 años de prisión e inhabilitación

De admitirse a trámite, y a la espera de verse si de oficio se aprecian otros delitos tras la liberación del atestado del "limbo policial", según fuentes jurídicas consultadas por este mismo blog, algunos de los denunciados se enfrentarían a penas de hasta 3 años de cárcel por presunto Delito de Encubrimiento y su inhabilitación temporal en el cargo que ahora ostentan, por presunto Delito de Prevaricación. Pero si se demostrara la responsabilidad penal en el accidente del trabajador, y si el Informe Policial se hubiera alterado presuntamente respecto a los hechos reales para favorecer el encubrimiento, -Delito de Falsedad Documental- las penas de prisión pudieran verse agravadas hasta los 6 años de prisión.

Por su parte, la familia del fallecido, que como mucho cobrará entre 20.000-40.000 € por la póliza del seguro de accidentes que tenía suscrita Arma Plaza Fundazioa, podría ver aumentada esa cantidad con hasta 300.000 € más por la póliza de responsabiliectdad civil.

Dada la gravedad de los hechos, se espera que los denunciantes comparezcan próximamente en rueda de prensa para dar a conocer los hechos a la opinión pública. El Gobierno Municipal y su Alcalde, Sr. Txomin Sagarzazu han declinado entrar a valorar la gravedad de la denuncia. 

Autoría de Fígaro. 

Biografía de Cánovas del Castillo

Antonio Cánovas del Castillo (Málaga, 8 de febrero de 1828- Mondragón, 8 de agosto de 1897) fue un político e historiador español, figura capital de la política española de la segunda mitad del siglo xix, siendo autor del Manifiesto de Manzanares publicado al inicio del Bienio Progresista, un prominente miembro dentro de la Unión Liberal, principal valedor de Alfonso XII y el mayor artífice del sistema político de la Restauración, convirtiéndose en el máximo dirigente del Partido Conservador, que él mismo creó. Ejerció el cargo de presidente del Consejo de Ministros en seis ocasiones, alternando el poder, principalmente, con su rival político Práxedes Mateo Sagasta.

Bajo su gobierno se aprobó la Constitución de 1876 y contribuyó al sistema de turno pacífico, mediante el cual creó una apariencia de democracia que ponía fin a la inestabilidad política que arrastraba el país desde décadas anteriores. Dicha estrategia se afianzó en 1885 en el Pacto de El Pardo, con el propósito de evitar que la inminente muerte del rey Alfonso XII volviese a desestabilizar la política española. Sus gobiernos estuvieron marcados, principalmente, por un mayor desarrollo del capitalismo en lo económico, la creación del Código de Comercio en lo jurídico, los conflictos con Cuba que desembocaron en la guerra de Independencia cubana, y las crecientes tensiones con anarquistas y otros colectivos obreros, siendo asesinado en 1897, durante su sexto mandato, por el anarquista Michele Angiolillo.

Se denomina «canovismo» a la corriente política que tiene por fondo la implantación de una democracia no revolucionaria y tradicional al modelo británico. Ésta creía en el bipartidismo y la alternancia en el poder, sosteniéndose en la monarquía, que actuaba como elemento moderador. Hoy en día, es recordado en buen grado como uno de los políticos más brillantes de la historia española contemporánea, pero es por su política de falsa democracia por lo que es criticado, así como por suspender la libertad de cátedra en España o por su postura favorable al esclavismo, entre otras cosas.

Biografía

Antonio Cánovas del Castillo fue hijo de Antonio Cánovas García, maestro nacido en Orihuela, Alicante, y de Juana del Castillo y Estébanez, hija de Juan José del Castillo, y prima hermana del escritor y arabista Serafín Estébanez Calderón.

Compaginó los estudios con su afición al periodismo (a los diecisiete años dirigía y escribía el semanario local La Joven Málaga, que editó catorce números en 1845​ y, entre otros periódicos, en 1849 ejerció la crítica teatral en el semanario La Patria de Madrid, cuya dirección asumió desde 1850) y por la historia (en 1854 publicó su obra Historia de la decadencia española). Al mismo tiempo iniciaba su carrera política de la mano del director de La Patria Joaquín Francisco Pacheco, que llegó a presidir el Consejo de Ministros, en la facción de Leopoldo O'Donnell, artífice de la revolución del 54 proclamada con el «Manifiesto de Manzanares», escrito por el propio Cánovas. Miembro de la Unión Liberal, en 1854 fue elegido diputado por Málaga para las Constituyentes y, a la caída de O'Donnell, gobernador civil de Cádiz. Fue ministro de Gobernación en 1864 y de Ultramar en 1865 durante el reinado de Isabel I  antes de proclamarse la Primera República Española.

Tras la Revolución de 1868 y fin de la monarquía borbónica se encargó de preparar la vuelta del que sería Alfonso XII, hijo de Isabel II. En 1874 tras el Pronunciamiento de Sagunto del general Martínez Campos y la proclamación de Alfonso XII como rey, idearía el sistema de la Restauración, siendo el redactor del Manifiesto de Sandhurst. Propuso un sistema bipartidista donde los fraudes electorales periódicos, apoyados en el caciquismo harían posible la alternancia en el poder, como medio de disipar tensiones. Así accedió siete veces al cargo de presidente del Consejo de Ministros de España con Alfonso XII.

Para poner en marcha su modelo político —conocido popularmente como el canovismo o el sistema canovista— Cánovas se vio forzado a pactar con otras fuerzas políticas, como la derecha católica. Manuel Orovio Echagüe, su ministro de Fomento, suspendió la libertad de cátedra en España «si se atentaba contra los dogmas de fe», a través del llamado «decreto Orovio», que, según Elizalde Pérez-Grueso, Cánovas consideró «una barbaridad».​

Antonio Cánovas del Castillo, por Ricardo de Madrazo (1896, óleo sobre tela, 63 × 54 cm, Senado).

Bajo su gobierno se aprobó la Constitución de 1876, redactada por Manuel Alonso Martínez. El marco de actuación quedaba establecido en la Constitución para conseguir la estabilidad política se hacía necesaria la alternancia pacífica en el poder. Ello se logró a través del turno de partidos. El nuevo sistema, fundamentado en la Constitución de 1876, era en teoría una democracia parlamentaria. Defensor del bipartidismo, favoreció la formación de un Partido Liberal que aceptara la legitimidad del sistema político y pactó con el dirigente liberal Sagasta el turno político obligatorio, mediante el Pacto del Pardo en 1885. Decretó inicialmente el sufragio restringido en 1878, y hasta 1890 no se contempló el restablecimiento del sufragio universal masculino. Salvo dos breves periodos en los que ocuparon la presidencia Jovellar (1875) y Martínez Campos (1879), ocupó este cargo todo el tiempo que creyó necesario hasta que Sagasta estuviera preparado para acceder al poder en 1881.

Cánovas era integrante de uno de los grupos de presión llamados «Ligas» que abogaban por la pervivencia del esclavismo en las colonias; pese a ello, y con la presión de los grupos abolicionistas, firmó la definitiva abolición de la esclavitud en España en 1880 (aunque de forma gradual en Cuba, instaurando un patronato por parte de los antiguos dueños que se mantuvo hasta el 7 de octubre de 1886).

El atentado de la Procesión del Corpus, cometido por anarquistas, supuso el arresto de anarquistas, socialistas y sindicalistas; ingresados en la bastilla del Montjuich y sometidos a tortura. Tras el atentado se aprobó una nueva ley contra el anarquismo, el 3 de septiembre de 1896, que se llegaría a aplicar de forma retroactiva contra los presos absueltos, a través de su deportación fuera del país.​

Autoría de Fígaro. 

Biografía de Pablo Casado Blanco

Pablo Casado Blanco (Palencia, 1 de febrero de 1981) es un político español del Partido Popular (PP). En la actualidad, es diputado en las Cortes Generales por Ávila y vicesecretario general de Comunicación del PP. El 18 de junio de 2018 se presentó como precandidato para liderar el Partido Popular.

 Primeros años y entrada en la política

Nació en la ciudad de Palencia el 1 de febrero de 1981. De padre médico y madre profesora universitaria, su familia posee una conocida clínica oftalmológica en Palencia.¹​ Realizó el 8º curso de EGB en el Reino Unido.

Comenzó sus estudios de derecho en el ICADE (integrado en la Universidad Pontificia Comillas) en 1999, pero se cambió de centro, matriculándose en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, un centro privado de titularidad de una fundación de la Comunidad de Madrid y adscrito a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en el que finalmente obtuvo la licenciatura tras aprobar en septiembre de 2007.​ Se colegió como abogado en Madrid en noviembre de 2007.​

Entre 2005 y 2013 presidió las juventudes de la organización territorial del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid, conocidas como Nuevas Generaciones (NNGG).​ En 2007 efectuó un viaje iniciático a Cuba, similar al efectuado posteriormente por su lugarteniente en las NNGG madrileñas Ángel Carromero,​ donde se reunió con disidentes del castrismo como Oswaldo Payá, y del que dejó testimonio en artículos publicados en el medio digital Libertad Digital y el diario El Mundo.​

Entre 2007 y 2014 cursó el grado en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Rey Juan Carlos.​ También añadió a su formación académica diversos estudios y títulos de post-grado,​ todos ellos obtenidos a la par del ejercicio de diversos cargos públicos.​

Candidato en la lista del PP para las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2007, resultó elegido diputado autonómico de la viii legislatura de la Asamblea de Madrid,​ donde desempeñó las funciones de portavoz de la comisión de Justicia y Administraciones Públicas y portavoz adjunto de la comisión de Presupuestos y Hacienda. Causó baja como diputado regional por renuncia en el verano de 2009. En junio de 2009 contrajo matrimonio con Isabel Torres Orts,​ con la que ha tenido una hija y un hijo.​

Entre 2009 y 2012 ejerció de director de gabinete del expresidente del Gobierno José María Aznar. Durante este período, en 2010, fue junto a Carlos Bustelo, Rafael Bardají y Enrique Navarro Gil, fundador del think tank prosionista Friends of Israel Initiative.​

Diputado en las Cortes Generales

Candidato de la lista del PP en Ávila para las elecciones generales de 2011, resultó elegido diputado, escaño que renovaría en los comicios de 2015 y 2016.

En la X legislatura fue portavoz de la Comisión mixta Congreso-Senado para la Unión Europea,​ portavoz adjunto de Asuntos Exteriores y vocal de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Durante la XI Legislatura fue presidente de la Comisión de Educación y Deporte y vocal de la Comisión de Constitucional del Congreso de los Diputados.

De 2011 a 2015 fue miembro de la Comisión de seguridad, asuntos políticos y derechos humanos de la ApUPM (Assemblée Parlementaire de l'Union pour la Mèditerranée).​ Y de 2013 a 2015 fue miembro de la COSAC (Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs). ​

En enero de 2015, fue elegido portavoz del comité de campaña para las elecciones municipales y autonómicas celebradas ese mismo año,​ siendo nombrado el 18 de junio de 2015 vicesecretario general de comunicación por el presidente nacional, Mariano Rajoy. ​

En 2018 asistió a una reunión del grupo New Leaders for Europe.​ En 2017 aparecía como miembro del Europe Policy Group ​ del Foro Económico de Davos.

Investigaciones de sus títulos académicos

En abril de 2018, y como ramificación del caso Cifuentes, comenzaron a aparecer algunas publicaciones que siembran sospechas sobre la obtención irregular y trato de favor en algunas de sus titulaciones; primero sobre el Máster en Derecho Autonómico y Local por la URJC de 2008 (idéntico al que diera pie a la imputación de la ex-presidenta madrileña Cristina Cifuentes),​ que Pablo Casado cursó y aprobó sin asistir nunca a clases presenciales ni efectuar ningún examen,​ según él mismo admitió públicamente ​ y, posteriormente, ya en mayo de 2018, por las presuntas irregularidades en la obtención "express" del título universitario en Derecho, como consecuencia de supuestas presiones por parte de la entonces Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre las autoridades del CES Cardenal Cisneros. ​ pero el propio centro a su vez emitió un comunicado en donde desmentían tal información asegurando que en ningún momento hubo trato preferente y que no pudo aprobar sin presentarse a los exámenes. ​

Este último desarrollo de los acontecimientos llevó al rectorado de la UCM a abrir una investigación sobre los procedimientos llevados a cabo por el CES Cardenal Cisneros para que la UCM otorgara el citado título de Derecho en 2007,​ cuando Casado era diputado regional en la Asamblea de Madrid.​ Del mismo modo, la jueza instructora del caso Cifuentes abrió, en mayo de 2018, una pieza separada para investigar las condiciones de obtención del máster de Pablo Casado correspondiente al curso académico 2008-2009.​

En mayo de 2018 la URJC abrió una investigación de «información reservada» acerca del título de licenciatura en Administración y Dirección de Empresas de Casado con el pretendido objetivo de «esclarecer la situación de los estudios de Grado del estudiante Pablo Casado Blanco».​

XIX Congreso Nacional del PP

En junio de 2018 anunció su precandidatura a presidir el Partido Popular, presentándose como un candidato «de integración» para liderar el PP y «recuperar» a votantes de Ciudadanos o Vox.​ "Propongo la defensa de la libertad individual y económica: bajos impuestos, administraciones eficientes; la defensa de la unidad de España, más aún con el desafío independentista en Cataluña pero también lo que estamos viviendo en País Vasco y Navarra; la seguridad muy focalizada en la lucha contra el terrorismo; la defensa de la familia y de la vida y todas las políticas sectoriales que dependen de ahí: educación, pensiones, sanidad; y la eficacia de la honestidad". ​

Autoría de Fígaro. 

Pablo Casado pasa al ataque directo contra Cospedal y Saénz de Santamaría

Casado pasa al ataque directo contra Cospedal y Santamaría

La campaña interna del PP se recrudece entre acusaciones y reproches de los candidatos

Se acabaron las bromas y el tono cordial entre los candidatos del PP. La campaña interna de los populares ha entrado en la última semana, antes de que los afiliados voten el 5 de julio a su presidente nacional, y los mensajes de los aspirantes se van endureciendo, entre reproches, acusaciones y denuncias de juego sucio. Ayer fue Pablo Casado quien pasó al ataque frontal contra sus principales adversarias, a las que hizo responsables de los errores del PP en los últimos años.

La guerra interna se ha desatado. Casado se mostró claramente molesto con sus rivales, denunció «zancadillas» a su candidatura y aseguró que él fue quien dio la cara en los momentos duros del PP, y no Cospedal o Santamaría. Así pasó al ataque, en declaraciones a Telecinco: «Me hace mucha gracia que aquellas que llevan diez años o en el Gobierno o en el partido, 2004 en el caso de Soraya y también de María Dolores, ahora digan que los que hemos llegado hace dos años, y además hemos llegado a partirnos la cara, a bajar a las ruedas de prensa las noches que perdíamos elecciones para que ellas bajaran cuando las ganábamos, o los que íbamos a los platós cuando había casos de corrupción de personas que no conocíamos cuando ellas estaban los viernes legislando, ahora resulta que voy a tener yo la culpa de lo que hemos hecho en Cataluña o lo que hemos hecho sin derogar la ley del aborto o con la paralización de la reforma educativa. Yo he sido coherente, como portavoz he sido leal, nunca he dicho lo que no pienso, pero he dejado de decir cosas que pensaba».

Del 155 a Bolinaga

Ese momento para que Casado diga las cosas que piensa ha llegado en esta campaña del PP: «Si nuestro electorado nos ha dado la espalda es porque no hemos bajado impuestos, porque no hemos dicho con claridad que defendemos la familia y la vida, porque no hemos dicho con claridad que no se pueden hacer operaciones diálogo con los que quieren romper España o porque no hemos dicho con claridad que hay que reivindicar la memoria de las víctimas del terrorismo y no nos parece bien excarcelar a Bolinaga».

El día anterior, Santamaría había apuntado a Cospedal y Casado como responsables de la baja inscripción de afiliados para las primarias, por haber formado parte de la dirección del partido en los últimos años, lo que provocó la airada respuesta de ambos. Ayer, Casado subrayó que él es «el candidato que el aparato no quiere que gane».

La denuncia de Casado fue más allá, al asegurar que otros candidatos están «ejerciendo presiones» a los dirigentes territoriales para que dirijan el voto a un determinado aspirante.

Después de reunirse con Nuevas Generaciones, como el resto de candidatos, Cospedal se mostró sorprendida por las acusaciones de Casado, y aseguró que no quería entrar en reproches. «Mi candidatura es la que pone por delante los intereses generales del PP», defendió.

Los «únicos» adversarios

La exvicepresidenta Sáenz de Santamaría respondió así a las denuncias lanzadas por Casado. «No tengo adversarios entre los compañeros del partido. Mis adversarios son Pedro Sánchez, los independentistas que gobiernan con él y los populistas de Pablo Iglesias», se limitó a decir, en uno de los argumentos básicos de su campaña. Respecto a las acusaciones sobre las presiones ejercidas a dirigentes territoriales, solo quiso «agradecer» la atención que recibe del partido en toda España:«Estoy viajando por toda España, solo tengo palabras de agradecimiento para compañeros, presidentes locales, provinciales y autonómicos, que hacen un esfuerzo enorme para atendernos a todos».

Otro aspirante a liderar el PP, el exministro José Manuel García Margallo, dirigió su mayor ataque a Santamaría: «¿Son las personas que han estado apadrinando las políticas que nos han llevado a una moción de censura y con ello a un congreso extraordinario, los más capaces o los más idóneos para reformar de raíz el partido y nuestro proyecto nacional, o no?, esta es la gran pregunta».

Autoría de Fígaro. 

La vergüenza de las primarias del Partido Popular

El censo definitivo de las «primarias» del PP queda en 66.706 afiliados, el 7,67 por ciento del total

La Comisión Organizadora del Congreso del PP acuerda mantener los plazos y los requisitos para votar el 5 de julio

La Comisión Organizadora del XIX Congreso nacional del PP ha decidido en su reunión de este viernes mantener los plazos y los requisitos de inscripción para votar el próximo jueves, 5 de julio, en la primera vuelta de sus elecciones «primarias». La Comisión ha dado el visto bueno al censo definitivo de afiliados inscritos que podrán elegir al presidente nacional: 66.706, lo que supone un 7,67 por ciento del total de militantes.

A la reunión han asistido representantes de los seis precandidatos a la presidencia del PP, con voz en las reunión, pero sin voto. Son estos:

- Representante de Elio Cabanes: María José Penedés.

- Representante de Pablo Casado: Ignacio Cosidó.

- Representante de María Dolores de Cospedal: Agustín Conde.

- Representante de José Ramón García-Hernández: Tomás Iribarren.

- Representante de José Manuel García Margallo: Luis Asúa.

- Representante de Soraya Sáenz de Santamaría: Antonio Sanz.

La Comisión ha decidido mantener las normas establecidas por los Estatutos y el Reglamento del XIX Congreso, y por tanto los plazos y los requisitos, a pesar de que algunos de los candidatos pidió eliminar la inscripción previa para poder votar, o una ampliación del tiempo.

Además, la Comisión ha revisado las reclamaciones e incidencias sobre el censo, y ha aceptado seis reclamaciones que afectan a 188 nuevos inscritos. El censo definitivo se establece en 66.706 afiliados.

También ha aprobado las papeletas que se utilizarán el 5 de julio para la elección de los candidatos y para la de los compromisarios, que participarán posteriormente en el congreso los días 20 y 21 de julio, y que tendrán la última palabra sobre la elección del presidente nacional.

Autoría de Fígaro. 

Los consumidores comunitarios cada vez con más derechos

Este verano los consumidores de la UE que contraten viajes combinados tendrán más derechos

Desde mañana 1 de julio, los viajeros que reserven vacaciones combinadas disfrutarán de más derechos en cuanto que consumidores en toda la Unión Europea.

Con las nuevas normas, no solo estarán cubiertas las vacaciones combinadas tradicionales sino que  también se protegerá a los consumidores que reserven otras formas de viajes combinados, como las vacaciones personalizadas, en las que los viajeros escogen los distintos elementos a través de un único punto de venta en línea o fuera de línea.

La directiva introducirá, además, protección para los «servicios de viaje vinculados», es decir, aquellos en los que a los viajeros se les propone, bien a través de procesos de reserva paralelos cuando están contratando servicios de viaje en un punto de venta, bien tras haber reservado un servicio de viaje en una página web, contratar otro servicio en otra página web.

Los Estados miembros tenían que incorporar estas normas al ordenamiento jurídico nacional como máximo el 1 de enero de 2018. En dicha fecha dio comienzo un período de transición de seis meses, que finaliza el 1 de julio, fecha en que las medidas nacionales de transposición de la Directiva empezarán a aplicarse.

La Comisión examinará cómo se ha transpuesto y adoptará medidas de seguimiento adecuadas, en caso necesario.

El origen de este texto arranca desde hace algunos años. Para ampliar la protección ofrecida por la Directiva sobre viajes combinados de 1990, la Comisión presentó la propuesta en julio de 2013, que fue adoptada oficialmente por el Parlamento Europeo y los Estados miembros en noviembre de 2015.

Vĕra Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, ha declarado: «Reservar vacaciones online  es fácil, pero todos queremos la certeza de que si algo va mal contamos con protección plena. Las nuevas normas sobre viajes combinados están adaptadas a la era digital y las nuevas formas de organizar las vacaciones”.

A su juicio “los viajeros también disfrutarán de nuevos derechos y estarán bien protegidos en caso de concurso de acreedores del operador. Las nuevas normas también harán que sea más fácil para las empresas de viajes la prestación transfronteriza de sus servicios”

• Beneficio para los consumidores
• Ventajas para las empresas

Beneficio para los consumidores

En primer lugar, habrá información más clara para los viajeros: las empresas deben informar a los viajeros acerca de si les están ofreciendo un viaje combinado o un servicio de viaje vinculado, así como sobre sus principales derechos, a través de fichas de información normalizadas. También deben proporcionar información clara sobre las características, el precio y cualquier gasto adicional.

Otra cuestión importante es la devolución del dinero y repatriación en caso de insolvencia: las empresas que vendan viajes combinados deben tener un seguro de insolvencia, que cubra los reembolsos y la repatriación en caso de concurso de acreedores de los organizadores. Esta garantía se aplica también a los servicios de viaje vinculados.

Habrá normas más claras en materia de responsabilidad: si algo va mal, la responsabilidad es del organizador, independientemente de quien preste efectivamente los servicios de viaje.

Al mismo tiempo se logran derechos de cancelación mejores: gracias a las nuevas normas, los viajeros pueden cancelar sus viajes combinados por cualquier razón, pagando por ello una tasa razonable; también pueden cancelar su viaje de forma gratuita si su destino se vuelve peligroso, por ejemplo a causa de guerras o catástrofes naturales, o si el precio global se eleva por encima del 8% del precio original.

En determinadas situaciones se plantea el  alojamiento si no es posible realizar el viaje de regreso: cuando los viajeros no puedan volver de sus vacaciones combinadas en el momento convenido, por ejemplo en caso de catástrofes naturales, se les concederá hasta tres noches de alojamiento. El régimen de las noches adicionales se regula en los reglamentos pertinentes sobre derechos de los viajeros.

A lo largo de todo el viaje se demanda ahora asistencia a los viajeros:el organizador debe proporcionar asistencia a los viajeros en dificultades, en particular mediante el suministro de información sobre servicios sanitarios y asistencia consular.

Ventajas para las empresas

Serán normas más claras y de facilitación de las actividades transfronterizas: las empresas tendrán que atenerse a un conjunto de normas en toda la UE sobre los requisitos de información, la responsabilidad y otras obligaciones.

A partir de ahora se reconocen en toda la UE los regímenes nacionales en materia de insolvencia. Estas medidas permitirán a las empresas operar en toda la UE como si estuvieran en su país.

Otra cuestión que se plantea es la modernización de los requisitos de información, que ya no se plasmarán exclusivamente en catálogos de viajes. Se estima que el hecho de que los comerciantes dejen de tener que reimprimir los folletos les supondrá un ahorro de 390 millones de euros al año.

Y por último hay una reducción de la carga normativa: dejan de estar regulados por la Directiva los viajes de negocios organizados en virtud de un acuerdo marco, por ejemplo con una agencia de viajes especializada.

Autoría de Fígaro. 

Llarena apremia al tribunal alemán y tiene en sus manos la euroorden

Llarena apremia al tribunal alemán que tiene en sus manos la euroorden de Puigdemont

En una providencia firmada esta semana, el magistrado Pablo Llarena habría comunicado al tribunal alemán que debe decidir sobre la entrega de Carles Puigdemont que el auto en el que se dicta el procesamiento de éste y otros 24 imputados ya es firme.

Como consecuencia “la decisión de buscar y detener e ingresar en prisión” al expresidente catalán continúa “ejecutiva y vigente”, señala el magistrado que vuelve a hacer un relato del procedimiento contra Carles Puigdemont, desde la querella presentada a finales de 31 de octubre por la Fiscalía General del Estado, la orden de busca y captura y el auto de prisión dictados en la Audiencia Nacional y el traspaso de la causa al Supremo que llevó al auto de procesamiento del 23 de marzo pasado.

Llarena explica que en dicho auto se recogen los hechos sucedidos, la participación que se atribuye al expresidente catalán, las pruebas que se han recogido en la investigación, la calificación penal que merecen los hechos y el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional para Puigdemont.

Orden de detención activa

Esta providencia se une a la pieza abierta sobre la situación personal de Puigdemont en la orden europea de detención y entrega (OEDE) dictada el pasado marzo, cuando emitió el auto de procesamiento por rebelión, desobediencia y malversación que la Sala de lo Penal del Supremo ha hecho firme.

Así, el juez instructor quiere remarcar en su providencia que en toda la instrucción la orden de búsqueda, detención y prisión dictada en España contra el expresidente “nunca se había desactivado”, ya que él sólo había retirado la orden europea e internacional durante tres meses y medio, el tiempo transcurrido entre el traspaso de la causa al Supremo (5 de diciembre de 2017) y el auto de procesamiento (21 de marzo de 2018).

“Consecuentemente, la decisión judicial de que Carles Puigdemont sea ingresado en prisión sigue vigente, pues se renovó y confirmó al término de la investigación mediante el auto de este instructor” con el fin de que Carles Puigdemont fuera “buscado y detenido en el territorio de la Unión para que, tras su entrega, pueda ser ingresado en prisión”, remarca Llarena.

Tras el auto de la Sala de lo Penal que hace firme el procesamiento por rebelión y malversación del expresidente catalán, el instructor comunica al tribunal alemán que “la decisión de prisión se ha visto confirmada y mantenida tras finalizar la investigación”.

La Sala de lo Penal confirma el procesamiento de los 15 investigados en la causa sobre el “procés”

Y es, por tanto, ese auto de procesamiento el que, según Llarena, “da soporte” al ingreso en prisión de Puigdemont si éste fuera “localizado y detenido en España”, tal y como ya explicó en un escrito previo el pasado mayo y enviado a la Fiscalía alemana.

Autoría de Fígaro. 

El abogado de Juana Rivas, va "a la francesa" y dice que obró en conciencia

El abogado que se fue “a la francesa” del juicio a Juana Rivas afirma que “obró en conciencia”

Juan de Dios Ramírez, el abogado que se fue “a la francesa”, el pasado 14 de junio, de la sala de vistas cuando estaba comenzando el juicio contra Juana Rivas, provocando su suspensión, afirma que obró “en conciencia”. Y ha lamentado la “falta de sensibilidad” del magistrado del caso, que no aceptó aplazar el juicio para que otro letrado, que estaba enfermo, representara a su cliente, tal como era su deseo.

El abogado ha señalado en un escrito remitido a Europa Press que “nunca ha sido sancionado ni expedientado ni condenado por desobediencia a juez, ni ha existido en 22 años de ejercicio, ni tan siquiera advertencia en ningún proceso judicial”.

“Siempre he actuado cumpliendo con el máximo respeto a la administración de justicia y cumpliendo con mis obligaciones y ética profesional”, ha agregado, relatando que asistió a la vista con Juana Rivas “en la confianza” de que “en justicia se suspendiera” para que se ejerciera la defensa por quien hasta la fecha estaba designado y era la elección de Rivas, José Estanislao López; con quien se estaba preparando el juicio y no con él.

Ramírez ha precisado en este sentido que dentro del equipo legal que asiste a Juana Rivas, él se ha encargado de otros procedimientos, principalmente en materia de familia y en el procedimiento de Italia, así como de auxiliar a José Estanislao López en distintos momentos de la instrucción, pero desde que se presentó el escrito de defensa, “no ha realizado ni ha intervenido en nada más”.el abogado de jjuana

El abogado de Juana Rivas se va del juicio "a la francesa", forzando su suspensión

El letrado argumenta que no le faltó al respeto a su señoría, el magistrado Manuel Piñar Díaz, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, quien tenía que enjuiciar a Juana Rivas por dos delitos de sustración de menores al haber estado un mes en paradero desconocido incumpliendo la orden judicial que le obligaba a entregar a sus dos hijos, de once y tres años, al padre, al que acusó de malos tratos: “solamente me negué a quedarme sentado en el estrado, aun cuando había renunciado previamente a la defensa de Juana Rivas”.

El abogado niega en la misiva la existencia de “maniobra procesal” alguna y dice que tomó esta decisión después de que el juez no aceptara su petición de suspender la vista.

Lo solicitó alegando que se ha desvinculado en los últimos meses de la defensa de la madre de Maracena, de modo que no ha tenido tiempo para prepararse este juicio, y que ella deseaba que la representara José Estanislao López.

“Una vez leído el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, únicamente, me dio la palabra para plantear la cuestión previa de la solicitud de suspensión, denegándose la misma, creo recordar que en mis alegaciones realizadas en la cuestión previa, dije al final que renunciaba”, ha agregado aludiendo a la “tensión del momento y los nervios”.

Reconoce que aunque el juez le ordenó que se quedara sentado se levantó, “lo que nunca ha hecho en ningún juicio”.

Los abogados José Estanislao López y Juan de Dios Ramírez siempre han mantenido que aunque el escrito de defensa lleva la firma electrónica de Juan de Dios Ramírez, éste “se limitó a firmarlo por su compañero, al estar de baja”. Sin embargo, en el encabezamiento “dice que la defensa es exclusivamente dirigida por el letrado José Estanislao López”.

Este último, ante la imposibilidad de desplazarse a Granada por motivos de salud para acudir al juicio -como corroboró el médico forense el 11 de junio- pidió la suspensión, aunque fue denegada por entender el juez que Juan de Dios Ramírez también estaba designado en la causa al haber suscrito el escrito de defensa.

Autoría de Fígaro.