Habitualmente, las Administraciones Públicas encuentran dificultades para la puesta en marcha y mantenimiento de infraestructuras necesarias para generar crecimiento económico y ofrecer servicios públicos a los ciudadanos. Las Colaboraciones Público Privadas son una opción viable para dar respuesta a estas necesidades. El Banco Mundial define las Colaboraciones Público Privadas de la siguiente forma:
“Un contrato a largo plazo entre una parte privada y una administración pública, para proporcionar un activo o servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo significativo y es responsable de la gestión, con una remuneración vinculada al rendimiento”.
Esta definición no corresponde a un tipo de contrato concreto, pero designa un conjunto de modalidades de cooperación a largo plazo entre una entidad pública y una privada. Esta definición genérica cubre diversas formas jurídicas de contratos cuyas características pueden variar. De hecho, no existe ninguna definición estándar de Colaboración Público Privada reconocida internacionalmente, y cada jurisdicción utiliza una clasificación diferente para describir proyectos similares. Por ejemplo, el programa de Colaboraciones Público Privadas del Reino Unido es denominado Private Finance Iniciative (PFI). Normalmente, en un plano económico, se hace referencia a Colaboraciones Público Privadas en las que se desarrolla un nuevo activo como “Greenfield” y a aquellas en las que se transfiere a una sociedad privada la responsabilidad de mejora y/o gestión de un activo existente, como “Brownfield”.
Un contrato de Colaboración Público Privada tiene como característica central reagrupar varias fases o funciones de un mismo proyecto. Generalmente, encontramos las siguientes funciones: diseño, construcción, financiación, mantenimiento y explotación. Una característica determinante de los contratos de Colaboración Público Privada es el mecanismo de pago. La entidad privada puede percibir ingresos por parte del usuario, puede ser pagado por una Administración Pública o puede ser remunerado mediante una combinación de estos dos métodos, con una característica común en la que el pago está supeditado al rendimiento.
Los servicios ligados a las infraestructuras públicas son a menudo deficientes, no permiten responder a la demanda, son de baja calidad y poco fiables. Este mal rendimiento de las infraestructuras refleja los desafíos a los que los gobiernos deben enfrentarse. El primer desafío es que la mayoría de los países no destinan los recursos suficientes para las infraestructuras necesarias. El segundo es que los recursos limitados pueden ser destinados a malos proyectos, además de costar y durar su ejecución más de lo previsto. Y el último es que los activos ligados a las infraestructuras están mal mantenidos, lo que tiene por efecto un aumento de costes y una reducción de beneficios. Debido a estos indicadores, las Colaboraciones Público Privadas han experimentado un resurgimiento de popularidad debido a la importante necesidad de infraestructuras en la mayoría de las economías.
Los gobiernos son atraídos por las Colaboraciones Público Privadas por razones de eficiencia, porque son un medio para invertir en nuevos proyectos sin ningún aumento inmediato en el déficit o deuda pública y como consecuencia de la falta de inversión pública debido a los recortes presupuestarios a raíz de la crisis financiera. La estrategia a seguir por estos gobiernos para asegurar las ventajas potenciales de las Colaboraciones Público Privadas se basa en la elección de buenos proyectos. Para ello, se debe tener una gran capacidad para planificar, evaluar y seleccionar proyectos de inversión, estableciendo una estrategia de inversión basada en prioridades y en el análisis coste/beneficio. Las Administraciones Públicas deben ser capaces de gestionar contratos de Colaboración Público Privada, por lo que es necesario que cuenten con una unidad dedicada a este modelo, compuesta por personal especializado y competente que pueda contribuir durante la gestión del proceso, además de un marco legal firme que defina de manera clara, justa y predecible las condiciones legales aplicables a las operaciones del sector privado. Este marco legal debe aclarar el rol o las responsabilidades de todas las partes, ya sean públicas o privadas.
En España, un claro ejemplo de gobierno que optó por las ventajas del modelo de Colaboración Público Privada, en materias esenciales como transporte y sanidad fue el de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre. Esta decisión permitió introducir la tecnología e innovación del sector privado con el fin de proponer servicios públicos de mejor calidad gracias a una mejor eficacia operacional, estimular al sector privado para ejecutar los proyectos en tiempo y presupuesto, diversificar la economía gracias a una mayor competitividad, complementar las capacidades limitadas del sector público, responder a la demanda creciente en el desarrollo de infraestructuras y ofrecer una relación calidad/precio a largo plazo a través de una transferencia de riesgos adecuada al sector privado.
Frente al modelo de Colaboración Público Privada escogido por el Partido Popular, en el que no solamente se mantiene la cartera de servicios públicos, sino que se amplía, con una mayor eficiencia, eficacia y aumentando la satisfacción de los ciudadanos, se encuentra el modelo socialista que se basa en el aumento de impuestos, mayor gasto, peores servicios y baja calidad, corrompido por los intereses partidistas e individuales de los distintos grupos de presión y del corporativismo.
Por Fígaro.
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